El Poder Ejecutivo entrerriano autorizó a la Fiscalía de Estado a celebrar un “acuerdo conciliatorio” con el Colegio de Escribanos de Entre Ríos en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivados de la entrega de un edificio que se había alquilado para el funcionamiento de la Dirección General del Notariado, en calle Urquiza al 1000, y que debió ser pintado y refaccionado luego de su desalojo.

El alquiler del edificio ubicado en Urquiza 1166 se extendió entre 2010 y 2014, y no se pudo arreglar el pleito sino hasta 2020.

La demanda, caratulada “Colegio de Escribanos de Entre Ríos c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ordinario daños y perjuicios”, derivó en un acuerdo de partes y el pago por parte del Estado de una suma de $268.094,9, monto establecido el 1° de junio de 2017 pero que deberá ser actualizado a la fecha de su efectivo pago conforme la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.

¿Por qué ese monto? ¿Qué relación contractual existió entre el Estado entrerriano y el Colegio de Escribanos?

Todo se originó en un contrato de alquilar, el fin de la relación contractual y las condiciones en las que el Estado entregó el edificio alquilado.

El pleito comenzó con el reclamo que formuló el Colegio de Escribanos al Estado por el pago de una suma de $ 283.242,80 más intereses y costas.

El Colegio de Escribanos alquiló al Estado el edificio ubicado en Urquiza 1166, de Paraná, donde funcionó la Dirección General del Notariado, Registro y Archivos entre 2010 y 2014, año este último en el que la dependencia oficial “no lo desocupó, no firmó un nuevo contrato ni abonó los cánones adeudados”, según refiere el decreto N° 341, del 6 de marzo último, que aprobó el acuerdo de pago.

Ante esa situación, el Colegio de Escribanos inició una acción de desalojo y coro de alquileres que no llegó a mayores por cuanto se firmó un acuerdo que fue ratificado por el Ejecutivo mediante decreto N° 489 del 20 de marzo de 2017. La entrega del edificio que ocupaba el Notariado al Colegio de Escribanos se concretó el 28 de julio de 2017.

Pero hubo un dato que impidió el fin de la relación contractual: el Colegio de Escribanos redactó un acta de entrega y constató los daños en el edificio, tarea que estuvo a cargo del arquitecto Sebastián Stechina, quien efectuó el presupuesto por las reparaciones necesarias. Tras un intercambio, se acordó el pago de un resarcimiento de $ 268.094,69 al 1 de junio del 2017, en concepto de pintura del inmueble suma que deberá ser actualizada a la fecha del efectivo pago conforme Tasa Activa del BNA y que las partes acordaron para el día 6 de febrero de 2020.

El decreto N° 341, del 6 de marzo último, consideró que “del análisis de las constancias que adjunto surge conveniente para los intereses del Estado la formulación de un acuerdo con la parte actora, lo que permitirá reducir costos por capital, intereses y honorarios, por lo que solicitó se autorice el acuerdo,  es decir, al pago de $ 268.094,69 actualizado al momento del efectivo pago”.

El acuerdo también faculta a la Fiscalía de Estado “a abonar los honorarios profesionales que surjan de la regulación judicial pertinente, con más IVA en el caso del Dr. Jorge Ricardo Petric, así como también al pago de la Tasa de Justicia y Honorarios de Mediación”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora