En 2021 el médico anestesista César Alberto Muro Bernaola, profesional asistente del Hospital San Francisco de Asís, de Crespo, con funciones en el Hospital San Martín de Paraná, quedó envuelto en una seria investigación al abrírsele un sumario “por estar su conducta presuntamente incursa en la causal de cesantía”. El profesional cumplía funciones de guardia activa el 25 de julio de 2021, pero cuando fue requerida su presencia para practicar una cirugía de urgencia no pudo ser hallado: su función debió ser cubierta por médicos residentes y por el jefe del Servicio de Anestesiología.

El propio jefe del Servicio de Anestesiología, Emilio Ojeda, admitió sin sobresaltarse que se cometía una irregularidad: las guardias activas -con el médico en el hospital, pendiente de un llamado de urgencia- se cumplían en forma pasiva -con el profesional en su casa- por cuanto la habitación para el descanso no estuvo disponible sino hasta el 20 de mayo de 2022. Dijo Ojeda que «hasta entonces las guardias eran cubiertas de manera pasiva, y si alguien tenía que pernoctar lo hacía en la habitación de los médicos residentes del servicio»

El médico sumariado manifestó en su descargo «que las guardias figuraban en forma activa, pero en realidad todos los profesionales la hacían de forma pasiva, desde sus domicilios» y que el día en que se requirió sus servicios «tardó 30 minutos en ir al Hospital», pero que antes que él había acudido el jefe de Servicio, que también estaba en su casa, y como vive más cerca del San Martín pudo llegar antes. De igual modo, aclaró que «la paciente nunca tuvo riesgo de vida», que se trató de un procedimiento con anestesia local, «siendo una reparación de fístula arteriovenosa que es usada para realizar diálisis» y lo califica como «procedimiento rutinario». Por eso, cuando pudo acudir a la cirugía «lo único que se hizo fue monitorear signos vitales de la paciente».

Un anestesista, al borde de la cesantía por faltar a una cirugía

 

Muro Bernaola aportó como material probatorio a su favor los testimonios del resto de los anestesistas, y que refierion que durante ese año 2021 «las guardias activas del Servicio de Anestesiología `supuestamente figuraban` como activas, cuando en realidad se cumplían como pasivas, en sus domicilios, esperando la llamada del Servicio»; y que el procedimiento a que fue sometida la paciente «era rutinario, y sencillo, sin riesgo de vida, que la demora

en hacerse presente en quirófano, obedeció a la demora del recorrido entre su domicilio real en la ciudad de Crespo» al Hospital San Martín.

También los médicos Fernando Gabriel Zorzet, María del Huerto Marzo y Jorge Alfredo Ruiz Aguerre dan su testimonio en el sumario y todos «coinciden en que las guardias eran activas, pero se cumplían como pasivas, los profesionales debían estar atentos a sus teléfonos, por si eran requeridos, y concurrir inmediatamente al Hospital, en caso en que los llamaran».

Ahora, y a través del decreto Nº 139, del 19 de febrero, el Ministerio de Salud dispuso cerrar la investigación sobre Muro Bernaloa, a quien le impuso la suspensión de 30 días y además dispuso abrir una nueva pesquisa «a fin de evaluar la pertinencia de iniciar una investigación respecto de los testigos, quienes prestaron declaración» a quienes podría caber la imputación de haber cometido delitos contra la Administración Pública por haber admitido que cobraban guardias activas y las cumplían como pasivas.

Después de la primera sanción, el médico anestesista acudió a la Justicia, que  dispuso que el Estado debe seguir abonándole el sueldo a un médico anestesista al que suspendió en sus funciones mientras se sustancia un sumario, que se inició ante la sospecha de que el profesional no asistió cuando fue requerido para prestar servicio en una cirugía de urgencia en el Hospital San Martín de Paraná.

A través del decreto N° 3.386, Salud dispuso investigar la conducta desplegada por el profesional que, estando en servicio de guardia, no pudo ser hallado para intervenir en una cirugía que debía practicarse a una paciente derivada de la ciudad de Victoria. Los hechos fueron relatados por el médico Jorge Ojeda, jefe del Servicio de Anestesia del Hospital San Martín.

Un fallo ordena al Estado pagar el sueldo a un anestesista sumariado

 

“Que conforme surge de autos –dice el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial el viernes 17 de diciembre de 2021-, el Jefe del Servicio de Quirófano eleva nota del Jefe de Anestesia, Dr. Jorge Ojeda, comunicando que el día 25 de julio del corriente el Dr. Muro Bernaola, quien se encontraba afectado a la guardia ese día, concurrió una hora más tarde para asistir a una cirugía vascular de urgencia por sangrado, aclarando que la cirugía debía empezar a las 11 hs, ´y hasta el momento de la misma no lo había hecho y no se encontraba en esta ciudad”.

En su informe, el jefe de Anestesia del Hospital San Martín relató: “Estando de guardia como médico anestesiólogo, el Dr. Muro Bernaola César (…) siendo requerido para asistir en una urgencia a la paciente R.A., refiere el citado no encontrarse en la ciduad, dando su presencia en quirófano una hora después de ser solicitado. Aclaro que la paciente fue asistida por quien suscribe, siendo iniciada la cirugía sin inconvenientes, por lo que la urgencia fue atendida por el servicio».

En su dictamen, la fiscal Aranzazu Barrandeguy sostuvo que «el Estado Provincial no se encuentra habilitado a decidir suspensiones de sus puestos de trabajo de agentes sumariados, por no existir norma que así lo autorice, resultando inidónea a estos fines la aplicación ultraactiva de la ley3289, hoy derogada». Pero enseguida menciona fallos de la propia Cámara en lo Contencioso Administraivo en los que se ha avalado la suspensión de trabajadores bajo sumario, como el caso de un profesor con denuncia por violencia de género en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

En el caso del anestesista, entiende la integrante del Ministerio Público Fiscal, «la suspensión tiene por fin resguardar la salud de los pacientes que acuden a los nosocomios públicos, a quienes no se puede colocar bajo ningún punto de vista ante el riesgo de no recibir atención adecuada y oportuna. Esto no significa, naturalmente, tener por cierta la supuesta ausencia injustificada del accionante a su lugar de trabajo, falta que se encuentra en curso de investigación. Sin em bargo, la sola sospecha de que el Dr. Muro Bernaola pudo haber puesto en riesgo la vida de una persona, por el incumplimiento al débito laboral, ya resulta motivación suficiente, a mi criterio, para eximirlo de la atención a pacientes, hasta que se esclarezca el sumario».

Pero enseguida plantea que «no puede privarse» al profesional de su salario, «resultando esta medida excesiva».

En el fallo, el juez Hugo González Elías observa: «No existe norma legal que faculte a la autoridad de nombramiento del personal que goza de estabilidad constitucional en el empleo público a disponer la interrupción de una de las prestaciones a su cargo -el goce del haber- mientras tramita un sumario administrativo seguido en su perjuicio». A ese respecto, echó por tierra con el argumento que sostuvo la Fiscalía de Estado «por la cual el promotor de la medida no vive de su sueldo», razonamiento que «no alcanza, a nuestro juicio, a desplomar la presunción que indica lo contrario: todo trabajador vive de su trabajo».

«Por último -agregó- estimo que el interés público entendido en un sentido amplio y no meramente presupuestario, no se encuentra comprometido al continuar, únicamente, abonando el sueldo a Muro Bernaola y mientras dure el sumario. Por el contrario, no hay motivo para considerarlo afectado en la medida en que no se lo mantenga prestando efectivos servicios, en atención a los considerandos de la decisión que así lo dispuso, como más adelante veremos».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora