Los fiscales que investigan a cinco gremialistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por coacción agravada en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, ya tienen en su poder los PIN y patrones de acceso a tres de los cuatro celulares secuestrados el miércoles 7 de junio, cuando sucedieron los hechos que se investigan.
Las claves de ingreso a los dispositivos móviles fueron proporcionadas por el abogado de los sindicalistas, Marcos Rodríguez Allende, este lunes por la tarde. La entrega de los patrones fue parte de un acuerdo que alcanzaron los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato con la defensa de los gremialistas en la audiencia del sábado último cuando el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, dispuso la libertad de los dirigentes Fabián Monzón, adjunto de UPCN y director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Guillermo Barreira y José Zarza, miembro de conducción del sindicato a nivel provincial.
Los fiscales habían pedido extender la prisión preventiva por 15 días, pero el magistrado no hizo lugar a esa petición. No obstante, los acusadores públicos llegaron a un acuerdo con la defensa de los imputados para que faciliten las claves de acceso a tres de los teléfonos secuestrados que estaban en poder de los dirigentes José Zarza, Carina Domínguez y Zunilda Suárez.
El acceso a los móviles permitirá que los peritos informáticos puedan analizar las comunicaciones que se registraron en los días previos y durante los episodios denunciados por la directora del nosocomio.
Los fiscales consideran que en los teléfonos podrían encontrarse conversaciones entre los gremialistas que puedan arrojar más información sobre lo que sucedió el miércoles 7 de junio en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Apuntan, principalmente, a conocer si hubo un instigador detrás de los hechos.
Aunque los investigadores no den nombres propios, el que asoma en la investigación es el del diputado provincial del FpV y secretario general de UPCN, José Allende.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Dato confirmó este lunes que “el doctor Rodríguez Allende cumplió su palabra y proporcionó las claves de los celulares secuestrados el miércoles 7 de junio”.
“Es lo que necesitaba el Gabinete de Informática Forense. Nosotros ya se lo enviamos a ellos y con estas claves podrán avanzar más rápido para terminar la pericia”, señaló el fiscal.
En ese sentido, el funcionario judicial aseguró que “los teléfonos celulares guardan mucha información y eso nos interesa, porque puede suceder que se involucren nuevos imputados”.
Rodríguez Allende entregó los patrones de acceso a los celulares a las 16.30 de este lunes, horas antes, algunos de sus defendidos firmaban el acuerdo paritario con el Gobierno provincial en la Secretaría de Trabajo. Allí estuvieron Fabián Monzón, Carina Domínguez, Guillermo Barreira; y Allende, que aún no fue alcanzado por la investigación judicial de Diamante. No obstante, el mandamás de UPCN sí está siendo investigado por supuestas amenazas al periodistas Martín Carboni, del sitio Noticia Uno. Esa causa está a cargo del fiscal Álvaro Piérola, que aún espera tomarle declaración indagatoria.
Imputados
El miércoles 7 de junio un grupo de sindicalistas de UPCN se le presentó a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, para exigirle la reincorporación de una enfermera que cubría una suplencia extraordinaria, Yanina Migueles, y que también era delegada gremial. La directora denunció violencia y amenazas y el fiscal Gilberto Robledo –ahora de licencia- ordenó la detención del secretario adjunto de UPCN, Fabián Monzón; la secretaria gremial, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. Los gremialistas fueron imputados luego por coacción agravada, y tres de ellos estuvieron con prisión preventiva hasta el sábado cuando se les otorgó la libertad ambulatoria.
En el episodio quedó involucrado Ariel De la Rosa, hombre del riñón de UPCN y muy cercano a Allende, quien debió renunciar al ministerio de Salud. El ex funcionario también fue imputado de coacción agravada –primero se le acusó de coacción simple-, y ya declaró en la causa negando todos los cargos. Es defendido por los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.
En la causa también declararon siete testigos, de los cuales tres dieron crédito a los dichos de Trossero, quien aseguró que fue amedrentada por el ahora ex ministro. La comunicación, aseguraron, se produjo con el altavoz activado.
Especial para Entre Ríos Ahora.
Foto: Twitter Paola Angelino