El diputado provincial José Ángel Allende (FPV) eligió la sesión de este martes de la Cámara de Diputados para dar una noticia: anunció que el Ministerio de Salud había resuelto reincorporar a la enfermera Yanina Migueles a la Colonia de Salud Mental de Diamante. Se trata de la empleada cuya suplencia extraordinaria había sido cortada a principios de junio por la directoria del nosocomio, Noelia Trossero, y que abrió una dura batalla en la Justicia.
El caso generó un escándalo. El exministro de Salud, Ariel de la Rosa, acogió favorablemente un planteo de Migueles, y emitió una resolución por la que dispuso la reincorporación, y le ordenó a Trossero que hiciera cumplir esa orden. Claro que los modos como se llevó a la práctica esa decisión derivó en una batahola y la apertura de una causa en la Justicia. Trossero fue amenazada por un grupo de dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), quienes viajaron especialmente a Diamante para hacer cumplir la orden del exministro. Y alegaron que se habían trasladado hasta allí por orden del exministro.
Trossero hizo la denuncia en la Justicia y fue así como cinco dirigentes de UPCN más De la Rosa terminaron imputados: los gremialistas por coacciones agravadas, y el exministro por coacciones agravadas y coacciones agravadas en coautoría. Los fiscales que llevaron adelante la investigación dicen que está probado que la directora de la Colonia de Salud Mental fue amenazada, que recibió aprietes y que en esa tarea no sólo estuvieron los dirigentes gremiales sino también De la Rosa.
La nueva ministra Sonia Velázquez dispuso ahora efectivizar aquella directiva que había firmado De la Rosa, la recincorporación de la enfermera Migueles, aunque mantuvo en marcha las investigaciones administrativas respecto de un presunto mal desempeño, tal como lo denunció la directora de la Colonia de Salud Mental. Sucede que Migueles es delegada de UPCN y tiene tutela sindical. Y esa fue la razón por la que volvió al Estado.
Pero a pesar de esa salida negociada respecto de la reincorporación de Migueles –que ahora está en uso de licencia por enfermedad–, la causa judicial sigue adelante, y según indicó el fiscal Laureano Dato, este viernes, con el cumplimiento del plazo máximo para la investigación penal preparatoria, se hará la audiencia en la que pedirán la elevación a juicio oral de la causa.
«La decisión administrativa que tome el Ministerio de Salud no influye en la investigación judicial. Esto no vuelve atrás porque los delitos están acreditados. El viernes habrá una audiencia conclusiva en la que se pedirá la remisión a juicio», contó el fiscal Dato ante la consulta de Entre Ríos Ahora.
Se trata de un procedimiento previsto en el ordenamiento legal: en el plazo de 30 días que duró la investigación, se agota la instrucción y se llama a una audiencia conclusiva en la que la fiscalía pedirá la elevación a juicio oral de la causa UPCN. Esa audiencia será este viernes 7, a las 9.
Cinco dirigentes de UPCN están investigados por los delitos de coacción agravada; el exministro De la Rosa, por coacción agravada y coacción agravada en coautoría; y el secretario adjunto de UPCN, Fabián Monzón, también está acusado por amenazas y resistencia a la autoridad.
El fiscal Dato reveló además que las pericias sobre los tres teléfonos celulares secuestrados a los dirigentes sindicales ya fueron peritados, y que los informes abonan la tesis de la acusación. Aunque, aclaró, no se llegó a establecer la existencia de un eventual instigador.
El sábado 24 de junio, y tras 15 días de prisión domiciliaria tres de los cinco dirigentes sindicales de UPCN recuperaron su libertad, según lo dispuesto por el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara. En esa audiencia, , el magistrado no hizo lugar a la petición de los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato, de extender la prisión preventiva por 15 días dictada el viernes 9 de junio, y dispuso la libertad de los dirigentes Fabián Monzón, adjunto de UPCN y director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Guillermo Barreira y José Zarza, miembros de conducción del sindicato a nivel provincial.
Junto a las dirigentes Carina Domínguez y Zunilda Suárez, Monzón, Barreira y Zarza están imputados por el delito de coacción agravada en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, a quien se pretendió obligar, bajo amenazas, a reincorporar a una enfermera a la cual se le había suspendido una suplencia extraordinaria, Yanina Migueles, a la vez delegada de UPCN. La coerción sobre Trossero no sólo fue ejercida por los cinco gremialistas, sino también por el ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa, doblemente imputado: por coacción agravada y coacción agravada en coautoría.
La defensa de De la Rosa está a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik; en tanto, que los cinco dirigentes son asistidos legalmente por Rodríguez Allende y Visconti. En la audiencia de este sábado, los fiscales Taleb y Dato rearmaron su estrategia y lograron que la defensa de los cinco sindicalistas de UPCN acceda a suministrar los PIN y patrones de tres de los cuatro teléfonos celulares secuestrados el miércoles 7 de junio, en Diamante. Los peritos de momento no han podido acceder a los chats y conversaciones de esos dispositivos, que los
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.