El presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, no será candidato a legislador nacional. Así se supo este sábado, último día que tenían las fuerzas políticas para inscribir los candidatos ante las Juntas Electorales partidarias para competir en las elecciones que vienen, donde Entre Ríos renueva tres bancas en el Senado y cuatro en Diputados.
Se trata de la sorpresa de estas elecciones, puesto que desde hace meses se barajaba la posibilidad de que sea postulado en representación del kirchnerismo. Esa idea se abonó cuando se dio la unidad del peronsimo provincial, que conformó el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, para competir en las elecciones provinciales. Se habló de un pacto entre el gobernador Gustavo Bordet y el presidente de la Cámara Baja.
Las listas del ahora Frente de Todos cerró con los siguientes nombres. Para Diputados: 1- Marcelo Casaretto (IAPV) 2- Blanca Osuna (exintendenta de Paraná y referente del kirchnerismo) 3- Aldo Ballestena (actual senador por el departamento La Paz) 4- MarielaTassitro (Massa). Para el Senado: Edgardo Kueider, secretario General de la Gobernación y hombre de confianza del gobernador Gustavo Bordet; y la concejal paranaense Stefanía Cora, otra referente del kirchnerismo.
Resta saber los motivos por los cuales no será candidato Urribarri. Hay quienes hablan de una fuerte disputa interna en el peronismo. De momento, el lunes el exmandatario será recibido por su jefa política, la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández, que va como vicepresidenta en la fórmula con Alberto Fernández. La cita se concretará luego de que la exmandataria pidiera permiso al Tribunal que la juzga en la causa conocida como Vialidad para faltar a la audiencia del lunes. La pregunta que sobrevuela es si habrá lugar para Urribarri en un eventual Gobierno del Frente de Todos.
Lo cierto es que finalizadas sus posibilidades de disputar por una banca nacional, ahora a Urribarri se le asoma el frente judicial, donde está complicado. A continuación, un repaso de las causas:
La causa madre, enriquecimiento
A Urribarri le esperan compromisos en la Justicia no bien pierda los fueros.ñ
En diciembre de 2015, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron al exgobernador por supuesto enriquecimiento ilícito. La presentación en la Justicia fue luego de una investigación periodística de la revista “Análisis”, que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri.
En el expediente, los acusadores públicos recaban información no sólo del exmandatario, sino también de su esposa, Ana Lía Liliana Aguilera, y sus hijos: el empleado legislativo Sergio Damián Urribarri; el exministro de Gobierno de Bordet, Mauro Gabriel Urribarri; el futbolista Bruno Saúl Urribarri; y el productor televisivo Franco Daniel Urribarri, entre otros.
Sueño Entrerriano
El 22 de julio será la audiencia de remisión a juicio de la megacausa del “Sueño Entrerriano”, en la que la Fiscalía lo acusa de haber utilizados fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2015, que terminó en la nada: se tuvo que bajar cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato a Daniel Scioli.
Esta contiene tres expedientes: la causa por la instalación del Parador playero, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23. La suma de todas estas investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones.
Los delitos que se le imputan a Urribarri y a al exministro de Comunicación y actual diputado provincial Pedro Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios. Los fiscales piden que a Urribarri se le impongan 9 años de cárcel, y 8 a su exministro, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Causa de la Vaca
El 29 de julio el presidente de la Cámara Baja deberá sentarse en el banquillo de los acusados por “la causa de la vaca”. El nombre del expediente es una ironía judicial que surgió cuando unos peritos comprobaron que un grupo de empresarios allegados al urribarrismo certificaba diferente publicidad en las rutas con un cúmulo de fotos en la que se observaban a las mismas vacas.
En la causa aparecen imputados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y otras 10 personas. Aquí la fiscalía determinó un fraude al Estado por $24 millones, por distribución irregular de publicidad entre 2010 y 2015.
Desde febrero de 2018, sobre Urribarri, Báez y Aguilera, pesa un embargo por $26 millones, más una inhibitoria general de bienes. Así lo dispuso el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, con el fin de evitar que se desprendan de sus bienes antes del juicio. La medida fue confirmada por la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). De lograrse una condena, el Estado podrá accionar civilmente para recuperar el dinero.
Este expediente llegó a la Cámara de Diputados, con un pedido de desafuero formulado por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, pero la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el peronista Diego Lara nunca resolvió al respecto.
La Fiscalía ya adelantó que pedirán 8 años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; 6 para la contadora Corina Elizabeth Cargnel, el empresario Hugo Fernando Montañana, y el responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Rubén Tamay; y 4 años de cárcel para Luciana Belén Almada (esposa de Aguilera), Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada (cuñado de Aguilera) y Maximiliano Romero Sena.
Una pauta al pizzero
Otra causa en la que que están imputados Urribarri y Báez, es por haberle otorgado una publicidad de $118 mil a Global Means SA, del empresario Germán Buffa, que también gerencia una franquicia de Planeta Pizza e integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer), exdueña de El Diario de Paraná. A los dos primeros se les imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que al empresario se le endilga el mismo delito pero en grado de partícipe primario.
Esta causa también llegó a la Cámara Baja con un pedido de desafuero por parte del juez Ruhl, pero también quedó bajo archivo. Esa falta de resolución sirvió para que los abogados de Urribarri y Báez plantearan que no podía llevarse el caso a juicio, dado que los legilsadores no le quitaron los fueros a dos de los suyos.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2018 un tribunal conformado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo resolvió que sí se podía avanzar hasta el debate oral y público.
