Un día, el 15 de octubre de 2020, Dolores Etchevehere ingresó al campo Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena, y se afincó durante quince días con integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois.

“Un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales hemos decidido acompañar a Dolores Etchevehere en la recuperación de la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. Juntos, hemos conformado Proyecto Artigas y hemos plantado, en la tierra que le pertenece por derecho natural, la primera semilla de una reparación histórica”, dijeron entonces sus adláteres, pero lo que prometía convertirse en un proyecto nacional para desalambrar propiedades de terrateniente terminó en un escándalo transmitido por la TV nacional.

Explicaron desde Proyecto Artigas: “Hemos acordado con Dolores Etchevehere la cesión del 40% de la tierra que le corresponde como legítima heredera de su padre para construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa. Nos proponemos construir allí un proyecto productivo que cuide la madre tierra y respete los derechos de las familias campesinas”.

De todo eso, claro, nada. El 29 de octubre de 2020, un puñado después de la incursión revolucionaria, un ejército de policías ingresó a Casa Nueva con una orden de desalojo firmado por la jueza de juicio María Carolina Castagno. Dolores Etchevehere, que había anunciado que de allí la sacarían muerta, apareció escoltada por la Policía, y con una causa anexa a la de usurpación: por resistencia a la autoridad.

Luis Miguel Etchevehere, con un poco de sorna y mucha malicia, diría después que los militantes de Proyecto Artigas sólo habían plantado almácigos de perejil.

Entonces, se viralizó la historia maldita de los Etchevehere. “Los Etchevehere corruptos”, empezó a llamar Dolores a sus hermanos Luis Miguel, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Arturo Sebastián, que ahora coquetea con los libertarios por plantar su precandidatura a intendente de Paraná y Juan Diego Etchevehere.

En “Sola”, su autobiografía, Dolores Etchevehere habla de Juan Diego, el menor de sus hermanos, con la furia que solo da el desapego familiar: dijo que  “no se destaca en nada virtuoso, basta googlearlo y aún así no existe; siempre está olfateando una oportunidad para ganar plata, no importa a través de qué” De Arturo Sebastián, que la golpeaba cuando era chica. Y de adulta también: tenían que sacarla de la casa que compartían porque sino no paraba. Y si paraba era para escupirla en el piso, cuando ella ya no aguantaba los guantazos.

Dolores Etchevehere salió expulsada por la Policía y con una orden judicial de Casa Nueva, el campo que siempre creyó propio. Su propia familia, su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y sus tres hermanos la denunciaron por usurpación.

Empezó entonces una batalla judicial que hoy aún no termina. La Justicia decidirá recién el próximo lunes 27 si Dolores Etchevehere y uno de sus más estrechos colaboradores durante aquella incursión en Casa Nueva, el abogado Facundo Taboada, se sientan en el banquillo de los acusados en un juicio oral, como impulsan los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa.

El martes 7 del actual se realizó la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal formalizó ante el juez de Garantía de La Paz, Walter Carballo, la remisión de la causa a juicio. El magistrado, luego de escuchar a las partes, no adoptó una resolución sino que aplazó su decisión hasta el próximo lunes 27.

En principio, esa audiencia se había fijado para el 4 de mayo, pero se reprogramó  puesto que el magistrado estaba de licencia. De la audienica participaron los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa; los defensores de Dolores y Taboada, Lisando Mobilia, Patricio Cozzi y Daniela Verón; y los querellantes Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, que representan a la firma Las Margaritas SA, de los Etchevehere, propietaria de Casa Nueva. En esa instancia se abordaron los expedientes «Etchevehere Dolores-Taboada Facundo s/ usurpación» y «Etchevehere Dolores s/ desobediencia judicial».

El 4 de junio de 2021, a casi un año de los hechos, los fiscales Sobko y Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y también para el abogado Facundo Taboada.

Por su parte, los defensores pidieron el sobreseimiento de Dolores y Taboada. «Nosotros pedimos la nulidad de la imputación. Entendemos que está mal y difusamente imputado el hecho. Se habla de usurpación, pero no delimitan correctamente. No dicen si estamos hablando de usurpación por intimidación, engaño o clandestinidad. Hay una confusión inmensa. No se ponen de acuerdo entre la querella y la fiscalía respecto de cómo imputar el hecho», aseguró el abogado Mobilia a Entre Ríos Ahora.

«Por un lado, pedimos la nulidad y, por otro, ya que pasamos a un cuarto intermedio, en la audiencia que viene vamos a pedir el sobreseimiento. El juez dijo que va a resolver por escrito tras la audiencia del 17», agregó.

A esta instancia se llega luego de un pleito que inició Dolores a través de sus abogados para apartar a los dos fiscales de la causa, Sobko y Bessa. Pero esa estrategia no prosperó.

El caso se desató de la espectacular ocupación por Dolores junto a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, del campo Casa Nueva. Ello ocurrió el 15 de octubre de 2020. Sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, más su madre desplegaron movilizaciones multitudinarias para exigir el desalojo hasta que consiguieron que el 29 de octubre de ese año la camarista María Carolina Castagno ordenase el desalojo. El caso siguió luego por el carril de la justicia penal impulsado por  la Fiscalía de La Paz y los abogados de Barbero Marcial.

Acusación

La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009.

No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

En el escrito elevado por los fiscales al juez, indican que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisan que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

También señalan que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Luego resaltan que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».

El segundo hecho se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.