El abogado Milton Ramón Urrutia está involucrado en una investigación penal por el supuesto delito de estafa en perjuicio de un grupo de productores apícolas a los que representó en un juicio contra una acopiadora de miel que se llevó la producción sin pagarles.

Lo denunció el fiscal Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, y en ese proceso, Urrutia había sido citado por el fiscal Federico Uriburu para este miércoles, a las 9. El letrado viajó a Nogoyá, pero se negó a participar de la audiencia con el representante del Ministerio Público Fiscal.

En vez de eso, presentó un pedido de nulidad de toda la investigación ante el juez de Garantías Gustavo Acosta. Cuando llegó a Nogoyá, Urrutia se enteró que la investigación por el supuesto delito de estafa no se agota en él, sino que involucra también a su socia, la abogada María Alejandra Pérez, a quien pretendió presentar como su defensora. No pudo.

«Solamente vino a hacer circo», dijeron en los Tribunales cuando lo vieron entrar, y negarse a cumplir con los trámites para los que había sido citado.

Este viernes 9, Uriburu lo notificó a Urrutia de la apertura de la causa, caratulada “Molina Rodrigo Fiscal Auxiliar Nogoyá s/Denuncia”, y la citación para comparecer en los Tribunales de Nogoyá el 14 de este mes, a las 9, “a fin de prestar declaración”, y le anotician de la necesidad de designar un abogado.

“No obstante su profesión de abogado, le hago saber que previamente deberá designar abogado defensor, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera le será designado un defensor oficial, salvo que opte por ejercer su defensa en forma personal”, dice el texto de la citación.

El caso es una derivación de una causa mayor.

El 5 de noviembre la Justicia de Gualeguay condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a Mónica Patricia García, y a 2 años y 8 meses a Fernando López Durán, representantes de la firma Bee Witch, acusados de estafas reiteradas, en perjuicio  de un grupo de productores apícolas de la zona de Nogoyá.

El tribunal, conformado por los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Dardo Tórtul, consideró que “ha quedado debidamente probado en lo sustancial que los mismos (García y López Durán) resultaron constitutivos de reiteradas maniobras defraudatorias consumadas por ambos imputados en perjuicio de 24 productores de miel de nuestra provincia, a quienes, con conocimiento previo y cierto de que no les cumplirían las condiciones acordadas, ocultando la real situación económica y financiera de la firma que representaban, aparentando una solvencia que ya no tenían, y librando cheques de pago diferido en cantidad significativa, por millonarios montos, que también sabían al tiempo de su emisión y entrega que a sus vencimientos no cumplirían, induciéndolos a error, logran a través de tales ardides y engaños, les entreguen importantes cantidades de la miel que producían, defraudando de este modo la confianza y el crédito que les otorgaran fruto de aquellas maniobras, todo lo cual aconteció en las fechas y en las circunstancias atribuídas”.

La estafa supuso que los productores entregaran 200 mil kilogramos de miel a la firma, por un monto total de $4 millones,  “que las víctimas no percibieron en los tiempos y modalidades pactadas, lo que puede darnos hoy, luego de dos años y lo que aquellas sumas podrían representar en la actualidad, una idea cierta de la magnitud de dichas maniobras, que lejos de resultar como pretende la defensa meros incumplimientos contractuales ajenos al derecho represivo, constituyeron conductas de neto corte defraudatorio, que atrapadas por el catálogo represivo merecen consecuente reproche”.

Antes de llegar a juicio, según cuentan fuentes judiciales, Urrutia pretendió alcanzar un acuerdo  entre los productores estafados y la empresa que los estafó. En medio, hubo una serie de maniobras cuya licitud ahora investigan en Tribunales de Nogoyá. Y para eso debía estar presente este miércoles.

Escandalete

Primero, envió por correo electrónico un pedido al Juzgado de Garantías de Nogoyá para que declare nulo todo el procedimiento que llevó adelante la Fiscalía. La petición la hizo aún cuando desconocía los pormenores de la pesquisa judicial.

Cuando llegó a Tribunales, presentó un escrito en el que propuso a la abogada Alejandra Pérez como su representante legal, y anticipó que ejercería su propia defensa.

Luego de eso, pidió el aplazamiento de su declaración como imputado hasta que el Juzgado de Garantías resuelva sobre su pedido de nulidad. Pero el fiscal Uriburu no le hizo lugar al planteo de postergación del trámite, y como Urrutia seguía empecinado en su actitud de desconocer la actuación del Ministerio Público Fiscal, se resolvió enviarlo al área de Antecedentes Personales de la Policía para que le entinten los dedos. También se rehusó.

Tras una infructuosa búsqueda de abogado que los represente -intentaron con el dirigente peronista Juan Orlandi, que rechazó el convite-, pidieron conocer el expediente. Le fotocopiaron las actuaciones, y antes de entregárselas, el empleado judicial pidió que le firmara la conformidad. Urrutia se negó.

Entonces, el letrado acude a un último recurso: pide hablar con el fiscal Uriburu. Cuando le informan que el funcionario judicial estaba dispuesto a recibirlo, ya no quiso ingresar a Fiscalía: fue en busca de una escribana. Acuden a los servicios de la escribana Josefina Lobosco, quien se hizo presente en Tribunales.

Sólo ingresaron Lobosco y la abogada Pérez. Urrutia no quiso ingresar al despacho del fiscal Uriburur, donde se labró el acta.

Entonces, Pérez cayó en la cuenta de que la investigación penal no apuntaba solamente a Urrutia sino que también la involucraba

 

Ahora, el abogado -que fue querellante en la causa por abusos y corrupción de menores del cura Justo José Ilarraz, y luego defensor del sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, también en una investigación por abuso y corrupción de menores, ambos finalmente condenados a 25 años de cárcel- quedó así en medio de una situación incómoda en la Justicia: con una investigación en su contra por el supuesto delito de estafa. Aunque resta ahora que decida el juez de Garantías qué trámite dará a su pedido para que se declare la nulidad de las actuaciones.

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.