La caída de 100 contratos laborales en la Administración Pública este 31 de diciembre genera rechazo desde distintos sectores, en especial porque se afecta, señalan, la actividad que desarrolla un organismo clave, el Registro Único de la Verdad.
Pero el Gobierno ha dicho que «no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica».
“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado», destallaron.
Pero hay miradas distintas que cuestionan la decisión.
“Los organismos de derechos humanos, personas y organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra honda preocupación ante la no renovación de los contratos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos”, dice un pronunciamiento que lleva las firma de más de 800 personas de todos los ámbitos.
Y señala: “Esta decisión del Gobierno Provincial implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de los años se sostuvieron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”. Destaca asimismo que desde el Registro Único de la Verdad “se lleva a cabo un trabajo que transcurre entre legajos, nóminas, documentos que conforman el acervo documental esencial al momento de reconstruir lo ocurrido en nuestra provincia durante una de las dictaduras más cruentas de nuestra historia”.
“La labor de los trabajadores y las trabajadoras de ese organismo no es solo una tarea administrativa, a través de investigación, análisis, sistematización de información y preservación de documentación constituyen un aporte fundamental para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal”, subraya, y apunta: “Camino a los 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar hay una necesidad real y actual de esos puestos de trabajo. Insistimos en que la memoria no se sostiene sola, necesita políticas públicas activas, equipos de trabajo estables y un Estado comprometido. Vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no constituye un simple ajuste administrativo: es un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, por lo tanto, al fortalecimiento del sistema democrático. El trabajo del RUV es una garantía para que el autoritarismo no vuelva a instalarse en nuestra sociedad”.
Foto portada: La Lucha en la Calle
De la Redacción de Entre Ríos Ahora