Un amplio arco de dirigentes repudió el reciente fallo del juez de Garantía Mauricio Marcelo Mayer que declaró «prescripta» la acción penal en el marco de la causa que había iniciado la ministra de Salud, Sonia Velázquez, contra el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y exdiputado del PJ, José Ángel Allende, por el delito de amenazas simples en un contexto de violencia de género, y en consecuencia dictó el sobreseimiento del dirigente sindical.

“Repudiamos la prescripción de la causa sobre actos de violencia política por razones de genero del del diputado provincial (mc) José Allende contra Sonia Velázquez, ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos”, dice un documento que firman, entre otros, los diputados nacionales Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma, junto a los legisladores provinciales Mariana Farfán, Stefanía Cora y Juan Manuel Huss.

Señalan en el texto que “la prescripción no anula que los hechos de violencia existieron, no una vez, sino varias veces, y esta definición del Juez Mayer perpetua la violencia política de José Allende contra Sonia Velázquez”. En ese sentido, señalan:  “El indignante fallo judicial de un Juez se suma a las anteriores maniobras judiciales para ocultar y minimizar las acciones violentas sostenidas por, en ese momento de los hechos, el diputado provincial Allende”.

Declararon prescripta la causa de la ministra contra Allende

 

Se trata de la negociación previa que impulsó el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Allende por resolver las cuestiones judiciales pendientes del líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la Justicia a través de un juicio abreviado. Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.

Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado  acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones.  La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal.  El 30 de diciembre de 2020 ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado  y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio de este ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón. Pero también hubo un segundo revés.

El defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, y la exFiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fueron con un recurso de casación, que Garzón rechazó, y fue así que les quedó el remedio del recurso de queja, que fue rechazado por la Cámara de Casación Penal el 10 de noviembre de 2021.

Así, las distintas causa contra Allende comenzaron a tramitar en forma separada. Un primer pronunciamiento, del juez Mayer, el 14 de este mes, declaró prescripta la acción penal que inició la ministra de Salud contra el dirigente sindical.

Respecto de esa resolución, el grupo de legisladores nacionales y provinciales y dirigentes sindicales y sociales firmó una declaración en la que señalan: «Sonia Velázquez decidió no quedarse callada frente a los actos de violencias para amedrentarla en el ejercido de sus funciones como ministra de salud, por parte de José Allende, diputado provincial (mc). El ultimo hecho de arrogante violencia de Allende contra Sonia Velázquez fue público, en la antesala de un acto oficial de gobierno con testigos que presenciaron lo ocurrido».

Y señalan:  «La (in)justicia provincial decidió, insólitamente, minimizar la gravedad de la violencia política ejercida por razones de género. Contrariamente a investigar los hechos desde la perspectiva de género como lo manda la actual legislación vigente, la fiscalía participo de un intento de juicio abreviado, sin consultar a la propia denunciante su opinión, quien tuvo que imponerse férreamente desechando  cualquier acuerdo y exigiendo llegar a juicio para develar efectivamente la violencia de genero. Sonia Velázquez en todo momento actuó conforme a derecho, honestamente pidiendo la instancia de debate público, que nuestras normas procesales de justicia establecen. A lo largo de estos años, desde la denuncia hasta hoy, surgía la sospecha que se imponía el famoso ´pacto entre caballeros´, degradando el concepto violencia política por razones de género, a un simple ´amenazas´, instalando que son ´discusiones´ entre ´políticos´, pretendiendo también desde la dirigencia política
bajar el tono de la denuncia para que quedara entre dos personas nada más».

 

Documento Contra Prescripci… by Entre Ríos Ahora

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora