Los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato pedirán este lunes, durante la audiencia para analizar la continuidad de la prisión preventiva que pesa sobre tres dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que la medida sea ampliada hasta la apertura del juicio.

Los dirigentes Fabián Monzón, adjunto de UPCN y director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Guillermo Barreira y José Zarza, estos dos vocales suplentes de la conducción provincial del gremio, recibieron prisión preventiva por 15 días, en la modalidad domiciliaria, el 9 viernes de junio. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara.

Los tres, junto a las dirigentes Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN, y Zunilda Suárez, están imputados por el delito de coacción agravada en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. Primero los gremialistas, y después el exministro de Salud, Ariel de la Rosa, pretendieron imponer, mediante amenazas, la orden de volver atrás con una resolución que puso fin a una suplencia extraordinaria de una enfermera, Yanina Migueles.

Migueles era delegada de UPCN, pero tenía dos expedientes en Salud por irregularidades cometidas; una, por haber administrado de forma errónea medicamentos a pacientes. Trossero se mantuvo firme en su decisión y sostuvo el corte de la suplencia de la enfermera que, entre otras cosas, se había resistido a cumplir una directiva de traslado a otra sala. Pero la tozudez de la directora de la Colonia de Salud Mental se enfrentó a las amenazas de UPCN a las que se sumaron las del exministro, según la prueba colectada por los fiscales.

Por eso, los cinco dirigentes de UPCN están imputados del delito de coacción agravada, mientras que De la Rosa acumula dos imputaciones: coacción agravada y coacción agravada en coautoría, por cuanto los sindicalistas se presentaron en Diamante (dos días, el 6 y el 7 de junio) y exhibieron una resolución firmada por el exministro, y arguyeron que habían viajado con la orden de Salud de hacerla cumplir. Esa resolución ordenaba reincorporar a Migueles.

Pero la directora de la Colonia de Salud Mental denunció las amenazas, intervino la Policía y la Justicia abrió una causa.

Los cinco dirigentes de UPCN estuvieron presos en Diamante desde el miércoles 7 al viernes 9, cuando el juez Domínguez dispuso la preventiva domiciliaria pero sólo para tres de ellos: Monzón, Barreira y Zarza. Fue por un plazo de 15  días, y este lunes se debe decidir si se les otorga la libertad o siguen bajo domiciliaria. Los fiscales, dijo Taleb a Entre Ríos Ahora, pedirán que se extienda la prisión hasta el juicio.

Taleb y Dato tienen plazos definidos: el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, les impuso un plazo de 30 días para concluir la investigación penal preparatoria. Entonces, deben concluir la investigación antes del 7 de julio.

En ese plazo, los defensores Marcos Rodríguez Allende y Vanesa Visconti –que representan a los sindicalistas de UPCN— y Leopoldo Lambruschini y Julio Federik –que defienden a De la Rosa—aportarán pruebas y sumarán testigos a la causa.

La investigación, de igual modo, podría dar un giro una vez que se concluyan las pericias a los tres teléfonos celulares secuestrados a los sindicalistas de UPCN. Los fiscales presumen que podría haber un instigador, y no descartan que el caso pueda salpicar más arriba en la estructura sindical.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.