“Decimos que no es un obstáculo para que la presente causa continúe hasta su finalización, por el simple hecho de que, en la medida en que no se pretenda restringir la libertad ambulatoria de los legisladores procesados, se encuentra plenamente garantizado el normal desenvolvimiento del órgano parlamentario del cual forman parte como integrantes Urribarri y Báez, que, reitero, es el único fin al que obedecen los fueros”.
Concluyeron que dado que durante la causa tanto Urribarri y Báez siempre se pusieron a disposición del juez instructor –Maldonado- “ello nos permite inferir que probablemente ni siquiera sea necesario que la Cámara de Diputados se expida respecto del pedido de desafuero remitido de cara a la realización de la etapa de juicio oral, pues en el caso de mantener tal temperamento frente al proceso penal, no será menester ejercer ninguna medida de coerción tendiente a restringir coactivamente su libertad ambulatoria y la causa podrá finalizar hasta el dictado de la sentencia en estas mismas condiciones”.
Vence plazo para tratar desafueros
En la Cámara de Diputados de Entre Ríos siguen pendientes los pedidos de desafueros que formuló la justicia para Urribarri, Báez y José Allende. Todo parece indicar que, en el marco de un contexto electoral, la Cámara Baja cambiará de integrantes en diciembre sin siquiera haber discutido el tema en el recinto.
El desafuero está establecido en el artículo 115 de la Constitución provincial. Y la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es quien debe tratarlos en una primera instancia.
La comisión está integrada por 8 diputados peronistas y 4 de Cambiemos: los oficialistas Ester González, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzman, Juan Reynaldo Navarro, Raúl Riganti (complicado en una causa judicial por sobreprecio cuando fue intendente de Larroque), María del Carmen Toller, Rubén Ángel Vázquez, y Guztavo Zavallo, un aliado en el recinto; y los radicales Jorge Monge, Gabriela Lena, María Alejandra Viola, y el macrista Esteban Vitor.
El Código Procesal Penal de la provincia, establece en su artículo 20 cómo es el trámite: “La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de comisión”.
Actualmente, la Cámara Baja se encuentra en el límite del plazo para expedirse al respecto.
Desafueros
El primer pedido de desafuero para Urribarri y Báez ingresó a la Comisión el 22 de mayo de 2018 y lleva el número de expediente 716.
Se trata del remitido por el juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado, que procesó a ambos por el delito de peculado y negociaciones incompatibles por haber otorgado pauta a la firma Global Means SA, del empresario pizzería Germán Buffa.
Segundo pedido de desafuero
La segunda solicitud de desafuero lleva el número de expediente 1.194 e ingresó el 6 de julio. Es la que remitió el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien elevó a juicio la causa en la que Urribarri y Báez están acusados de diferentes delitos contra la administración pública por el millonario reparto de publicidad oficial en vía pública entre 2010 y 2015, que tenía como principal beneficiaria a las firmas Tep SRL y Next SRL, que la Fiscalía vincula a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y secretario del bloque de senadores del PJ.
En ellas aparecen como socios su mujer, Luciana Belén Almada, y su cuñado Alejandro, quien fuera sorprendido con dinero en un operativo que le valió la apertura de una causa en la Justicia Federal por supuesto lavado de dinero.
El desafuero de Allende
El pasado 27 de junio de 2018, el juez José María Chemez envió al presidente de la Cámara de Diputados, Urribarri, el pedido de desafuero para el diputado y sindicalista José Allende. El expediente se registró bajo el expediente administrativo N° 1050.
Es la solicitud realizada en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. Además de Chemez, el legislador será juzgado por los vocales Daniel Julián Malatesta y María Carolina Castagno. La causa está a cargo del fiscal de Coordinación Álvaro Piérola. El legislador iba a ser juzgado el 29 de junio, pero el juicio se suspendió porque se amparó en los fueros.
Allende también tiene pendiente de resolución una segunda causa. La iniciada por violencia de género que tiene como denunciante a la ministra de Salud, Sonia Velázquez. La denuncia la formuló el viernes 26 de octubre de 2018 ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial, donde relató “aprietes” por parte de Allende.
6 meses para tratar los desafueros
En octubre del año pasado, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial pidió al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Diego Lara (PJ), que informe el estado de tratamiento de los pedidos de desafuero para Urribarri y Báez.
Lara respondió el 28 de octubre que aún quedaba un extenso plazo para que la Cámara Baja se expida. En el escrito dirigido entonces a la titular de la OGA, Nancy Guadalupe Bizai, explicó que el 31 de julio se reunió la comisión para analizar el pedido de desafuero que formuló el 6 de ese mes el juez de Garantías José Eduardo Ruhl.
Luego explicó que al no haber dictamen en el plazo de 60 días establecido por el artículo 20° del Código Procesal Penal de la provincia, el trámite pasó a la Cámara de Diputados, que tiene 180 días hábiles para resolver. Es decir, 6 meses.
En ese sentido, informó que a la fecha, y tomando al 31 de julio como “inicio del cómputo de los sesenta (60) días que marca el artículo 20° del Código Procesal Penal vigente, los integrantes de la Comisión no han emitido dictamen alguno, habiendo expirado el plazo para hacerlo”.
“En consecuencia, -concluyó- y de conformidad a la normativa antes citada, la Cámara de Diputados aún cuenta con el plazo de los ciento ochenta (180) días hábiles que establece el mismo artículo 20° del C.P.P.E.R para resolver el pedido de desafuero, aun cuando no exista dictamen en comisión”.
El 4 de diciembre fue la última sesión de la Cámara Baja en 2018. Tras el receso, los legisladores reanudaron las sesiones ordinarias el 12 de marzo de este año. Si se toma los meses de noviembre y diciembre del año pasado, y los transcurridos desde marzo, la Cámara Baja se encuentra en el límite de los 180 días hábiles para expedirse al respecto.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.