El fin de la feria judicial y el reinicio de la actividad en Tribunales, a partir de este martes 4, vuelve a la agenda pública las causas por corrupción sobre los que la Justicia puso la lupa y que este año irán a juicio oral.
Varisco
El lunes 10 se abrirá el juicio oral al exintendente de Paraná, Sergio Varisco, en la denominada «Causa Mutual Modelo». Las audiencias se extenderán durante las jornadas del martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y martes 18 de febrero de 2020.
Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal por ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el exasesor legal y actual concejal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, están involucrados como partícipes primarios.
El tribunal que juzgará a Varisco está conformado por los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno. El juicio, en un primer momento, se había fijado para los días 14, 15, 16, 20 y 23 de mayo de 2019, pero luego fue aplazado en función del estado de salud del intendente de Paraná.
En diciembre último, Varisco ya fue condenado por la Justicia Federal a la pena de 6 años y medio de prisión al ser hallado partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes en la causa conocida como narcomunicipio. Y cumple arresto domiciliario.
Canosa
El 17 de febrero, a las 12,30, la Cámara de Casación Penal dará lectura del veredicto al que llegaron los jueces Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano a la apelación que presentó el abogado Juan José Canosa, que durante las dos gestiones de Urribarri estuvo al frente de la tarjeta oficial Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), que busca anular el fallo condenatorio que dictara el Tribunal de Juicios y Apelaciones conformado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel.
En un fallo unánime del 12 de septiembre de 2018, los magistrados condenaron al extitular de Sidecreer a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al hallarlo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública -haberse interesado, desde el Estado, en contratar empresas ligadas a su familia o a sus amigos-, una pena más moderada que la que había pedido la Fiscalía: 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Urribarri
El exgobernador Sergio Urribarri y ahora designado embajador en Israel será llevado a juicio este año en dos causas de amplia resonancia pública: en “la causa de la vaca”, en la que se lo investigó el supuesto reparto amañado de pauta publicitaria hacia allegados, entre ellos su cuñado Juan Pablo Aguilera; y en la causa denominada “Sueño Entrerriano”, en la que se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial de 2015.
Para la primera de las causas ,se fijó que se lo siente en el banquillo, junto a otros imputados, desde el 27 de abril al 27 de mayo. En rigor, el debate se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de abril; 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo.
En tanto, en agosto iniciará el segundo juicio. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.
Hay, de todos modos, un planteo de sus defensores para aplazar las audiencias hasta que se resuelva un recurso.
Rossi
El exvicegobernador y actual intendente de Santa Elena -va por su quinto mandato-, condenado en 2006 a tres años de prisión condicional por el delito de enriquecimiento ilícito, enfrenta una segunda causa del mismo tenor. Sin suerte, ya ha presentado seis pedidos de sobreseimiento en la Justicia, convencido de que se trata de una causa «armada» en su contra.
El 20 de diciembre último, ante el juez de juicio Pablo Vírgala, el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo, formalizó el sexto pedido de sobreseimiento, que todavía está sin definición. El propio Reggiardo contó a Entre Ríos Ahora que aguardan la notificación de lo resuelto por Virgala.
Alanis
En octubre último, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) concedió el recurso extraordinario federal para que la condena que se aplicó al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exsenador Humberto Re (UCR) pueda ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 3 de abril de 2018 el Tribunal de Juicios y Apelaciones -conformado por los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo- condenó a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exvicepresidente primero del Senado Humberto Carlos Re (UCR), al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los u$s 6 millones durante el año 1999 en el Senado de Entre Ríos, cuyo destino final todavía hoy se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de $90 mil.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condenó este martes a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exvicepresidente primero del Senado Humberto Carlos Re (UCR), al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los u$s 6 millones durante el año 1999 en el Senado de Entre Ríos, cuyo destino final todavía hoy se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de $90 mil.
Ninguno, de momento, irá a prisión hasta que la condena quede firme. Los otros dos involucrados en la causa por peculado –utilizar fondos públicos en asuntos privados-, los exadminsitradores de las cuentas del Senado, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador y yerno del exgobernador Jorge Busti, y el contador José Maximiliano Crettón Pereyra, recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional al haber accedido a un juicio abreviado.
Contratos Truchos
La causa que se inició en la primavera de 2018 y que en principio puso patas para arriba a la estructura del Poder Legislativo, al descubrirse una supuesta red de tráfico de fondos público a través de contratos que se consideraron apócrifos espera en 2020 una primera definición: los resultados de una pericia contable para determinar si los contratos son efectivamente truchos y en caso de que haya un desfalco, de cuánto es el monto del perjuicio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
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