El resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto creó un nuevo escenario en el país: una estrepitosa derrota para la administración del presidente Mauricio Macri, que quedó 15 puntos abajo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en fórmula con la expresidenta Cristina Fernández. ¿Lo que dejaron las primarias a nivel político produce algún cambio en el humor y en la tramitación de causas en la Justicia, en particular aquellas que salpican al arco político en investigaciones por corrupción?

El abogado José Velázquez, que fue codefensor del actual diputado provincial Pedro Ángel Báez, que defiende a quien se sindica como su testaferro en una investigación por enriquecimiento, Germán Buffa -miembro del directorio de El Diario- y que ejerce la representación de los considerados «recaudadores» en la mega causa de los contratos truchos en la Legislatura, dice que el resultado de las primarias impacta en la Justicia. «Pero este nuevo escenario no significa impunidad. Para nada. Eso es lo que se ha tratado de instalar: que con este nuevo proyecto político en el Gobierno, van a empezar a repartir sobreseimientos, excarcelaciones, etcétera. Pero de lo que se trata es de normalizar, de poner al Poder Judicial en ese rol del cual nunca tendría que haber salido, que es la última intervención ante un conflicto. Se va a volver a atender esta garantía, que se ha dejado de lado hace bastante tiempo, y que es el derecho a ser oído. Me parece que la Justicia no tiene los ojos vendados, pero sí tiene los oídos tapados», dice Velázquez.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el letrado entiende que el resultado de las PASO tendrá impacto en Tribunales. «La agenda va a cambiar. En este tiempo, y con este gobierno nacional que se termina, no había una agenda política, y era necesario rellenar ese espacio con títulos judiciales. Lo que ocultaban estos títulos judiciales eran otras falencias. Muchas veces, este avance de algunos procesos penales lo que trata de ocultar es la problemática de la desocupación, la falta de producción, de inclusión, que muchas veces se pretende resolver en la Justicia. Eso es lo que ha hecho este proyecto político nacional. Pero con el resultado de las PASO, lo que va a hacer este otro proyecto político es devolver a la Justicia  al lugar del cual nunca debió haber salido, que es la última intervención. Es decir, cuando hay un conflicto, buscar resolverlo de la mejor manera posible.

Velázquez habla del escenario nacional, pero también linkea y echa una mirada a lo que ocurre en el edificio de Tribunales de Paraná. «Yo he sido muy crítico de la Cámara de Confirmación Penal -plantea, con una mordacidad que le permite hacer un juego de palabras para referirse a la Cámara de Casación Penal-. Es la única Cámara que si una persona es absuelta (por un tribunal de primera instancia), revierte la sentencia y condena; si resulta condenada, elevan la pena», observa.

Luego, señala con voz crítica el trabajo del Ministerio Público Fiscal, y sostiene que «acá se presume que todos los actos que realiza la Fiscalía son verdaderos, y ahí está el problema. No son actos verdaderos, ni tampoco se presumen válidos. Son actos, y están en igualdad de condiciones que la defensa. El Ministerio Público Fiscal no tiene un compromiso con la verdad. Eso hay que destacarlo. Por ahí puede ser muy duro, pero hay que destacarlo. Entre la tesis de la Fiscalía y la tesis de la defensa, recién se llega a la verdad después de un juicio, y ahí es cuando se rompe, o no, el estado de inocencia».

En su análisis de la Justicia entrerriana, valora que «hay muy buenos jueces de Garantías, hay muy buenos jueces de juicio, pero uno ha visto que con el correr del tiempo, la Cámara de Confirmación Penal les ha revertido tantos fallos que empiezan a asimilar ese criterio. Entonces piensan, para qué dictar ciertas resoluciones si después la revierten. Acá, los únicos jueces que en todo este tiempo siempre se han mantenido incólumes ha sido el Superior Tribunal. Lo que pasa es que se ha creado un sistema que hace que se vuelva imposible llegar al Superior Tribunal».

Velázquez se queja de que ciertas causas penales buscan «asociar peronismo con corrupción. Eso es lo que me preocupa. Debemos alejarnos de esas ideas y empezar a confiar en una Justicia que se ciña a la ley, a las garantías, y eso le va a dar mucho más credibilidad». Y cuestiona que en la Provincia, «y por criterios de política criminal, se acelera, con vehemencia, respecto a ciertos dirigentes, o a ciertos significantes -en este caso apuntan más a lo que se parezca al peronismo-, y respecto de otros dirigentes, van en segunda, tranquilos, respetuosos. Esa diferencia de velocidades es lo que ha preocupado a todas las defensas en estos últimos tiempos en las causas de corrupción».

En ese contexto, ironiza con la posibilidad de plantear recursos de «per saltum» para evadir a la Cámara de Casación Penal y llegar directamente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

-¿Se puede?

-No, no se puede, pero estamos buscando la manera de tener algunos fundamentos para hacerlo porque ya sabemos lo que nos va a resolver la Cámara de Casación. Además, y esto ya lo he dicho, la Cámara de Casación Penal no tiene razón de ser en un sistema acusatorio. Insisto en que hay que rescatar al Superior Tribunal, y regirse por lo que dice el Superior Tribunal. Últimamente, la Cámara de Casación ha sido esquiva a los criterios que le ha marcado el Superior Tribunal.

Ante la pregunta del futuro que les espera a las distintas causas por corrupción que salpican al poder político en la provincia, Velázquez sostiene que «en este nuevo escenario político, creo que vamos a ser escuchados. Vamos a tener derecho a ser oídos y a tener una respuesta».

-Esto de avanzar más rápido con algunas causas de corrupción, y más lento con otras, es política criminal de la Procuración, decisión del Procurador Jorge García, de quien el exintendente Luis Erro dice que es un «intocable». ¿Lo considera así?

-Sí, inclusive, yo ya lo he dicho, es imperioso una reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Y uno de los puntos que hay que tocar es respecto de la jerarquía, de cómo se aplica el principio jerárquico. Es necesario que se permita a los fiscales investigar al Procurador. Cuántas veces  los fiscales han investigado (a la exProcurador, Alejandra) Gils Carbó. Imagínense acá a algún fiscal investigando al Procurador. No lo digo en términos personales, sino institucionales. Yo creo que el Procurador debe ser electo popularmente, y su cargo debe tener un tiempo limitado de duración.

Velázquez es renuente a hablar de todo el Poder Judicial. Más bien observa que «ciertos sectores» se muestran más permeables a los nuevos escenarios políticos que plantea cada elección. Y eso se nota en las velocidades».

«Lo que ha hecho este sistema político -insiste Velázquez, en clara referencia al macrismo- es sentar a la Justicia a la mesa política. Tenemos que sacarla de esa mesa política, y la Justicia debe volver a cumplir su función propia».

Respecto de la megacausa de los contratos en la Legislatura, el abogado dice que «lo de truchos hay que probarlo. Hasta el fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) lo ha dicho: son contratos regulares. Por más que uno diga en todos los medios que son contratos truchos, después a eso hay que probarlo. Esa gran idea que se armó con sea causa, hoy va perdiendo sustento, se va debilitando. Lo que antes se parecía algo tan evidente, ahora no lo es tanto».

Cecilia Goyeneche.

 

Después, se refirió a recientes declaraciones de Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche -que se apartó de la investigación de los contratos truchos después de ser recusada al descubrirse las relaciones comerciales que había tenido con uno de los investigados, Pedro Oppromolla- y aseguró: «Hay algunos elementos (en sus afirmaciones periodísticas a FM Litoral) que a mí me sirven. Ha confirmado la relación comercial. Eso me parece que es algo que quedó ya confirmado. Nosotros nos estamos readecuando a esa nueva evidencia».

-¿La declaración de Bertozzi le va a servir para pedir alguna nulidad?

-Lo estamos analizando.

-La relación comercial es entre quien investigaba los contratos, Cecilia Goyeneche, y uno de los investigados, Pedro Oppromolla. ¿Es así?

-Exacto. Ahí está la vinculación comercial, y en esa relación comercial, Orlando Bertozzi era el administrador de dos fideicomisos, donde la fiscal y Pedro Oppromolla eran socios comerciales. Eso es un hecho. Ahora, las consecuencias que pueda llegar a tener en la investigación, es cuestión de analizarlo.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.