«No cambia nada», fue la escueta respuesta que dieron en la Procuración General de la Provincia luego de enterarse de la designación del exgobernador y expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, como nuevo embajador argentino en Israel.

La decisión de designar a Urribarri en un destina diplomático clave para la política exterior del país fue resuelta por el canciller Felipe Solá.

La de Israel es una de las embajadas prioritarias para el presidente Alberto Fernández y el canciller Felilpe Solá. El vínculo se sensibilizó en las últimas semanas porque sectores del kirchnerismo afirmaban que el nuevo gobierno iba a derogar un decreto de Mauricio Macri que considera a Hezbollah como grupo terrorista. El canciller Felipe Solá ya descartó que eso esté entre los planes, y descomprimió la tensión, según publicó este martes el diario Clarín.

El destino diplomático de Urribarri lo alejará de los dimes y diretes de las causas por corrupción durante su gobierno que se ventilan en la Justicia. Ya tiene fecha para el primer juicio oral, la denominada vulgarmente como «la causa de la vaca», que lo sentará en el banquillo a partir del 27 de abril próximo. La Procuración lo acusa de haber direccionado ordenes de publicidad en vía pública en favor de empresas que se sindican como de propiedad de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Para Urribarri y Aguilera, la Fiscalía piensa pedir 8 años de cárcel durante el juicio.

Un poco más adelante, en agosto, será el juicio por la causa del Sueño Entrerriano. Un tribunal compuesto por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel presidirá las audiencias que se desarrollarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto de 2020, que continuarán los días 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 de septiembre. En tanto, los alegatos de clausura se desarrollarán los días 22 y 23; y 29 y 30 de septiembre.

La causa fue elevada a julio en septiembre último por el juez de Garantías Ricardo Bonazzolla.

<Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

La Procuración quiere llevar a juicio al exgobernador, a su exministro de Cultura, el actual diputado provincial Pedro Báez, y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros, acusados de los delitos de peculado -desvío de fondos que tienen un fin específico para otro totalmente distinto- y negociaciones incompatibles con la función pública -direccionar contrataciones- en una mega causa que engloba tres investigaciones por supuestos delitos de corrupción: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; lacontratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

En la primera audiencia del Sueño Entrerriano,el defensor de Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy hizo el amague de pedir el sobreseimiento, pero no tuvo suerte.

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Sucesivamente, la defensa ha cosechado reveses en esa pretensión tanto ante el juez de juicios Gervasio Pablo Labriola, como ante la Cámara de Casación Penal. Casación rechazó, en forma sucesiva, un recurso de queja y una impugnación extraordinaria.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.