La situación judicial del exgobernador Sergio Daniel Urriarri quedó en stand by. El viernes 1°, a las 9, está prevista la realización de una audiencia en Tribunales para debatir la remisión a juicio de la primera causa que podría dejar al actual presidente de la Cámara de Diputados al borde sentarse en el banquillo de los acusados en una causa en la que se investigan delitos de corrupción.
Pero esa audiencia de remisión a juicio de la causa caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, depende de lo que este miércoles resuelva el tribunal conformado por los jueces Daniel Julián Antonio Malatesta, Gustavo Román Pimentel y Rafael Martín Cotorruelo.
Lo que debe resolver es clave: hay un pedido de recusación contra el juez José Eduardo Ruhl, que es quien debe presidir la audiencia del viernes 1° de junio.
Este lunes por la tarde fue la audiencia de recusación del juez de Garantías Rubén Eduardo Ruhl, que es el magistrado designado para resolver, el viernes 1°, la remisión a juicio de un caso en el que se investiga la distribución irregular, según la calificación del Ministerio Público Fiscal, de $24 millones en publicidad en vía pública que recayeron en manos de las firmas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, quien a su vez conformó con las firmas Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, un pool empresario que no permitió, entre los años 2010 a 2015, la participación de ninguna otra empresa. En medio, han dicho los fiscales, hubo pago de sobornos a las empresas Tep SRL y Next SRL por parte de Bustamante para garantizarse la permanencia de los contratos con el Estado.
En esa causa, el juez Ruhl decretó el embargo por $26 millones sobre los bienes del exgobernador Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, el cuñado Aguilera y el resto de los implicados: Corina Elizabeth Cargnel, Hugo Fernando Montañana, Gustavo Rubén Tamay, Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena. Y este viernes debe decidir si la causa conocida como «de la vaca» va finalmente a juicio oral.
Aunque el defensor Miguel Cullen, que representa a Alejandro Almada, Corina Cargnel y Maximiliano José Sena- pidió este lunes al tribunal que se aplace la audiencia de remisión a juicio. «Solicito que, al no tener juez por estar recusado, se mita orden de suspensión de la audiencia de remisión a juicio», planteó.
El tribunal, que preside Malatesta, no resolvió ese planteó ni tampoco los incidentes de fondo: la recusación del juez Ruhl y los pedidos de inconstitucionalidad de los artículos 46 y 48 del Código Penal, y de ese modo no frenar las sucesivas apelaciones que pretenden concretar. Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez, habló de la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales.
En la causa, están los defensores Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel.
En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.
El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
Sergio Urribarri, juez José Eduardo Ruhl.
Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.
“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.
Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
Cruce
Barrandeguy recusó a Ruhl por no haber fundado sus fallos. Pero además, su defendido, Urribarri, denunció al magistrado ante el Tribunal de Superintendenia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por mal desempeño.
«El planteo de recusación no está demasiado bien visto ni por los recusados ni por los tribunales. No entendemos por qué», lanzó Barrandeguy. «Nada debe ser entendido en el sentido de que agraviamos o faltamos el respeto a algún funcionario, los que deben continuar, más allá de estas recusaciones, con el prestigio que pudieran haberse ganado o no», añadió.
El argumento para la recusación es que actuó dos veces en la misma causa. «El doctor Ruhl ha intervenido activa y significativamente en este proceso (…) por lo cual su recusación debería proceder, sin demasiadas resistencias», apuntó.
Audiencia de recusación, este lunes: el miércoles se conoce la resolución del tribunal.
Negó Barrandeguy haya «denunciado» a Ruhl ante el STJ, y dijo que se trató de un «anoticiamiento». Y explicó el modo: «Mi defendido tomó la decisión de realizar esta presentación ante el STJ, que no es denuncia, sino anoticiamiento. No solicita el enjuiciamiento, pero pide al STJ que arbitre los recaudos necesarios de modo que las resoluciones del juez sean fundadas».
Su socio Candelario Pérez agregó que la presentación ante el STJ no tuvo por fin «descalificar ni tampoco desacreditar al doctor Ruhl. Solamente preservar la objetividad del proceso, puesto que había comenzado nuestro defendido (Urribarri) a sentir desconfianza en el servicio de justicia que impartía el doctor Ruhl».
«El objetivo es disciplinario y no para remoción del juez», completó. «Ruhl se ha manejado en forma discrecional y contradictoria. Ha resuelto sin fundamento cuestiones tan vitales como el ofrecimiento de pruebas», abundó Pérez.
Dijo Pérez que al notar esa «pérdida de imparcialidad» del magistrado, llevó a Urribarri a «tener desconfianza en la Justicia, y con esa desconfianza, realmente no puede haber proceso. Y si no hay proceso, tenemos que adoptar estas acciones dentro de la garantía que nos ofrece nuestro Código».
El defensor de Pedro Báez, Ignacio Díaz, pidió, además, que el tribunal se pronuncie, en caso de rechazar la recusación, respecto de la constitucionalidad de los artículos 46 y 48 del Código Penal.
Aunque anticipó que en caso de fallo adverso irá en Casación, luego ante el STJ, finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en última instancia, a los tribunales internacionales.
El abogado Guillermo Vartorelli adhirió en todos sus términos a los fundamentos de los otros defensores.
En tanto que Cullen pidió «quitar dramatismo a esto. Se trata de la decisión más importante de un abogado, que es tratar de tener un juez imparcial. No tiene más dramatismo que eso. Nadie pone en duda a nadie. Queremos tener un juez que no haya tenido opinión. Y acá tenemos un juez que ya emitió opinión al rechazar la prueba para el recurso de excepción. ¿Por qué nos ponen en la terrible situación de recusar? ¿Por qué no se quieren apartar? No sé por qué razón los jueces no entienden que un justiciable tenga confianza en un sistema de justicia».
A su turno, el fiscal Alejandro Cánepa advirtió «cierta contradicción en el planteo de la defensa. Se apelan las resoluciones de Ruhl por infundadas. Pero se lo recusa por adelanto de opinión. O no están fundadas o se adelanta opinión». Y agregó: «Si aceptamos la interpretación de Barrandeguy, cualquier juez que hubiera intervenido, debería ser recusado».
Cánepa pidió el rechazo de la recusación, e igual decisión para la denuncia que hizo Urribarri ante el STJ. «Es una denuncia. Se habla de rebeldía judicial. Se intenta que se apliquen medidas correctivas. Es una denuncia. Lo que se busca es una reprimenda al juez», opinó. Y citó el pronunciamiento del Procurador General Jorge García, que respondió esa presentación de Urribarri, al sostener que «no ha existido irregularidad» de parte del juez Ruhl.
El fiscal dijo que le «llama la atención» la sucesión de recursos de apelación de la defensa. «Nos parece que es un intento de manipulación de las normas procesales. Es un abuso del derecho de peticionar», añadió.
Y rechazó la observación que hizo el defensor Cullen al hablar de «dramatismo». Al respecto, aseguró: «La Fiscalía no le pone ningún dramatismo. La Fiscalía no ha hecho ninguna declaración publica en ningún momento del proceso. Quienes le ponen dramatismo son aquellos que refieren que existe en el poder judicial decisión de llevar a urribarri a los tribunales a los empujones», citó en clara referencia a declaraciones de Barrandeguy.
El fiscal Gonzalo Badano tildó de extemporánea la recusación y pidió al tribunal que rechace los planteos.
La decisión, finalmente, se conocerá este miércoles 30, a las 12.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.