El exsecretario de Justicia, Rubén Virué, sigue el devenir de la política entrerriana desde Larroque, ciudad ubicada en el departamento Gualeguaychú. A su pueblo regresó luego de ser eyectado de sus funciones en junio de 2015, tras un entredicho con una actual camarista. Hoy, cuenta que quien pidió su cabeza fue el Procurador General, Jorge Amilcar García, y que el entonces gobernador Sergio Urribarri mandó a pedirle su dimisión inmediata. Virué acató. Ahora reapareció, por otro motivo: la adhesión al pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.

Actualmente Virué se encuentra trabajando en su estudio en Larroque. Desde allí se informa sobre las investigaciones por supuestos hechos de corrupción en la que están involucrados altos funcionarios entrerrianos, entre ellos el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados.

En el último tiempo, el exsecretario de Justicia puso atención a las denuncias por mal desempeño que pesan sobre jueces del STJ: el caso de Carlos Chiara Díaz, el vocal suspendido y camino a ser juzgado por el Senado; y la investigación que se le inició a Mizawak.

El martes pasado, Virué hizo llegar su voluntad de ser parte del grupo de dirigentes y abogados que solicitaron el juicio político a la magistrada. Su adhesión llegó por correo electrónico a las manos de la comisión de investigación, como reveló Entre Ríos Ahora.
“Me enteré por unos colegas que había una suerte de adhesión a la denuncia y entonces envié mi adhesión por mail a Diputados”, confirmó Virué.

En relación a la denuncia que inició la investigación sobre la máxima autoridad del STJ, señaló: “Está formulada fundamentalmente en base a los dichos de un vocal del Superior Tribunal -por Chiara Díaz- ante la comisión de juicio político y me parece que lo menos que se puede hacer es investigar”.

Al respecto, el exsecretario de Justicia subrayó que “la apertura del proceso no significa más que eso: investigar si los hechos denunciados son reales o no”.
“Aparte existe una cuestión societaria que también es materia de investigación”, agregó en alusión a las sociedades comerciales vinculadas a Mizawak que se mencionan en la denuncia.

Otra de las acusaciones contra la titular del STJ se apoya en los dichos de Chiara Díaz, quien, ante la comisión de juicio político, habló de una maniobra de la presidenta del STJ para que la acción de inconstitucionalidad que presentó el exconvencional Juan Carlos Arralde contra la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas termine sin resolverse. La denuncia se presentó en 2014 y el fallo llegó recién dos años después, en 2016. Ocho jueces del STJ declararon abstracto el planteo y sólo Chiara Díaz votó a favor de la inconstitucionalidad.

Sobre esa imputación, Virué consideró que “lo que dice el vocal Chiara Díaz sobre el caso Smaldone es muy difícil de comprobar, pero sería muy grave si esto ocurrió en la realidad. Sin ninguna duda”. Al mismo tiempo, señaló que en ese asunto “conspira la cuestión del tiempo que transcurrió desde la promoción de la acción hasta la resolución”.

La demanda por mal desempeño contra Mizawak también menciona las declaraciones del juez suspendido, quien contó un episodio sucedido entre el vocal Emilio Castrillón y la magistrada, en el Acuerdo Nº 20, del 28 de junio de 2016, donde el primero le habría solicitado la renuncia a la presidenta del cuerpo por la supuesta existencia de una sociedad comercial de ésta con el actual presidente de la Cámara de Diputados Urribarri.

Sobre ello, Virué sostuvo que es necesario investigar “lo que tiene que ver con los vínculos societarios” ya que “también es un tema que hace a la salud de los vocales del Superior Tribunal y de la Justicia que esto quede debidamente aclarado”.

En la misma línea, remarcó que está de acuerdo con que se investigue “toda conducta en que puedan incurrir miembros de la Justicia que no estén acordes con la conducta que tienen que tener. Esos hechos no se compadecen con la conducta que uno espera de un vocal del Superior Tribunal. Si esto no es real tendrá el debido pronunciamiento de quienes deben juzgarlo”.

Enseguida, Virué amplió su concepto: “estoy de acuerdo con todo tipo de investigación y no sólo a miembros del Poder Judicial, sino a todo el mundo”. Y agregó que la lupa también debe ponerse sobre los funcionarios de otros poderes del Estado: “los que en algún momento accedemos a la función pública tenemos que dar cuenta de nuestros actos y no tenemos que sentirnos molestos porque nos investiguen”.

-Hoy Urribarri está asediado por investigaciones en la Justicia. Por ejemplo, se cuestionan las contrataciones directas durante la Cumbre del Mercosur ¿Cómo ve esa situación?

-Sí, he seguido el tema. Me parece que la administración pública tiene procedimientos que deben respetarse, como las contrataciones, porque estamos utilizando dineros públicos, del contribuyente. Entonces, cuando surge alguna duda sobre ese tipo de contrataciones me parece que es una obligación del Ministerio Publico Fiscal encaminar la investigación como corresponde. Todo el mundo debe ser sometido a investigaciones, y con más razón quienes hemos estado en la función pública debemos ser investigados ante una posibilidad de comisión de un ilícito.

-¿Qué opina del trabajo del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en las investigaciones por supuestos hechos de corrupción?

– Creo que ha mejorado la actividad del Ministerio Público Fiscal en este tipo de investigaciones. Ahí tiene que ver una demanda muy fuerte de la sociedad por la transparencia y para que el ciudadano esté convencido que el funcionario que eligió con el voto no abuse su confianza. Es cierto que durante mucho tiempo hubo investigaciones un tanto demoradas. Mi impresión es que por lo menos se están dando los primeros pasos para investigaciones completas.

Finalmente, Virué resaltó el trabajo investigativo de los fiscales que tienen en manos algunas de las denuncias más sensibles para el poder político provincial. “He leído declaraciones que hablan muy bien de la actividad que despliegan los fiscales que están encargados de estos casos. Sobre la actividad del doctor (Juan) Malvasio y (Sanitago) Brugo, la referencia que tengo de la actividad de ellos es muy positivas”, concluyó.

Relación con el Gobierno

Consultado sobre si mantiene algún tipo de relación con el gobierno de Gustavo Bordet, el exfuncionario contestó, tajante: “No tengo ningún tipo de relación con absolutamente nadie del gobierno de Bordet. No tengo relación ni política. Estoy en el ejercicio profesional”.

“Famoso incidente”
En junio de 2015, Virué abandonó intempestivamente el gobierno de Sergio Urribarri por un entredicho con la camarista Marcela Badano, pareja del actual Procurador General de la provincia, Jorge García.

Durante una entrevista para ocupar una vocalía en la Cámara de Casación Penal, Sala Paraná, le preguntó si esa relación afectaría su independencia en el desarrollo de su actividad judicial. Más de un año después de aquel episodio, aseguró que el jefe de los fiscales pidió su cabeza y el entonces gobernador se la sirvió en bandeja. “No es que uno terminó mal la gestión – dice Virué – sino que se produjo ese famoso incidente y el gobernador de la provincia dirimió a favor del Procurador General de la provincia, que fue quien le pidió mi cabeza. Son decisiones políticas que uno tiene que acatarlas”.

En ese marco, recordó que fue Adán Bahl, entonces ministro de Gobierno, quien le transmitió el pedido de la renuncia. “No fue una decisión de él, sino del gobernador de la provincia. No tengo nada que objetarle a la conducta del actual vicegobernador en este tema”, puntualizó Virué.

 

Foto: Portal Larroque.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.