El abogado uruguayense Héctor Mauro Varzón asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el organismo encargado de la selección de funcionarios que ocupan distintos cargos en el Poder Judicial y que en 2023 estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de la convocatoria para seleccionar postulantes para ocupar los cargos concursados en la Fiscalía Anticorrupción, trámite que finalmente se echó por tierra en base a un fallo judicial.

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A Vazón lo acompañará como secretario del Consejo de la Magistratura Rodrigo Devinar, docente de la Universidad Católica Argentina (UCA), y exsecretario del Concejo Deliberante de Paraná en tiempos en que Josefina Etienot fue viceintendenta (2015-2019).

Vazón es vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos y tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri y el actual gobernador Rogelio Frigerio. En 2016, Macri lo designó presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU.

En la CARU lo acompañaron otros dos dirigentes uruguayenses durante el macrismo: el actual ministro de Turismo Jorge Satto, y el dirigente Juan Ruiz Orrico.

De la CARU la salida de Vazón fue en medio de una polémica.

A comienzos de 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, se conoció la información de la deuda de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU): entonces se supo que el gobierno de Mauricio Macri dejó importantes deudas del país con organismos internacionales, por un total superior a 150 millones de dólares. La situación determinó que la Argentina estuviera a punto de ser penalizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque se le debían más de 100 millones de dólares, deuda que se canceló a mediados de diciembre pasado a través de la última de las cuatro cuotas por un total de 17 millones de dólares, el mínimo exigido por el organismo internacional.

 

Al difundirse el detalle, se conoció que la CARU figura en él con una deuda de 1.866.000 dólares, por «mantenimiento del dragado del río Uruguay», según el sitio El Miércoles Digital.

Mucho antes de llegar a la CARU, el nombre de Vazón se había visto salpicado por otro hecho llamativo.

En 2021, el juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, absolvió a Esteban Vitor y Héctor Mauro Vazón en una causa donde se investigaban irregularidades en el manejo de fondos de la campaña electoral de la alianza Unión por Entre Ríos en el año 2013.

La Cámara Nacional Electoral había desaprobado la rendición de cuentas presentada por la Unión por Entre Ríos –una alianza entre el PRO y el Frente Entrerriano Federal que encarnaba el ex gobernador Jorge Busti– respecto de la campaña para la elección de senadores y diputados nacionales de 2013, por una diferencia de 36.838,78 pesos entre lo que recibió la agrupación en concepto de “aportes para impresión de boletas” y lo que declaró haber gastado efectivamente en la contienda.

Vitor era el “responsable político” y Vazón era el “responsable económico-financiero” de la campaña y estaban acusados por no haber acreditado debidamente el origen y/o destino de los fondos públicos y/o privados percibidos por la agrupación política.

El juez federal con competencia electoral Leandro Ríos decretó la absolución de ambos dirigentes. En el caso de Vazón, porque el Ministerio Público Fiscal no sostuvo la acusación; mientras que respecto de Vitor, el magistrado señaló que no era quien tenía “el deber de custodiar la regularidad del origen y destino de los fondos”.

El magistrado señaló que “son el tesorero y el responsable económico­financiero de campaña quienes deberán presentar el informe final en forma conjunta y, por lo tanto, exclusivamente sobre ellos recae el deber de custodiar la regularidad del origen y destino de los fondos partidarios en lo referente al informe final”, es decir, Vazón.

En cambio, Vitor, en tanto responsable político, “no tiene un ‘deber de transparencia activa’ sobre el informe final de campaña”; “carecía de competencia para subsanar o corregir directamente determinadas carencias o infracciones, pues la existencia de un deber de control generado por la sola circunstancia de que haya firmado el formulario de presentación del informe final de campaña, importaría la creación de un deber jurídico-político sin competencia legalmente establecida” y tampoco surge del acuerdo constitutivo de la alianza electoral “que los partidos políticos integrantes o los titulares de dichos deberes de control hayan instituido o delegado deberes residuales de supervisión en el responsable político de campaña”, como era el caso del actual diputado provincial.

En las elecciones nacionales del año 2013, la alianza Unión por Entre Ríos postulaba a Alfredo De Ángeli como candidato a senador y a Cristina Cremer de Busti como candidata a diputada, quienes resultaron electos.

En la rendición final de cuentas que hizo Unión por Entre Ríos surgieron algunas inconsistencias entre el origen y el destino de los fondos recibidos por la agrupación, lo que motivó, primero, una sanción administrativa que consistió en que no pudiera percibir los aportes públicos, y luego una investigación penal contra el responsable político (Vitor) y el responsable económico-financiero (Vazón), según publicó el sitio Página Judicial.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora