La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) está trabajando en la presentación judicial de una medida cautelar innovativa para frenar los efectos de la aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria, sancionada por la Legislatura el 2 de este mes y promulgada el miércoles 8 por el Poder Ejecutivo.
¿Qué es una medida cautelar innovativa?
En los códigos procesales, por lo general, se precisan las medidas cautelares que se pueden pedir en un proceso (embargos, secuestros, de no innovar, etcétera), pero como no se trata de una enumeración excluyente, también se establece que se puede pedir “otra” que tenga que ver con el derecho que se intente proteger. Por lo general, las “enumeradas” son accesorias de un proceso principal (daños y perjuicios, indemnizaciones por despidos, por ejemplo), pero las “otras”, no. Por eso, una cautelar innovativa es de las no enumeradas, pero también de las que no dependen de un proceso principal, lo que quiere decir que se puede pedir solamente eso, sin litigar, explican desde el Derecho.
A través de la cautelar innovativa un juez puede ordenar -sin que concurra sentencia firme- que alguien haga o deje de hacer algo. En este caso, sería que los efectos de la Emergencia no se traduzcan en una poda salarial.
El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial de este miércoles 8 el texto de la Ley N° 10.806 que declaró en la Provincia «el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional» , con el propósito, según marca el texto legal, «de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos».
La ley fija en el artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calculará “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:
Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.
En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.
En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.
Agmer recurrirá esta semana la Justicia. Y lo hará en conjunto con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora