El asesinato de Miriam Romina Ibarra (37) tocó de cerca a una institución abocada al trabajo vinculado con la violencia hacia la mujer. Se trata del Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia, “Doctora Carmen María Argibay”.
Romina, quien se desempeñaba en la División Video Vigilancia 911 de Paraná, cumplía además adicionales en el Centro Judicial de Género, ubicado en calle Santa Fe 244. La última vez que estuvo ahí, en el Centro, fue el viernes 4, haciendo lo que siempre: tareas de vigilancia, un servicio adicional a su empleo en la Policía.
Ibarra fue asesinada por su exnovio, el suboficial de Prefectura Orlando Ojeda, en la noche del sábado 5 del actual, en el barrio Mosconi, de Paraná. Con minutos de diferencia, el prefecto también dio muerte a su exesposa, Lidia Milessi. El doble femicidio conmocionó a Entre Ríos. Veinticuatro horas antes, Miriam Romina Ibarra había estado trabajando en el Centro Judicial de Género del STJ.
Allí, nadie jamás sospechó que era víctima de violencia de género.
Hoy, en las oficinas del Centro Judicial de Género se percibe el dolor, la tristeza y el desconcierto. El Centro fue creado en 2014, y está compuesto por la Oficina de la Mujer, cuya directora es María Baima, y la Oficina de Violencia de Género, bajo la dirección de Yanina Yzet.
El trabajo de las autoridades y un equipo interdisciplinario es clave para el diagnóstico de la realidad en diferentes puntos de la provincia. Además, sus conclusiones son importantes para trazar políticas de género en el ámbito judicial. “Para ninguna mujer es fácil denunciar un hecho de violencia”, dice Yzet, aún conmovida por el asesinato de Ibarra, a quien vio por última vez el viernes 4 de noviembre, cerca del mediodía.
La conmoción en el Centro es mayor ya que precisamente desde donde se impulsa la concientización de los ciudadanos –además de capacitar a operadores judiciales-sobre la problemática, no se percibió que una persona a la que cruzaban casi todos los días haya estado en riesgo, soportando violencia de género.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Yzet señala que muchas mujeres no realizan la denuncia porque “no se reconocen como víctimas”. Tal vez eso sucedió con Ibarra. Por ello, remarca que desde los organismos se necesita “optimizar los recursos para garantizar el acceso efectivo a justicia”. Por recursos se entiende: más profesionales atendiendo los casos, mayor articulación entre las diferentes áreas y más campañas de concientización y prevención.
En ese sentido, la abogada subraya que desde los diferentes estamentos del Estado se debe “repensar cómo se lleva adelante las políticas de prevención para proteger a las víctimas”.
Yzet recuerda que Entre Ríos adhirió en 2011 a la Ley Nacional de Protección Integral contra la Violencia hacia la Mujer Nº 26.485, aprobada en 2009. Lo hizo mediante la ley provincial Nº 10.058. “Sin embargo, nunca se reglamentó”, advierte la profesional, y remarca que la normativa es fundamental para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin su reglamentación, la ley sólo es una mera declaración.
Más allá de la deuda legal, Yzet explica que para trabajar en la prevención de la violencia de género toda la sociedad debe involucrarse, comprometerse. “Un vecino puede ser una puerta de llegada para la protección de la víctima”, señala y aclara que “obviamente, uno va a tener una mayor responsabilidad”.
“Pensemos que son derechos humanos y desde ahí trabajemos. El vecino puede denunciar. Hay mecanismos y hay que conocerlos”, destaca la directora de la Oficina de Violencia de género del STJ.
Un registro clave
En enero último se puso en funcionamiento el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), un software jurídico en el que se almacena la información referida a causas de violencia familiar y contra la mujer de cada organismo del Poder Judicial de la provincia. El sistema, que funciona en el ámbito de la Oficina de Violencia de Género, está en etapa de implementación. Actualmente, en el registro se ingresan 400 denuncias mensuales por violencia de género y, hasta el 8 de noviembre, contaba con 2.106 expedientes.
Yzet cuenta que antes de la puesta en marcha del Rejucav, el relevamiento se realizaba “artesanalmente”, es decir, recolectando los datos publicados en los medios de comunicación o cuando conocían de un caso que se tramitaba en algún juzgado. Ahora, la sistematización de la información permite conocer antecedentes que puedan ser utilizados en procesos judiciales o en etapa de investigación. Por ejemplo, el sistema sirvió para que rápidamente se conociera que el femicida Ojeda había sido denunciado en 2009 en el Juzgado de Familia, por Milessi, una de sus víctimas.
Además, su importancia también reside en que el análisis de cada dato aporta a iniciativas de políticas de género. En diciembre, según se adelantó a Entre Ríos Ahora, las autoridades a cargo del Rejucav darán a conocer un informe sobre las denuncias por jurisdicción judicial y sobre los avances de la implementación del sistema en toda la provincia, entre otros detalles.

Los femicidios en Entre Ríos, desde 2014 a 2016

Dónde denunciar
-La Subsecretaría de la Mujer de la Provincia de Entre Ríos (Ecuador 60). Teléfono: (0343) 4208826. Email: [email protected]
-Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) (Corrientes 190). Teléfonos: (0343) 4208831 o 4208832 interno 5. Email: [email protected]
-Dirección General de Asistencia a la Víctima (Victoria 283). Teléfonos: (0343) 4208192-4221808-08008888428. Email: [email protected]

-Programa Provincial de Prevención y Abordaje de la temática Violencia Familiar (Uruguay 235). Teléfono: (0343) 4840955. Email: [email protected]
-Policía de Entre Ríos. Jefatura Central de Policía (Córdoba 351). Teléfono 911-(0343) 4209003/13
-Ministerio de Trabajo (Buenos Aires 166). Teléfono: (0343) 4207984/87. Email: [email protected]

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.