Los directores y rectores del departamento Uruguay se rebelaron contra la pretensión del Consejo General de Educación (CGE) de imponerles la obligación de informar, de modo diario, el índice de ausentismo docente en sus escuelas.

La orden oficial está contenida en la resolución N° 2.566, que dictó el Consejo de Educación, y que los docentes de la costa del Uruguay aseguran que fue emitida en forma “unilateral”, lo cual provocó descontento en las escuelas, por lo cual derivó en la presentación de recursos de revocatoria.

El personal directivo uruguayense se asume como “trabajadores” y no como “funcionarios públicos”, postura que, aseguran, ha sido recurrentemente expuesta por las autoridades “en instancias de conflicto laboral por diferentes gobiernos a lo largo de años,  hecho que ha menoscabado el ejercicio pleno de nuestro derecho constitucional a la huelga”.

Y denunciaron que medidas de ese tipo se constituyen en disposiciones coercitivas y que “el verdadero espíritu de su redacción y aplicación es el de reprimir y acallar nuestra protesta que como trabajadores de la educación que en su rol directivo queremos expresar”.

Los directivos de la costa del Uruguay aseguran que la disposición del Consejo de Educación “tiene como uno de sus objetivos principales la carga de trámites vinculados a la licencia o inasistencia del personal del sistema educativo”, con lo cual deriva en el hecho de que se “duplique o triplique la tarea administrativa de un directivo. En realidad detrás de la solicitud de carga diaria de asistencia, se esconde la presión a rectores y directores de los establecimientos educativos, para hacerlos partícipes de la coacción del Estado sobre el derecho laboral de sus compañeros docentes”.

Y dicen que se está al borde de una modificación de facto del régimen de licencias docentes, por cuanto el hecho de considerar al docente “como ausente de manera injustificada, salvo se indique lo contrario en el término de 10 días, desconoce los acuerdos colectivos a los que arribamos fruto de muchos años de debate”.

“Queremos expresar a nuestra sociedad que la tarea del personal directivo y docente es tan compleja como lo es el actual entramado social –destaca el documento–. Que la institución educativa es la caja de resonancia de todos los problemas que ella padece; de las carencias materiales y simbólicas, de la violencia, las adicciones, del embarazo adolescente, el bulling y tantos otros flagelos que la atraviesan. El silente trabajo docente se ve acrecentado en estos días, en donde nuevamente los efectos de las recurrentes crisis económicas, golpean los lugares más sensibles y carenciados de nuestra sociedad. La repuesta del Estado ante esta realidad es la de aumentar la coacción sobre la institución educativa, a la cual se le recortan recursos presupuestarios, a la que no se la dota de los recursos humanos y técnico profesionales necesarios”.

En ese marco, se declaran “decididamente en contra de la resolución 2566/16 y toda normativa precedente que con el mismo sentido ataca nuestra de dignidad de Trabajadores. Exigiendo su inmediata derogación, como así también el alejamiento de nuestro sistema educativo aquellas concepciones que encarnan principios burocráticos que se trasuntan en normativa de esta naturaleza”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.