La bajante del río Paraná provocó un fenómeno que viene acentuándose con el tiempo: la ocupación de las islas del Delta de Victoria por parte de empresarios y particulares que provienen de Rosario y hacen de esa jurisdicción terreno propio.

Ahora, en el Concejo Deliberante ingresó un proyecto de ordenanza que busca poner freno a esa incursión. La concejal Graciela Bar, titular de la bancada el Frente para la Victoria, ingresó al Concejo una iniciativa que busca establecer «un mayor control en el ingreso de vehículos» a la zona de islas.

«La llegada de rosarinos a la zona de islas comenzó en el verano pasado, cuando entre 4.000 a 5000 personas por fin de semana llegaban a las playas de Victoria, con total inseguridad. Estas personas se trasladan en lanchas particulares, hacen fiestas electrónicas,circula alcohol y adicciones, con riesgo de seguridad y contaminación auditiva para la gente que vive en las islas. El otro problema que se presenta ahora es la gran cantidad de autos en las banquinas del puente Victoria/Rosario de gente  que va a pescar y deja sus vehículos ahí. Si uno debe estacionar en la banquina por una cuestión de necesidad, no tiene espacio porque hay vehículos estacionados en zona prohibida. Otra cosa que nos preocupa es la construcción de terraplenes, que modifican el curso el día.  Ahora se agudizó el problema por la bajante: los autos de gran porte bajan a las islas, que es área natural protegida, no respetan los humedades, dañan el ecosistema. Es tierra de nadie. Por eso pedimos que el Estado intervenga, y que el municipio en el ejido de victoria, que son las islas, aplique las multas que corresponden. Se está produciendo un daño irreversible al ecosistema de los humedades», explicó Bar.

El proyecto insta al intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos) a evitar «el estacionamiento de vehículos en la banquina del viaducto Victoria – Rosario, informando de tal decisión al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), a la concesionaria Caminos del Río Uruguay, a Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional a efectos de garantizar la seguridad vial en dicho trayecto perteneciente al ejido municipal». También le pide que a través del área municipal correspondiente «se prohíba la circulación y/o estacionamiento de vehículos en las islas aledañas a la conexión vial a efectos de garantizar la seguridad de los ciudadanos que habitan y/o circulan en la zona de humedales como así también preservar el ecosistema en la zona declarada Área Natural Protegida por ley 10.671».

Bar advirtió con preocupación la presencia «de gran cantidad de vehículos estacionados en las banquinas especialmente los fines de semana, no permitiendo el estacionamiento de autos que necesiten hacerlo por alguna emergencia», así como «de pescadores y cazadores que pueden ocasionar depredación de nuestros recursos poniendo en riesgo el ecosistema propio de los humedales». También hizo notar que se ha pedido al jefe comunal de Victoria que «se realice un exhaustivo control de miles de vecinos rosarinos que, trasladados en taxis-lanchas, asisten a las playas de Victoria, frente a la ciudad de Rosario -no habilitadas ni delimitadas por boyas ni bañeros-, donde además se llevan a cabo fiestas con música altisonante y consumo de alcohol».

Pero además, se pidió a la Municipalidad «una urgente fiscalización de los terraplenes construidos en las islas, su inmediata suspensión y consecuente eliminación para asegurar el normal cauce del río y arroyos, instándolo a que inicie las acciones legales que correspondan ante el incumplimiento de lo establecido».

La ocupación y depredación de las islas del Delta de Victoria generó una demanda en la Justicia que duró casi una década.

Al final, la Justicia rechazó el planteo hecho en 2009 por la firma holandesa Bema Agri BV que tildó de inconstitucional la prohibición dispuesta por la Municipalidad de Victoria para construir un muro de contención contra inundaciones en una isla del Delta de una extensión de 19 kilómetros, casi la misma distancia que separa a Paraná de Sauce Montrull, más un canal interior de drenaje con capacidad de acumulación de más de 600 mil m3 de agua, para encarar la explotación agropecuaria.

Bema Agri BV reprochó todos y cada uno de los planteos del Estado y hasta denunció a la Municipalidad de Victoria por aplicar normas inconstitucionales al impedirle avanzar con su proyecto productivo. El caso llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, que con el voto de los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías rechazó los reproches de la empresa.  La Cámara resaltó que la isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. Aunque sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en un motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.

Ese reclamo ahora se llevó a la Corte, y con el argumento de que el caso no está cerrado la Municipalidad de Victoria no quiere actuar sobre los particulares que ahora siguen construyendo terraplanes.

Aunque ahora, otra vez la ocupación de las islas del Delta de Victoria son eje de una polémica con Rosario.

Una organización ambientalista rosarina encendió el alerta tras detectar que con la bajante del río Paraná, decenas de autos, motos, Jeeps y camionetas descienden desde el puente Rosario-Victoria para arremeter con sus vehículos en la zona de islas del Paraná Viejo, frente al sector denominado Los Benitos, y el Pimpollal. «Esto es un descontrol, tierra de nadie, hasta podaron árboles para hacer un acceso interno y llegar a la arena. Parece que cada uno hace lo que quiere», se quejó un referente de la ONG El Paraná No Se Toca. Sin embargo, tanto Prefectura Naval como la policía entrerriana afirman que quienes ingresan por tierra «no cometen ningún delito».

«Estamos muy preocupados. El municipio de Victoria no controla, el concesionario vial del puente (Caminos del Río Uruguay) tampoco y eso que hay carteles en las bajadas que dicen «No pasar» y deberían cuidar esta zona protegida de los humedales. El puesto de Gendarmería Nacional controla la carga arriba de la ruta, pero a los que bajan a la isla no le prestan atención y los guardafauna de la delegación de islas no tienen recursos. Es un cóctel complicado para el medio ambiente», enumeró Pablo Cantador, de El Paraná No Se Toca.

En el Concejo Deliberante de Victoria se trata, además, un proyecto de ordenanza que busca penalizar a los automovilistas que estacionen en las banquinas del enlace vial Victoria-Rosario, para lo cual, además, se autoriza al Departamento Ejecutivo a aplicar el cobro de multas a los infractores.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.