El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos quedó imputado en tres causas en las que se investigan delitos de corrupción durante su gobierno, luego de la indagatoria del martes 28 en Tribunales.
Urribarri puso condiciones para ir a declarar: como vive actualmente en Buenos Aires, pidió que el día coincidiera con la convocatoria a sesión de la Cámara de Diputados, el martes, a la tarde. La Justicia lo había citado para el jueves 31 de agosto, a las 10.
Pero en vez de eso, Urribarri fue al edificio de la Procuración, sobre calle Santa Fe, el martes –inhábil judicial por el Día del Abogado—y llegó a las 20. Así, se garantizó que no hubiera prensa alrededor, ni fisgones que retrataran con un celular su ingreso como imputado a los Tribunales.
Esa es una de las fotos que no se vio: el exgobernador yendo a declarar como imputado en tres causas por corrupción. Tampoco pudo verse el momento en el que le entintaron los dedos –como a cualquier hijo de vecino—ni cuando lo retrataron de frente y de perfil.
La otra foto que no se vio es la más relevante, la menos anecdótica: la de tres fiscales tomándole declaración–es un decir, porque no habló, sino que presentó escritos junto a sus abogados, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy—a un exgobernador, imputado, de momento, en tres causas por corrupción.
Urribarri no se resguardó en los fueros de legislador: acudió por sus propios medios ante una citación judicial. Durante su administración, ningún juez logró que un legislador declarase en la Justicia: todos se amparaban en los fueros.
Es un dato a considerar.
Puzzle judicial
Dos de las causas en las que Urribarri está imputado son por peculado, un delito que reprocha la utilización de fondos del Estado para fines particulares. En este caso, para el “Sueño Entrerriano”, la pegajosa obsesión de Urribarri por conseguir la candidatura presidencial. No lo consiguió.
Una trata la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, a cuyo frente está el empresario mediático Jorge “Corcho” Rodriguez, ahora seriamente implicado en las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a la que Urribarri le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014. Tres de esos cuatro spots se hicieron para instalar la precandidatura del exgobernador a la presidencia.
También está imputado en el delito de peculado el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y como partícipe, el “Corcho” Rodríguez.
Urribarri tiene imputación por peculado en una segunda causa. Es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó $4 de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre.
Por aquel entonces Urrribarri se encontraba en plena campaña de precandidato a presidente de la Nación, y sus propuestas solían aparecer casi todos los días en los medios nacionales. Aquella solicitada, en la tesis de la Fiscalía, abonó la propaganda de su candidatura presidencial.
La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto, casi al anochecer, a los Tribunales, investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
Son 46 las órdenes de publicidad del Ministerio de Cultura que dirigió Báez que fueron analizadas en la Justicia, y de las que se presume que fueron “direccionadas” hacia firmas afines al entorno familiar, como Tep SRL, del cuñado del exgobernador.
La causa está caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
La resolución que firmó la fiscal Patricia Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Precisamente Yedro, y los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa fueron quienes recibieron los tres escritos, uno por cada una de las causas, que presentó Urribarri el martes 28, y de ese modo rehusó declarar en las tres causas en las que está imputado.
En la Fiscalía destacan ese dato, más que el ardid de ir a declarar un inhábil judicial, y a una hora insólita. “Sabíamos que iba a cambiar el día y la hora. Pero aún cuando haya cambiado la fecha, lo relevante es que vino a declarar, que no fue necesario traerlo, pedirle el desafuero. Si pusiera reparos, y tuviéramos que iniciar el desafuero, el trámite se nos iría hasta 2019”, dice una fuente de la Justicia.
Urribarri no aportó mucho, salvo que repartió para sus subordinados: “Yo hacía según la recomendación de los organismos de control”, es lo que se desprende de su escrito en la causa Nelly/Mercosur. Cuando el exministro Báez fue a declarar, dijo todo lo contrario: que su áreas no tuvo nada que ver con la contratación. Y que las decisiones las tomaba el titular del Poder Ejecutivo.
El Tribunal de Cuentas argumenta que avaló la contratación de Nelly porque lo consultaron en “abstracto”; la Fiscalía de Estado, lo mismo: que consultaron si la publicidad formaba parte de los servicios autorizados a contratar sin licitación por la Ley N° 10327. No otra cosa.
–¿Entonces, quién tiene la culpa en todo esto?
–Para mí, todos son culpables –responde la fuente judicial–. Nosotros partimos de la base de que aquello que se autorizó no fue lo que se contrató. Y aquello que se contrató, no respetó el objeto para lo cual fue contratado. Pero esto está en investigación: todavía nos falta documentación por recolectar, y datos por conseguir.
Sólo en la causa Nelly Mercosur el nivel de “apuro” con el que los organismos de control autorizaron, sin siquiera saber de qué se trataba, una contratación por $28 millones, es asombroso.
La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47ª Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.
La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.
O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano”.
Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.
Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.
Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.
Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.
Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.
Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.
Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).
Así en la causa Nelly/Mercosur, una de las tres en las que el exgobernador está imputado, los dedos entintados, y su foto de frente y de perfil volcada en un expediente judicial. La más emblemática de las tres causas en las que Urribarri está imputado.
Ahora, los pasos que siguen corresponden a los fiscales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.,