La justicia prorrogó por otros dos meses las medidas de coerción que pesaban sobre los 8 policías de la Comisaría N° 15 de Santa Elena, en el departamento La Paz, que están acusados de dos serios delitos: vejaciones y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de un menor de 16 años.

Se trata de la causa en la que un joven denunció a toda una guardia de policías el lunes 29 de julio en la Unidad Fiscal de La Paz. En la exposición ante el fiscal Santiago Alfieri, el chico afirmó que el sábado 27, por la noche, acompañó a un tío de su novia a realizar una denuncia y que terminó del peor modo: según dijo, tras un cruce con un policía de civil en la vereda de la dependencia, fue arrestado y golpeado en un “cuarto oscuro” de la institución ubicada sobre avenida San Martín.

Los uniformados fueron detenidos el martes 30 de julio tras una serie de operativos que se realizaron en muchos casos en sus domicilios. El miércoles 1° fueron liberados, pero se les aplicó una serie de medidas de coerción por 60 días a los fines de proteger a la víctima: se les prohibió prestar servicios en Santa Elena; usar el arma reglamentaria fuera de servicio; acercarse y permanecer cerca del denunciante; y se les prohibió realizar manifestaciones públicas en relación al joven.

Cabe recordar que todos los efectivos son defendidos por el abogado paceño Roberto Alsina.

Este jueves, el juez de Garantías de La Paz, Raúl Damir Flores -subrogante del juez Walter Carballo-, prorrogó por otros 60 días las medidas de coerción, haciendo lugar al pedido del fiscal Alfieri. Y es que se estima que en ese plazo el acusador público finalice con la investigación penal preparatoria y pida la elevación de la causa a juicio. Las medidas estarán vigente hasta el 8 de diciembre.

La causa

La investigación penal se abrió el lunes 29 de julio tras la denuncia formalizada por un joven, quien dijo que el sábado 27, por la noche, fue detenido tras un entredicho con un uniformado de civil y golpeado por varios policías en la dependencia.

Natalia Centurión es la madre del chico que dio a conocer el caso el domingo 28 de julio en una entrevista publicada por el sitio La Sexta, del departamento La Paz. Días después contó la versión de su hijo en el marco de una entrevista en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1: “Mi hijo lo había acompañado al tío de su novia a hacer una denuncia. Mi hijo estaba atacado del pecho y escupió. Un policía de adentro del patrullero le dijo ‘guanaco de mierda’ y mi hijo respondió. Después el policía le dijo ‘¿te la aguantás?’. Mi hijo volvió a responder y ahí el mismo policía lo agarra del cuello y le empieza a pegar piñas en la cabeza. Ahí salen otros tres policías del patrullero y lo llevaron adentro (de la Comisaría). Mi nuera se prendió de la cintura para que no lo lleven. A mi hijo lo metieron y lo pusieron boca abajo arriba de una mesa: le agarraron las manos para atrás, y le empezaron a pegar patadas en las costillas. Después lo llevan a un pasillo oscuro y lo cagan a palos”.

Luego de que el caso tomara estado público, el Jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, dispuso desvincular a los efectivos hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Por su parte, el jefe de policía de Santa Elena, Diego Godoy, dijo en una entrevista el 1° de agosto que esperan que se resuelva cuanto antes la situación. “Es una situación bastante compleja por lo rápido y drástico que se tomaron algunas decisión por parte de la justicia, pero son las facultades que le corresponden. Creería y confío que están encaminados en busca de la verdad. Ojalá que salga a la luz la vedad a la brevedad para traer tranquilidad a la sociedad, y más al personal que estaría involucrado y al entorno familiar, porque detrás de cada funcionario detenido hay una familia que está sufriendo”, dijo entonces.

El pasado 9 de septiembre, el fiscal de la causa dijo a Entre Ríos Ahora que trabaja en la “depuración” de las responsabilidades de cada imputado.

Según explicó, busca establecer detalladamente los distintos niveles de responsabilidad por omisión funcional o por intervención en la propia golpiza.

A su vez, descartó la posibilidad de que los uniformados puedan acceder, si quisieran, a una probation, ya que el caso se resolverá a través de “un juicio o juicio abreviado”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.