Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, de Paraná, ingresó en concurso de acreedores, una causa compleja y de envergadura que quedó en manos del titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia.  El proceso siguió a una brutal sangría de trabajadores: la empresa despidió a casi 80 trabajadores entre mayo y junio de este año.

En el concurso fueron designados como síndicos José María Caviglia, Mariana Elena Cerini y Pablo Andrés Grippaldi y se constituyó un comité de control que conforman la empresa Magnus SA, con sede en Salta y dedicada la comercialización de instrumental médico y odontológico; la Mutual América y la Mutual 10 de Abril, los acreedores de mayor envergadura. En ese comité también están, en calidad de suplentes, las firmas Castromil SRL, Artes Gráficas del Litoral SA y Phoenix Seguridad Privada.

Una de las empresas que conforma ese comité de control del trámite de concurso de El Diario, Magnus SA, negoció con la Mutual 10 de Abril la compra del edificio donde ahora funciona la Redacción y la administración del matutino, en la histórica esquina de Urquiza y Buenos Aires.  El proceso se concretó en noviembre de 2017, pero el trámite de traspaso fue frenado a través de una “prohibición de innovar” que dictó la jueza de Transición Susana María Paola Firpo, que lleva adelante una causa por estafa que inició en 2013 Dolores Etchevehere, que denunció a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, y sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Esa investigación penal luego sumó el delito de vaciamiento de El Diario que se achaca a la familia Etchevehere.

Este lunes hubo una audiencia en Tribunales para tratar el recurso de apelación del abogado Emilio Fouces, representante legal de Magnus SA, que busca voltear la resolución de la jueza Firpo: lo planteó ante un tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Gervasio Labriola.

El fiscal Álvaro Piérola expresó su oposición.

Fouces reprochó la medida de “no innovar” que dictó Firpo. Se trató, dijo el letrado, de una medida “superexcepcional” y por eso se pidió su levantamiento, aunque la petición encontró una negativa de parte de la jueza.

“Nuestro mandante, tercero adquirente de buena fe, a título oneroso, nunca fue parte del expediente por estafa. Lo que hizo fue realizar un negocio lícito, perfecto, con todas las formalidades de ley. Mediante escritura pública, se adquirieron los derechos. La Asociación Mutual 10 de Abril cede derecho a mi mandante”, explicó.

 

El revés de la trama

La causa por estafa que involucra a la familia Etchevehere arrancó en 2013.

La causa N° 6.418, caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”, fue iniciada en 2011 y a poco de tramitarse, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, la jueza Firpo mandó al archivo.

Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

 

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implica, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa SAER, la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto.

 

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

 

El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Además, hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.

El periodista Sebastián Premici lo describe así: “Según datos de la AFIP, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011. Sin embargo, la empresa, cuyos accionistas son Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y la madre de éstos, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac. En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Diego Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima. Todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles”.

 

Y agrega: “En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto al grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por 4,5 millones de pesos hacia Construcciones del Paraná. La operación terminó de concretarse en septiembre de aquel año, luego de recibir las ayudas económicas de AMUS (Asociación Mutual Solidaria”.

La Procelac sostuvo que el “vaciamiento económico y patrimonial de SAER” derivó en un “incremento patrimonial injustificado” por parte del Grupo Etchevehere, al “comprar” los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el “vaciamiento”.

Ese vaciamiento, según la Justicia entrerriana,  no sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehere podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER, lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integran la familia y el ministro de Agroindustria de Macri. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.

El puzzle financiero, según la tesis de los investigadores, habría funcionado así: por cada escritura de venta de inmuebles –Urquiza 1119/23 (subsuelo), Urquiza 1119/23, Urquiza 1119/23 primer piso, Urquiza 1119/23 segundo piso, Camoirano 63, Etchevehere s/n, Urquiza y Buenos Aires- se confeccionó un contrato de mutuo –una parte entrega a la otra un bien para que use en provecho y, en un tiempo determinado, se lo devuelva-, del que habrían participado una mutual que hacía las veces de prestamista.

Así, un inmueble insignia de El Diario, el ubicado en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, está en trámite de escrituración ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 a nombre de la Mutual 10 de Abril, operación que se pactó en una cifra ínfima, $2 millones.

