Siete días. Ese es el plazo de prórroga que pidieron los defensores de, entre otros, el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, y otros ocho imputados en una causa que podría convertirse en la primera que siente al actual presidente de la Cámara de Diputados en el banquillo por el delito de corrupción. Sólo uno de los once imputados rehusó esa petición: el exministro Pedro Ángel Báez.
No obstante, la solicitud no tuvo cabida. La jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido. No habrá siete días más, sino los cinco que establece el Código Procesal penal para responder el pedido de elevación a juicio. Los cinco días, entonces, vencen el miércoles -el plazo había quedado suspendido un día por la audiencia de este viernes-, pero pueden presentar sus escritos los defensores un día después, el jueves, hasta las 9 de la mañana. Es un plazo «de gracia”, que son las dos primeras horas del día posterior a la fecha de vencimiento.
La petición de la prórroga se hizo durante una audiencia que tuvo lugar esta mañana, y que presidió la jueza Barbagelata, y en la que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro se opusieron de manera cerrada a cualquier tipo de prórroga. En el arranque de la audiencia, la jueza le pidió a los defensores precisión en los planteos por cuanto la solicitud incluye una “modificación de una norma procesal. En principio, es una norma que hay que respetar. Y por eso, se debe justificar acabadamente le pedido de prórroga”.
El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.
La petición de los fiscales Cánepa y Yedro incluye otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz -cuestión que deberá decir probablemente el juez de Garantías Eduardo Ruhl-; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 durante el gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Después del pedido de elevación a juicio, los defensores de los 11 imputados tuvieron un plazo de cinco días para responder, algo que consideraron exiguo y por eso pidieron la prórroga. En la petición hicieron punta los abogados de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy –este último, incluso, defendió en los medios ese pedido- pero paradójicamente ninguno de los dos asistió a la audiencia de este viernes. Otro dato relevante es que el abogado defensor de Baéz, José Velázquez, no se sumó al pedido de prórroga.
En la audiencia se conoció otra novedad: Gustavo Tamay cambió de abogado defensor. Prescindió de los servicios de Ramiro Pereyra –que no obstante asistió a la audiencia de este viernes para comunicar la novedad- y designó como defensor ahora a Guillermo Vartorelli, quien además ejercer la representación de Emiliano Giacopuzzi, integrante del directorio de las e empresas que se adjudican al cuñado Aguilera.
El primero de los defensores que verbalizó el pedido de prórroga fue Vartorelli, que reclamó una extensión de 7 días más para poder responder al pedido de elevación a juicio de la causa. Y lo justificó en “la necesidad de tener un plazo razonable para dar respuesta al pedido de la fiscalía de la remisión a juicio. Es una causa compleja, con distintas situaciones respecto de cada uno de ellos (los 11 imputados). Con abundante prueba. El exiguo plazo de 5 días no es suficiente para poder cumplir acabadamente con la función de defensor”.
Miguel Cullen, defensor de Corina Cargnel y de Maximiliano Sena, resultó el más enfático y quien más fundadamente desarrolló el pedido de prórroga de 7 días para responder al pedido de elevación a juicio. Fuera de la sala de Tribunales, se lo vio encolerizado porque, aseguró, “esta prórroga debió haber sido resuelta en acuerdo de partes, y no en esta audiencia”.
Dijo que a lo largo de más de un año de la investigación penal, la causa ha ido sumando figuras delictivas, imputados y acumulando prueba documental. “Entonces, lo que empezó con cinco imputados, terminó con once imputados. Y de negociaciones incompatibles llegamos al peculado. A la Fiscalía le tomó más de un año establecer las relaciones (entre los distintos imputados). Eso es lo que ahora sabemos, el hilo conductor, y el nexo de los imputados. Frente a eso, lo único solicitamos es, desde la buena fe y la igualdad de armas, es una prórroga para responder”, señaló.
“Estamos hablando de juzgar a quien fue dos veces gobernador de la provincia para establecer una defensa adecuada. No sé cuál sería el argumento para negarla”, planteó Cullen. Así, a los cinco días originalmente previsto de plazo, pidió que se agreguen otros siete.
Cánepa defendió la posición de la Fiscalía y dijo que todas las partes estaban al tanto de la próxima elevación a juicio de la causa. Y detalló que a “Marcos Rodríguez Allende –defensor de Urribarri-, impulsor de este pedido, también se le hizo conocer que la remisión era inminente. Inmediatamente, solicita ampliación de imputado de sus dos defendidos –Urribarri y Aguilera-. Se produjo la de Aguilera, pero no la de Urribarri. Urribarri pide ampliar, se le fija fecha y no comparece, y no presenta justificación. La investigación, para nosotros, está finalizada. No se la había remitido antes a juicio por el pedido de ampliación de indagatoria de Urribarri. Como no se presentó en todo diciembre, el primer día después de la feria remitimos la causa a juicio”.
Cánepa agregó que “independientemente de la buena o mala voluntad de la Fiscalía, nosotros entendemos que la letra de la ley nos impone oponernos al pedido de la defensa”. Y apuntó: “Desde el primer momento han tenido todos la causa a su disposición. No entendemos este pedido de prórroga”. De ese modo, pidió el rechazo al planteo de los defensores.
Su colega Patricia Yedro fue por la misma argumentación, y sumó la sorpresa que le produjo que en medio de la actual etapa de la causa, Tamay haya cambiado de abogado. En su exposición, dijo que el pedido de prórroga no encontraba justificación y enfatizó que todos los defensores han tenido acceso a toda la documentación incorporada a la causa. Y que otorgar esa prórroga pondría a los imputados, algunos funcionarios públicos, en una situación de privilegio.
El resto de las personas que son sometidas a proceso tendrían, así, un trato desigualitario. “Se afecta el derecho de igualdad, y se generaría un privilegio para funcionarios”, expuso Yedro.
La jueza Barbagelata, pasadas las 13, dio a conocer su resolución: no hizo lugar al pedido con el argumento de que los plazos son improrrogables, salvo violación a las garantías, que en el caso no fue demostrado.
De la Redac
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.