“Todos están así”.
El hombre de la Justicia hace el gesto de ponerse una pistola en la nuca, y de ese modo explica la situación de los involucrados en la causa que investiga actos irregulares en la contratación de publicidad durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri.
En Tribunales está la sospecha muy enraizada de que el jefe de propaganda de Urribarri, Pedro Báez, direccionaba las contrataciones hacia la empresa del cuñado Juan Pablo Aguilera, Cinco Tipos SRL, Tep SRL, Formato Urbano, las distintas denominaciones que ha ido teniendo la, se supone, misma firma.
Todos, agrega el hombre de la Justicia que habló con Entre Ríos Ahora, van al despacho de los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro con una estrategia judicial clara de defensa, y casi sin fisuras hacen una defensa política de la gestión y niegan que hayan ocurrido maniobras que pudieran caratularse como fraudulentas, engañosas, ni direccionadas.

Así se ha notado en la estrategia judicial que desplegó el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, su familia y los socios de las empresas que se le endilgan; así lo ha demostrado el ahora diputado Pedro Báez (Frente para la Victoria).
El único que parece salir de ese esquema de estrategia judicial defensiva en bloque es Gustavo Tamay, dicen las fuentes de la Justicia.

“Todos tienen una estrategia uniforme; casi todos”, corrige sobre la marcha la fuente que cuenta detalles. Tamay tiene como abogado defensor a Ramiro Pereira. Y ha mostrado señales en los últimos días de que está a punto de romper, aunque de momento sólo advierte. Lo hace con modos solapados.
Tamay no habla, de momento.

Eso, precisamente, quieren en la Justicia: que hable. Y que hable «para arriba», dice la fuente, que en acto reflejo levanta la vista.
De todos modos, en el círculo próximo de los fiscales  Brugo y  Yedro tienen dos certezas: que hay suficiente prueba documental probatoria acumulada y que los principales involucrados están muy comprometidos en las maniobras que se investigan. “Si nadie habla ahora, y habla hacia arriba, más adelante todo va a quedar demostrado en el juicio”, se esperanza la fuente.
Son 46 las órdenes de publicidad que analizaron los fiscales, “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno (Báez y Tamay). No sólo eso: tampoco se constató que las publicidades se hubieran hecho tal y como exigía la normativa.

Eso es lo que los fiscales pretenden probar. Todo un entramado ficticio.
“Se pagó por una obra que no fue acreditada que se haya hecho”, señalan. “Hubo ficticias constataciones”, dijo el fiscal Brugo en la audiencia pública que hubo en Tribunales el 18 de noviembre último.
Báez tiene como defensores a Ignacio Díaz y José Velazquez. Y el viernes 23, antes de la Navidad, estuvo ante los fiscales Brugo y Yedro, habló durante largas tres horas, defendió lo que hizo y rehusó haber incurrido en irregularidades en su gestión. Negó que hubiera direccionamiento en las contrataciones.
Pero la Justicia no opina lo mismo.

El dictamen que dio a conocer en septiembre pasado la fiscal Yedro es lapidario sobre Urribarri, el exministro y el cuñado del exgobernador. Aguilera es actualmente prosecretario de la Cámara de Senadores. En la causa también está comprometido el responsable de certificación de publicidades en vía pública del exMinisterio de Cultura, Gustavo Tamay.
Báez y Tamay están imputados en la causa “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Y agrega: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad -entre otras las Nº 183/2010, 331/2010, 954/2010, 350/2010, 1402/2010, 1405/2010, 1864/2010, 2569/10, 2836/2011, 2573/2010, 2839/11, 2574/2010, 2840/11, 1176/11, 3971/11, 754/12, 2060/12, 3393/12, 3974/11, 885/12, 2057/12, 3390/12, 3972/11, 886/12, 2059/12, 3392/12, 3973/11, 887/12, 2058/12, 3911/12, 3912/12, 3918/12, 3922/12, 4438/12, 4440/12, 4433/12, 1213/13, 1208/13, 1233/13, 1237/13, 2081/13, 2085/13, 2080/13, 2078/13, 4186/13, 4189/13, 4193/13, 5810/13, 583/14, 1657/14, 4399/14, 5812/13, 1655/13, 5813/13, 1654/13, 5817/13, 1653/14-, posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.”
Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.

Los fisclaes dicen que tienen todas las pruebas. Aunque pretenden que haya un arrepentido que hable y que salpique con las responsabilidades más allá del suprimido Ministerio de Cultura y Comunicación.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.