Las maniobras escondieron un movimiento circular: el vaciamiento consistía en que por cada escritura de venta de un inmueble se confeccionó un contrato de mutuo, emitido por una mutual que hacía las veces de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná SA. Esta sociedad endosaba esos valores a favor de SAER por la escrituración de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los prestamistas. De modo que el dinero daba un giro circular, y volvía a su primer dueño, pero las propiedades cambiaban formalmente de dueños, aunque en la práctica quedaban en las manos de los mismos empresarios, con otra sociedad.

Pero a la par que se producían esas transferencias, fueron avanzando distintas causas en el fuero civil contra SAER. Por ejemplo, un juicio de ejecución por deudas impagas por tasas e impuestos a la Municipalidad y a la Provincia, que se entabló a Construcciones del Paraná, que es dueña de varios inmuebles,que SAER le vendió y luego le alquiló. Pero ocurrió un hecho insólito: la demanda no avanzó contra Construcciones del Paraná SA sino contra SAER, que se presentó en el juicio como el deudor efectivo.

Edificio emblema

Como parte de ese proceso de vaciamiento, según explicó el fiscal Álvaro Piérola, en la audiencia de este lunes, El Diario está en riesgo de perder su edificio emblema.

En el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná se tramitó la causa “Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración”.

La Mutual 10 de Abril tuvo en sus manos un contrato de preventa firmado hace dos años, con la posibilidad cierta de quedarse con el edificio de Urquiza y Buenos Aires. En realidad, ya inició el proceso de escrituración. La propiedad fue vendida por SAER a la Mutual 10 de Abril a un precio imposible de $2.000.000 mediante un contrato de retroventa.

“Tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán, sobre todo porque la misma operación se reitera en el Expte. Nº 19036, caratulado “Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración”, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, y que se adjunta a la presente”, dice un escrito presentado por el Ministerio Público Fiscal por el que solicitaron la indagatoria de los socios de SAER.

Ahora, ese edificio ya no sería parte del patrimonio de la Mutual 10 de Abril, sino de la firma salteña Magnus SA.

Pero el fiscal Piérola pidió a los jueces Chemez, Castagno y Labriola que confirmen la inhibición dispuesta por la jueza Firpo. «Entendemos, y sostenemos que aquella medida es razonable en función de los intereses que se encuentran en juego. Estamos ante una causa que no sólo investiga la denuncia por estafa de Dolores Etchevehere contra su familia, sino que aquí también se investiga el eventual vaciamiento de El Diario», señaló.

«Dolores Etchevehere hace la denuncia en 2013. Lo que dice es que se está produciendo el vaciamiento de SAER. Y plantea sus hipótesis del vaciamiento. Luego, con la tarea fiscal, y de instrucción, se pueden ver y analizar, como parte de la prueba, cómo distintos actos jurídicos se materializaron a los fines de lo que puede interpretarse como una administración fraudulenta, y vaciamiento», expresó Piérola.

¿Cómo se logró ese vaciamiento?

«Fue mediante cesiones, transferencias de los bienes de SAER a la firma Construcciones del Paraná, que, oh, casualidad, está constituida por todos los denunciados, salvo por Dolores. Primer indicio de alerta: toda esa migración de bienes de SAER hacia Construcciones del Paraná no la tenía a ella como parte. Por eso hace la denuncia, porque se se siente perjudicada», expresó el fiscal.

Y señaló que la empresa adquirente de esos bienes, Construcciones del Paraná, era una sociedad que no tenía flujo de capital suficiente, «ni actividad económica que permita pensar que sea razonable esa adquisición. ¿Quién tomaba la decisión de vender? Los mismos socios de SAER y de Construcciones del Paraná, Leonor Etchevehere, Luis, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere. La señora Leonor Etchevehere estaba en las dos empresas: ella vendía y ella compraba».

 

¿Cuál fue la finalidad de esas operaciones?: descapitalizar SAER.

Piérola argumentó que mantener la inhibición sobre el inmueble de Urquiza y Buenos Aires, impidiendo así su transferencia a Magnus SA, evitará profundizar el vaciamiento.

«En ese caso, el proceso de convocatoria de acreedores en el que está en estos momentos El Diario se va a quedar sin patrimonio para hacer frente a sus obligaciones, entre los cuales están los trabajadores. Se va a seguir vaciando la empresa y los trabajadores no tendrán de dónde tomarse», apuntó.

 

 

 

Resta ahora la decisión de los jueces Chemez, Castagno y Labriola, que se conocerá en los próximos días.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.