La diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR) presentó un pedido informe para que el Ejecutivo brinde precisiones sobre las empresas que se dedican la extracción de arena silícea en el sur de la Provincia. Jaroslavsky busca conocer si quienes realizan esa actividad están inscriptos, cuánto tributan en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y cómo se realiza la fiscalización de la actividad.

La actividad extraccionista ya ha generado planteos en la Justicia.

Piden prohibir a YPF extraer arena en Ibicuy para el fracking

En la Justicia provincial ingresó un amparo que busca que se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental que obtuvo el establecimiento arenero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), ubicado en Islas del Ibicuy, a 363,7 kilómetros de Paraná, al sur de la provincia.

La firma extrae allí arena sílica que es utilizada para el fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se trata de una técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.

El amparo fue presentado por la Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Aagmer). El gremio docente viene de advertir que la Escuela Ejército Argentino Nº 30, de Ibicuy, se encuentra a 500 metros de la planta El Mangrullo, por lo cual la comunidad educativa está expuesta a la presunta contaminación de la empresa.

El trámite está en manos de la vocal Valentina Ramírez Amable, de la Cámara II de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. En el escrito, las organizaciones solicitan que se condene a la Municipalidad de Ibicuy “por su accionar ilegal y declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio firmado por su presidente municipal Gustavo Roldán, revocándolo en todos sus términos”.

Sobre esa actividad, la diputada Jaroslavsky presentó un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo detalle cuáles son las empresas y desde qué fecha se encuentran inscriptas como contribuyentes dedicadas a la extracción, comercialización y transporte de arenas silíceas y/o actividad similar en la provincia.

Jaroslavsky también solicitó que indique si las empresas dedicadas a dicha actividad tributan ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) los derechos de extracción contemplados en el Código Fiscal de la Provincia u otro tributo que grave o alcance a las mismas.

En este marco, también requirió que se precise “cuánto tributan, cómo se fiscaliza la realización de la actividad y cuáles son los sistemas de medición adoptados por la ATER para determinar la base imponible de los tributos exigidos”.

Finalmente, Gracia Jaroslavsky exigió al Poder Ejecutivo que informe sobre “cuáles fueron los montos tributados al Gobierno provincial desde 2016 por la/las empresas inscriptas en el rubro que identifica la extracción comercialización y transporte de arena silíceas”.

Cabe destacar que su par Sara Foletto también había solicitado información sobre los controles ambientales que se instrumentan en la actividad.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora