Con 4.200 firmas, la plataforma del ultracatolicismo CitizenGo inició una campaña para que la Justicia de Nogoyá se aparte del tratamiento del caso de las carmelitas descalzas del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen.

La feroz campaña está orientada particularmente hacia el fiscal Federico Uriburu, que instruye la investigación penal. A la tarea, CitizenGo la emprende con la misma metodología con la cual ya intentó apartar a un juez de Colombia que debía fallar a favor del matrimonio igualitario: inundándole la casilla de correo electrónico con mensajes contrarios, en este caso de la intervención judicial en el convento carmelita.
Los usuarios de la plataforma CitizenGo son invitados a firmar una petición dirigida a Uriburu, con copias a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak; al titular de la Sala Penal del STJ, Carlos Chiara Díaz; al procurador general, Jorge Amílcar García; al nuncio en argentina, Emil Paul Tscherrig; y al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.

Petición CitizenGo

El fiscal Uriburu trabaja sobre las denuncias de dos exmonjas, que reprocharon el comportamiento de la superiora, Luisa Toledo, quien fue imputada por el delito de privación de la libertad, y ha sido apartada de la casa religiosa, y trasladada a Lucas González. Mientras, los dos abogados penalistas designados por la Iglesia, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, tratan de sacar el caso de la Justicia Provincial y derivarlo al fuero federal.
La petición de CitizenGo es: “Caso Carmelitas: respeten la vida religiosa”, y al igual que en change.org, los usuarios pueden avalar ese pedido, y así suman firmas a favor los impulsores de la petición.
“Las monjas exclaustradas denuncian también secuestro y privación de libertad. Pero lo cierto es que las monjas que permanecen en el convento aseguran que nunca se han sentido coartadas en su libertad e insisten en que permanecen en el Carmelo libre y responsablemente”, dice el bloque de los ultracatólicos. “Lo peor no es la incomprensión de la vida monástica de las exclaustradas, sino la respuesta dada por la Justicia. Lo primero fue el allanamiento de oficio del convento sin respetar la clausura y sin guardar ningún respeto. Fue el pasado 25 de agosto. 50 policías llegaron al convento. Ingresaron forzando la puerta, interrogaron a las hermanas llamándolas señoras y se llevaron los cilicios y demás “pruebas”. Además, las monjas han sido sometidas a examen de médico forense”, agrega.
CitizenGO es una ONG a nivel internacional creada en 2013, hija de HazteOir, otra ONG católica y ultraconservadora nacida en España, que lucha contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo, contra el feminismo, contra los ateos e, incluso, contra otros credos. “Vamos a luchar contra el feminismo radical en las instituciones, que pretende implantar el aborto como un derecho de la mujer, contra el lobby homosexual y contra el laicismo radical”, ha dicho Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir, durante la presentación de CitizenGO.
Ahora, CitizenGo ha puesto la mira en Entre Ríos, y particularmente en el fiscal Uriburu, a quien cuestiona férreamente. “La última fue la imputación del fiscal Uriburu de la superiora, la hermana María Isabel (Luisa Toledo por su nombre civil) Le acusa de privación de libertad, delito por el que podría enfrentar una pena de prisión de 2 a 6 años, aunque algunas notas periodísticas apuntan que la superiora enfrenta penas de 4 a 15 años. La hermana María Isabel está tranquila y responde con ironía que no hay mucha diferencia entre su actual vida y la cárcel… Pero lo que está en juego es el respeto del poder civil de la vida religiosa. Por eso, es importante mostrar la queja ante el Fiscal Uriburu”.
Una de sus acciones de protesta es inundar las casillas de correo de funcionarios y miembros de la Justicia con peticiones como estas. Ahora, es el turno del fiscal Uriburu.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.