La jueza de Garantías N° 1 de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez, ordenó usar la fuerza pública para llevar a los Tribunales a Nestor Voney, quien denunció que le “armaron” una causa penal a su hijo, Emanuel Voney, maniobra en la que, dice en su presentación, habrían intervenido el juez de Garantías N° 2 de Gualeguay, Sebastián Elal; el fiscal Fernando Martínez; y su exabogado Rubén Gallardo.
En una resolución que adoptó este lunes 26, la jueza Gómez dispuso que, «de ser necesario», se proceda al allanamiento y «registro de domicilio» del denunciante.
Voney acudió a la Fiscalía de Gualeguay, donde fue recibido por el fiscal Rodrigo Molina, que tramita la denuncia contra su colega Fernando Martínez -el mismo que fue propuesto para juez de Garantías de Nogoyá, y cuyo pliego fue retirado por el Poder Ejecutivo del Senado-, y el defensor Reggiardo denunció que quisieron detenerlo y «apretarlo» con que le iban a aplicar «10 años de cárcel».
Reggiardo mantuvo un duro cruce en la Fiscalía de Gualeguay con el fiscal Molina.
-¿Qué le queres hacer? Denunció un delito: al hijo lo metieron preso en forma ilegal -lanzó el abogado.
-Guarde la conducta, doctor, si no se tomarán medidas -respondió Molina.
La presentación de la denuncia, que se hizo en los Tribunales de Gualeguay, pero que fue enviada también al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y al presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia, que ahora dio intervención al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García.
Voney, con el patrocinio del abogado Carlos Guillermo Reggiardo, denuncia “privación ilegítima de libertad y falsa imputación en una causa de estupefacientes”. Alegó que su hijo, “quien padece fragilidad emocional y está bajo tratamiento psiquiátrico, fue detenido en condiciones poco claras y sometido a un proceso irregular”. Lo más grave: imputa el cobro de una suma de 2.500 dólares “para arreglar la libertad” de su hijo.
En la denuncia se afirma que Emanuel Voney fue detenido en forma “ilegal, que no se realizó audiencia de medidas y que se amenaza con una pena de cumplimiento efectivo sin pruebas”.
Además, se denunció que se han devuelto celulares secuestrados sin peritar y que se han realizado declaraciones de imputados sin intervención del juez. Se solicitan medidas urgentes, investigación y notificación a autoridades competentes.
Voney sostiene que «mi hijo fue detenido en condiciones poco claras y ahora recién me anoticio que no se le realizo audiencia de medidas, que no era cierto que el juez había dispuesto la prisión preventiva; que fue alojado de manera legal» en la Jefatura de Policía y «que está siendo sometido a un proceso donde se lo amenaza con una pena de cumplimiento efectivo cuando su único delito fue haber caído en el consumo de sustancias, agravado por su inmadurez, y siendo chivo expiatorio».
Este lunes, la abogada Melina Arduino, secretaria de la Sala Penal del STJ, anotició al presidente Daniel Carubia, de la recepción de un correo electrónico del abogado Reggiardo e informa: «En el objeto de la misma se lee que es efectuada por el delito de privación ilegítima de la libertad y falsa imputación en causa previo pago de USD 2.500. Asimismo en la presentación se recusa a los Dres. Martínez y Elal por la intervención en autos y se solicita audiencia de nulidad y sobreseimiento en el caso de existir un legajo real en el que esté imputado por algún delito».
Desde la Sala Penal se dio intervención al Procurador General de la Provincia, Jorge García «a los fines que correspondan».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora