Sergio Urribarri y Pedro Báez volvieron a sufrir un revés en la Justicia. Un tribunal confirmó lo resuelto el 5 de noviembre último por el juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado, quien les rechazó un recurso de falta de acción y elevó a juicio la causa en la que están imputados por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La medida ahora la dispuso un tribunal integrado por los jueces Gervasio Labriola,  Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo. Se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez Director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (MC) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo del juez.

En esta instancia, los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Urribarri; e Ignacio Díaz, defensor de Báez, mejoraron oralmente el planteo de apelación que interpusieron para que sus defendidos no sean juzgados aun teniendo fueros de diputados.

El planteo de la defensa había sido reprochado por los fiscales Mónica Carmona y Gonzalo badano, quienes solicitaron al Tribunal que rechace la pretensión de la defensa y que confirme la resolución del juez Maldonado para que de una vez se llegue a la instancia de debate oral y público.

El defensor Barrandeguy había planteado  que los actuales diputados Urribarri y Báez  no pueden ser juzgados si todavía la Cámara de Diputados no se expidió sobre el desafuero solicitado por el juez Maldonado el 14 de mayo.

Señaló que la Constitución entrerriana reformada en 2008 ubica a la inmunidad de opinión de los legisladores en el artículo 113, a la inmunidad de detención en el artículo 114 y al desafuero en el artículo 115.

El letrado enfocó su posición en el artículo 115, que establece lo siguiente: “Cuando se promueva juicio ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

Barrandeguy sostuvo que no se oponen al juicio, pero que quieren que se llegue a esa instancia respetando lo que dice el artículo 115, es decir, que la Cámara Baja se expida sobre el pedido de desafuero.

“Nosotros tenemos una postura institucionalista alrededor de los juicios que se desarrollan respecto de la criminalidad de los gobernantes. Pero por allí nosotros no percibimos que esta postura sea debidamente ponderada en las resoluciones judiciales. En este caso concreto se motiva un pedido de desafuero en contra de nuestros defendidos, y nosotros lo aceptamos. No dijimos nada”, señaló y agregó que luego el juez que pidió el desafuero decide elevar la causa a juicio antes de que haya una resolución a su requerimiento.

“Ha de darse cumplimiento, en algún momento, lo que dice el artículo 115”, remarcó Barrandeguy. “En algún momento, ahora o después, hay que pedirle a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador, y en una sesión pública examinar el mérito de sumario y con dos tercios de los votos ponerlo a disposición del juez competente”, añadió.

A su vez, marcó como contradictoria la posición que tomó el juez Maldonado, primero solicitando el desafuero y, más tarde, sin que la Cámara Baja se haya expedido al respecto,  resuelto elevar a juicio a los legisladores.

En ese sentido, sostuvo que nunca le ocurrió que un juez requiriera el desafuero y luego le rechazara un recurso que pide que se cumpla con un requerimiento dictado por el propio juez.

El letrado recordó que se llegó a esa situación luego de que el 18 de octubre un tribunal de alzada haya anulado la remisión a juicio sólo para el empresario Germán Buffa. “A nosotros no se nos escuchó”, planteó.

A su tiempo, el abogado Ignacio Díaz, defensor de Báez, adhirió a la exposición de Barrandeguy y al petitorio de revocación de la resolución del juez Maldonado.

Nada de esos argumentos fueron tenidos en cuenta por los jueces Labriola, Pimentel y Grippo, que confirmaron la elevación de la causa a juicio, la segunda que sentará en el banquillo de los acusados a Urribarri y a Báez: en julio tienen turno por otra causa, en este caso la que investiga la distribución supuestamente irregular de publicidad oficial en beneficio de empresas ligadas al cuñado Juan Pablo Aguilera.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.