El exgobernador Sergio Daniel Urribarri se enfrentará este viernes 1° de junio a la posibilidad cierta de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral por corrupción durante su gobierno.

El viernes 1°, a las 9, se celebrará la audiencia de remisión a juicio de una causa en la que se investiga la distribución discrecional de publicidad por $24 millones en beneficio principalmente de dos empresas, Tep SRL Next SRL, ambas, según el Ministerio Público Fiscal, propiedad de Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque peronista en el Senado, cuñado de Urribarri.

La causa, caratulada «Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», ha venido transitando un derrotero de sucesivas apelaciones. Y el juez que debe resolver el viernes próximo si el exgobernador y el resto de los imputados van a juicio es José Eduardo Ruhl, recusado por Urribarri y denunciado por mal desempeño ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Claro que esa audiencia del 1° de junio dependerá de lo que suceda antes, el lunes 28, a las 18, en una audiencia de recusación del juez de la causa. El titular del Juzgado de Garantías N° 2, José Eduardo Ruhl, está recusado por los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez,  por el abogado de Pedro Báez, Ignacio Díaz. El incidente deberá ser resuelto por el vocal N° 3 del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Daniel Julián Antonio Malatesta.

Un trámite depende del otro. «Ojalá se haga la audiencia de remisión», dijo un funcionario judicial. A decir verdad, en Tribunales están expectantes con la marcha de esta causa, la primera que llevaría a juicio al exgobernador Urribarri. La defensa del ahora presidente de la Cámara de Diputados ha batallado contra un enemigo cercano: el juez Ruhl, y de ese modo pretende voltear la investigación penal.

El 14 de mayo último, la Cámara de Casación Penal rotuló como  “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores de Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.

El reproche a esos embargos no sólo fue planteado por los defensores de Urribarri, Báez y Aguilera

En la causa, están Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

A Casación fueron, además, Rosenberg, Cullen y Vartorelli.  En todos los casos, haciendo reserva del caso federal, con lo cual luego del pronunciamiento de Casación, irán al Superior Tribunal de Justicia (STJ), y, más tarde, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.

El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel  y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.