El presidente de Global Means SA, Germán Buffa, declaró como imputado ante el juez de Transición Nº2 de Paraná, Gustavo Maldonado, que tramita una causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri.

En esta causa están imputados por negociaciones incompatibles con la función pública, además del exgobernador y hoy presidente de la Cámara de Diputados, el exdirector de Información Pública –luego ministro de Comunicación- Pedro Báez, actualmente diputado del Frente Justicialista Somos Entre Ríos-ex FpV.

Tanto Urribarri como Báez presentaron escritos al magistrado, es decir, no respondieron ninguna pregunta. Ambos negaron haber direccionado, en 2011, dos contrataciones por la suma de $118 mil en beneficio del empresario Buffa. Aseguraron, en síntesis, que la contratación fue transparente y que pasó por todos los organismos de control.

Buffa llegó al Palacio de Tribunales a las 9, acompañado por su abogado José Velázquez. Abordado por Entre Ríos Ahora, el empresario -que gerencia una franquicia de Planeta Pizza y es además miembro del directorio de El Diario- evitó responder las consultas, y sólo se limitó a decir que iba a declarar ante el juez Maldonado.

Su declaración indagatoria duró exactamente 2 horas. La indagatoria al empresario fue presenciada por los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano. El presidente de Global Means SA se retiró de Tribunales a las 11, y ante la pregunta de si tiene  vínculos de negocios con Urribarri o Báez, respondió que no.

Ahora, según el Código Procesal Penal (CPP), el juez Maldonado tiene 10 días hábiles para dictar el auto de mérito. Tiene dos posibilidades: procesar a los imputados o dictar la falta de mérito y poner fin al caso.

La causa

La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D’ Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

La denuncia de D’ Agostino advertía que el gobierno de Urribarri  adjudicó $1 millón en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y $500 mil a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.

Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con $200 mil; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió $271 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los $800 mil.

Sospechados por direccionar $118 mil

La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública,  el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primer era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismo legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

El miércoles 21 se presentó Urribarri, quien entregó un escrito en el que aseguró que la contratación de Global Means SA fue “absolutamente legal”; la selección del contratista “absolutamente regular”; que la tramitación de la contratación fue transparente; y negó conocer a la firma adjudicataria del contrato, como así también a sus socios, directores, gerentes y administradores.

“En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie en particular ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación”, dijo el exmandatario.

 

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.