Los grupos ultramontanos de la Iglesia Católica, con la Red de Familias Entrerrianas a la cabeza, llevaron adelante este domingo, en la Costanera baja, la denominada «Marcha por la vida», que coincidió con el Día del Niño por Nacer, una festividad instituida en el calendario durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.
La convocatoria, esta vez, tuvo dos aditamentos: coincidió con el Domingo de Ramos, en el inicio de la Semana Santa, el tiempo litúrgico más importante para los católicos, y se dio en el marco de la disputa contra el proyecto de despenalización del aborto que comenzó a ser tratado en el Congreso de la Nación.

Los «pro vida» exhibieron carteles que decían «Sí a la vida, no al aborto», «Paren la mano», «Sí a la vida, Dios es vida», y en la marcha, que se inició en la plaza Petit Pissant y concluyó en la rotonda del Puerto Nuevo, donde hubo una suelta de globos -rojos y blancos-, hubo constantes arengas contra la despenalización del aborto. «La vida es un don de Dios que debe ser respetado desde el momento de la concepción», señalaban.
Los organizadores leyeron por altavoz las adhesiones que recibieron a la manifestación de este domingo en la Costanera. Entre otros, mencionaron a la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, la diputada provincial Ayelén Acosta (Cambiemos) y el diputado Gustavo Zavallo (Frente Renovador).

Una de las constantes fue la defensa de la familia que, repitieron, «es la base de la sociedad; sin familia no hay sociedad». Y resaltaron que «esta marcha se ha replicado en 200 ciudades» a lo largo del país.
En medio de la marcha, un cántico se imponía: «Diga sí a la vida, diga no al aborto, y a los legisladores les decimos de frrente, los derechos humanos empiezan en el vientre».
La «Marcha por la vida» empezó poco después de las 17,30 y concluyó cerca de las 19, con la lectura de una serie de reclamos.
«Entendemos que no hay vinculación alguna entre la profesion médica y el aborto, por tal razón no debe enmarcarse como parte del servicio de salud pública, ya que no es propio de la medicina el matar personas inocentes e idenfensas», vociferaron los conductores del acto que se hizo al pie de las barrancas del Parque Infantil Patito Sirirí.
«El aborto -agregaron- no es la interrupción del embarazo: el aborto intencional es un acto de extrema violencia que termina con la vida de un inocente». Y por eso, señaló el documento final de la marcha, el proyecto de despenalización del aborto que trata el Congreso «quebranta una ley superior, el mandato universal ´No matarás´».

Como «alternativa» a ese proyecto, propusierno «crear espacios de discusión seria y profunda. Renunciar a la cruel frivolidad de ver el aborto como una solución rápida a problemas socales, emocionales y egoístas». En el documento, aseguraron que «sabemos que que hay situaciones difíciles y dolorosas de violencia, marginalidad, pobreza, abandono y falta de información. Pero nuestra íntima convicción es que el aborto no es solución».

Luego de pedir a «Dios que ilumine a la sociedad», reclamaron a los legiladores nacionales «su compresnion acerca de la vida, que es el primer derecho humano que el Estado debe tutlelar desde la fecundación, votando contra la legislación del aborto».

Y en vez de dar tratamiento al proyecto de despenalización del aborte, le reclamaron a diputados y senadores que se pongan a trabajar en el análisis legislativo presentado por la Red de Familias Argentinas. Les pidieron que sean «aliados de la vida y de la dignidad humana de la persona humana, sea cual fuere la etapa de desarrollo de la vida».

Y que se «garantice los derechos humanos de todos los humanos, nacidos y por nacer», en contra del proyecto de «aborto libre», como lo definieron.

Un párrafo especial dedicaron al gobernador Gustavo Bordet y a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, a quienes reclamaron -ya lo han hecho, de modo a veces violento, a través de las redes sociales- la derogación del protocolo de aborto no punible, aprobado en 2017, y que está a tono con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Calificaron ese protocolo como «inconstitucional», y reclamaron sin más su derogación.

 

 

 

Informe: José Armando
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.