El exgobernador Sergio Urribarri está dispuesto a retrasar tanto cuanto pueda una audiencia que lo pondrá a las puertas de sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata de la causa que en forma corriente se conoce como la de «la vaca»: una investigación que tratar de determinar si se incurrió en un delito por parte de Urribarri y su ministro de propaganda, el ahora diputado provincial Pedro Ángel Báez, en la distribución de publicidad oficial por $24 millones en beneficio de empresas ligada al cuñado del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Aguilera.
El 27 de marzo, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl rechazó un planteo de «excepción por falta de acción» formulado por los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. La defensa del exgobernador planteó que la contratación de publicidad había sido aprobada, sin reproches por la Contaduría, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas, y que no cabía la acción judicial en esta instancia. Más aún: pidieron el sobreseimiento de Urribarri. “En nuestro ordenamiento ritual, no está prevista la excepción por falta de acción que intentaron”, argumentó el magistrado. Y apuntó que “dicha pretensión defensiva, debo decirles, resulta abiertamente incompatible en la instancia procesal en la que estamos, que es una etapa intermedia, con pedido de remisión de la causa a juicio”, dijo Ruhl, y respecto del pedido de sobreseimiento no quiso pronunciarse porque, entendió, ese incidente debe resolverse más adelante..
En esa causa, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados, cada uno, en $26 millones. Y esa medida dispuesta por la Justicia en febrero último, fue ahora también apelada. El planteo será resuelto en una audiencia que tendrá lugar el jueves 12 de abril, a las 9, que presidirá el juez Daniel Julián Antonio Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
El embargo
El jueves 1° de febrero, los fiscales a cargo ahora e la causa penal, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa.
La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
«La vaca»
¿Por qué «la causa de la vaca»? El nombre surgió tras una hilarante intervención en una audiencia judicial por parte del fiscal Santiago Brugo. La mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el juez Humberto Oscar Franchi, ayudado por una pantalla de video, Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria- empezó a proyectar imágenes.
Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.
Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.
Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales. La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.
No hubo necesidad de ADN: dos peritos del Poder Judicial comprobaron que la misma vaca estaba en todos lados por una sencilla razón: las fotos habían sido trucadas.
Claro, la vaca ya no está en discusión: de momento, los defensores de Urribarri discuten un asunto de mayor impacto en su economía, un embargo de $26 millones sobre sus bienes.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.