La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata dispuso este martes abrir un nuevo cuarto intermedio a la audiencia de elevación a juicio de la causa en la que está imputado por peculado el exintendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), y a sus exsecretarios de Gobierno, Jorge Jesús Waigel, y de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler.

Es la segunda vez que la audiencia se posterga. La primera se realizó el 14 de septiembre, pero no se pudo avanzar ya que la magistrada solicitó a los fiscales Franco Bongiovani y Gonzalo Badano que precisen los hechos imputados.

En la audiencia de este martes por la mañana, el abogado Miguel Ángel Cullen solicitó que se disponga un nuevo cuarto intermedio ya que señaló que introducirá una nueva prueba para su teoría del caso. Tras el acuerdo de los fiscales, la jueza Barbagelata hizo lugar al pedido y decidió que la audiencia se retome el 2 de noviembre, a las 9. En el encuentro también se conoció que el abogado Guillermo Vartorelli asumió la representación de Waigel.

Cullen fundamentó su pedido en que la Fiscalía precisó los hechos imputados y que de esa nueva formulación surge nueva prueba para incorporar al caso. La evidencia que agregará, sostuvo, tiene que ver con expedientes informáticos que se encuentran alojados en un sistema interno de la municipalidad de Crespo, que fue organizado por la entonces secretaria de Hacienda, la contadora Winderholler.

“La contadora organizó el sistema informático de Crespo y nos explicó el seguimiento del expediente y todo está en este programa que fue una novedad para nosotros, porque se pudo saber gracias a la reformulación de la imputación», dijo Cullen a la jueza de Garantías.

En esa línea, el abogado explicó que cuando se realiza la imputación y se da el listado de los expedientes, que demostrarían que faltan o que tengan algún tipo de irregularidad en el trámite, “la contadora nos cuenta que se hizo un sistema en Crespo donde cada área tiene una clave que la otra no pueda entrar” y que esos documentos –que pueden tener soporte en papel- se suben en formato digital. “Es una especie de expediente digital de cada una de las peticiones que hace cualquier ciudadano”, afirmó el letrado.

En ese sentido, pidió un nuevo cuarto intermedio para hacerse de esos expedientes a fin de analizarlos y presentarlos como evidencia en la causa. “Esta prueba es fundamental para fundar el pedido de sobreseimiento que hicimos en la remisión a juicio”, planteó Cullen.

Por su parte, el fiscal Bongiovani dijo que la incorporación de dichos documentos no cambia la postura de la Fiscalía. “Los contratos los tenemos todos impresos y además tenemos como testigo a quien es la responsable del  área de Informática del municipio de Crespo, que va a dar cuenta del sistema utilizado”, señaló.

“Esta prueba que necesita la defensa de ningún modo cambiaría nuestra imputación, ni tampoco serviría para ponerla en juego en esta audiencia”,  puntualizó el acusador público. No obstante, acordó con realizar un cuarto intermedio para que la defensa obtenga la prueba que necesita para su teoría del caso.

Tras escuchar a las partes, la jueza Barbagelata resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el 2 de noviembre, a las 9. En dicha fecha, finalmente, se resolverá la elevación a juicio de los acusados.

El caso

Robles, Waigel y Winderholler se lo acusa por la supuesta distribución irregular de subsidios durante la gestión 2011/2015. Más precisamente, de haber manejado de forma irregular y discrecional los subsidios para personas de bajos recursos, tramitación en la que no se habrían respetado las ordenanzas municipales que regulan su otorgamiento. La sospecha es que los aportes fueron entregados para “uso proselitista”.

En septiembre último, en la primera audiencia de elevación a juicio, la jueza Barbagelata hizo notar falencias en el escrito de los fiscales y mandó a precisar los hechos imputados. A su vez, dispuso la exclusión como querellante particular en la causa de la Municipalidad de Crespo, representada por los abogados Iván Vernengo y Rubén Pagliotto.

De ese modo, la magistrada consideró errónea la resolución de la jueza Paola Firpo, del 17 de noviembre de 2016, de permitir la participación del municipio como querellante.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.