La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene ahora en sus manos resolver la suerte del experito balístico de Tribunales Antonio Daniel Vitale, condenado en abril de 2018 a 12 años de cárcel por el robo de armas que estaban bajo su custodia y que fueron luego introducidas al mercado ilegal mediante operaciones de compra-venta.
Con la excusación de Miguel Giorgio, la Sala quedó conformada por Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Juan Ramón Smaldone.
Un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke lo condenó el 13 de abril de 2018 luego de concluir que «quedó probada la imputación a Vitale» como autor del delito de amenaza simple, que tuvo como víctima a una funcionaria policial, y del delito de peculado y sustracción de armas de fuego del depósito del Poder Judicial para luego reinsertarlas en el mercado ilegal.
Para llevar adelante ese plan y cometer un delito «aberrante», como calificó el tribunal que terminó condenándolo, Vitale se valió del brazo ejecutor de Mauro Maximiliano Bertoni, un exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales, que fue condenado a 3 años de prisión condicional luego de haber aceptado su culpabilidad en el delito. Con la apoyatura de Eduardo Ramón Borgogno y de Mario López Alonso, Bertoni conseguía clientes en el mercado ilegal, hacía la distribución de las armas y reportaba siempre al experito balístico de Tribunales, quien, descripto así, era el cerebro de la banda.
Pero la defensa de Vitale, integrada por Damián Pettenatti e Iván Vernengo, pidió este lunes ante la Sala Penal que aquella condena sea declarada nula. No sólo reiteraron los argumentos ya conocidos en cuanto a que Bertoni fue un “falso delator premiado”, sino que también fueron contra la presidenta del tribunal que condenó al experito balístico, María Carolina Castagno, a quien le atribuyen haber violado la garantía constitucional de imparcialidad en juicio. Sostienen que a su paso por el Consejo de la Magistratura, emitió opinión sobre el caso Vitale por lo cual quedaba invalidada para dictar sentencia.
“Acá hubo violación de la garantía de la imparcialidad”, dijo Petenatti. “Estamos convencidos de que acá hubo un absoluto prejuzgamiento, que comprometía desde el mismo comienzo del juicio la validez del mismo y de la sentencia –señaló-. En esa entrevista ante el Consejo de la Magistratura, Castagno hizo referencia en dos oportunidades a la causa y a Vitale. Primero, de modo genérico, indicando que había miembros del Poder Judicial investigados por mal desempeño. Y luego, de manera expresa, y asertiva, dijo que se está investigando a miembros del Poder Judicial, concretamente al encargado del sector de Efectos Secuestrados, que vendía armas a los delincuentes. Es decir, emitió manifestación sobre el proceso”.
La condena a Vitale fue confirmada por la Cámara de Casación, en abril de 2019, y el fallo incluyó un llamado de atención de la presidenta del Tribunal, Marcela Badano, hacia los defensores, por su reproche a la valoración de la prueba por parte del tribunal que condenó y en torno a la falta de imparcialidad de los jueces.
La condena por el robo de armas y por un caso de violencia de género -se unieron las dos causas- se le suma otra investigación abierta en el Juzgado de Transición N° 2, que hoy, en la audiencia ante la Sala Penal, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, pidió que se desglose del cuerpo principal y pueda seguir tramitándose. El caso ventila otra situación de sustracción de armas judicializadas.
En un extensísimo alegato, el defensor Petenatti sostuvo que hay «arbitrariedad» en el fallo del tribunal de juicio y en la sentencia de Casación, que confirmó la condena. Bajo la premisa de que la condena a Vitale se apoyó en la declaración de Bertoni -el «falso delator premiado»-, dijo, y siendo que éste habría hablado por una recomendación de un jefe policial, Carlos Schmunk, pidieron la nulidad de lo resuelto. «Sin Bertoni, esta causa ni siquiera podría haber llegado a juicio», sentenció.
Pero además, observó la carencia de testimonios que incriminen a Vitale.
“No hay ni un solo testigo presencial que haya visto entrega de cajas con armas de Vitale a Bertoni”, anotó. “Si esto fuera cierto, un testigo tendría que existir”, añadió.
Iván Vernengo observó que Vitale fue condenado a 12 años de prisión por los mismos hechos que Bertoni accedió, en juicio abreviado, a 3 años de prisión de ejecución condicional. Por eso, reiteró su calificación a Bertoni como un “falso delator premiado”.
Y después pidió que cese la prisión preventiva de Vitale, y para eso citó los fallos de la Sala Penal en los casos Flvia Beckman –contratos truchos en la Legislatura- y Juan Alberto Forcher –abusos en un grupo scout de Diamante-. “Ya lo dijo esta Sala: no se puede sostener la prisión preventiva en base al monto de la pena”, señaló.
El planteo de la defensa fue que se dicte la nulidad de la sentencia a Vitale. Frente a esa petición, el fiscal Ignacio Aramberry y la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche plantearon el rechazo del pedido de la defensa y que se confirme la condena al experito balístico de Tribunales.
Oídos los alegatos de las partes, los integrantes de la Sala Penal del STJ pasaron a deliberar para después emitir dictamen.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.