El diputado provincia Esteban Vitor (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el cual pretende reglamentar en el Estado el uso de las partidas consignadas bajo el paraguas de los “fondos reservados”, y a la vez impone al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos la obligación de auditar su uso a partir de una comisión especial de auditores especialmente encargada de esa tarea.

El texto del proyecto establece que los gastos reservados tendrán por fin “atender la actividad que debe desarrollar el Estado para prevenir y combatir el delito. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad”.

“Sólo podrán consignarse créditos destinados a ´gastos reservados´ a los organismos oficiales que por ley resulten competentes para cumplir la misión prevista”, añade la iniciativa y agrega que esa partida sólo podrá ser modificada con expresa autorización de la Legislatura.

Vitor dice que en los últimos años hubo un uso discrecional y abusivo de las partidas para “gastos reservados” en los tres poderes del Estado en Entre Ríos.

Y recuerda que hacia 1956 los fondos reservados tenían como finalidad pagar servicios atinentes a la seguridad del Estado. “Durante el gobierno de facto (1969) se ratificó el destino para “seguridad y defensa” a través de una reglamentación. Con el advenimiento de la democracia, estos gastos se redujeron”, subraya Vitor.

 

Pero anota que los gobiernos que sucedieron a Raúl Alfonsín en el país “elevaron geométricamente los gastos reservados y distorsionaron sus objetivos”.

“Sucedieron así numerosos actos de corrupción en perjuicio de la Nación Argentina como fue el desvío de fondos reservados para el pago de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem (entre ellos el caso de Juan Schiaretti, mientras fue secretario de Industria) y la causa de la “Banelco” por el que se procesó al ex – presidente De la Rúa”, señala en los fundamentos del proyecto.

Pero también reprocha con dureza el legislador de Cambiemos la forma cómo utilizó la partida de gastos reservados la administración del exgobernador Sergio Urribarri.

“Debido al mal uso y abuso en que se ha incurrido por las autoridades de nuestra Provincia durante los dos últimos períodos constitucionales de Gobierno, se tuvo por costumbre asignar sin motivación ni justificación alguna partidas para ´gastos reservados´ a múltiples funcionarios de los tres Poderes del Estado Provincial, que en absoluto detentan competencia o ejercen funciones relacionadas con seguridad, inteligencia e investigación del delito”, subraya Vitor en el texto del proyecto que ingresó en la sesión del martes 7 en la Cámara baja.

Por eso, arguye,  “se hace preciso poner un límite legal para que tales abusos e ilicitudes no se repitan y se termine con el ´enriquecimiento sin causa´ de una lista importante de funcionarios del Estado Provincial”.

“Así –señala– el Gobernador, el Vicegobernador, Ministros, Presidentes de Cámaras y una serie de otros funcionarios públicos, han cobrado a lo largo del tiempo ´gastos reservados´, que en realidad no fueron ´gastos reservados o secretos´. Por el contrario, constituyeron sobresueldos en negro sobre los cuales no existieron aportes jubilatorios ni a la obra social Iosper”.

Y apuntó: “A esta extralimitación se agregaron, desde el año 2010, los ´gastos de representación´, -que se habrían tomado de la partida de gastos reservados” asignada al Poder Ejecutivo, pagados por éste mensualmente a 8 vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Procurador General de la Provincia y el Defensor General de la Provincia.

“De este modo, el Gobierno proveyó a los magistrados de un sobresueldo antes y después de haberse equiparado sus ingresos a los de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo incurrido en malversación de fondos públicos. En un primer momento, al transferir desde la partida destinada a ´gastos reservados´ fondos que cambiaron su destino y se identificaron como ´gastos de representación´. Y en un segundo momento, al apropiarse los beneficiados de tales fondos sin haber cumplido ninguna tarea real y efectiva de ´representación´ del Gobierno Provincial.  Es decir,  tales importes para “gastos de representación” no cumplieron su finalidad legal específica: servir para gastos de interés público o interés general.

El gran riesgo, asevera, en que “estos pagos en negro disfrazados de ´gastos reservados´ han colocado la Provincia surge con total justificación ante la ´habitualidad´ de dichos pagos y la experiencia que ha tenido nuestra Caja de Jubilaciones con relación a los jubilados del Poder Judicial ya que éstos han sido quienes más han demandado a la Caja por múltiples motivos relacionados con los haberes jubilatorios que perciben, equivalentes en un 100% a los haberes que cobran los Jueces y Magistrados en actividad”.

“Esto permite concluir –señala Vitor en los fundamentos de su proyecto de ley– en que es altamente probable que, luego de cobrar varios años ´en negro´ -como viene sucediendo- sumas importantes reconocidas como ´gastos de representación´ que se habrían tomado de la partida de Gastos Reservados, la habitualidad y mensualidad de tales pagos sea el justificativo que se encuentre para fundamentar reclamos por incremento de haberes jubilatorios, demandas  que colocarán a la Caja de Jubilaciones en una situación deficitaria peor a la que ya se encuentra”.

Acá, el texto del proyecto del diputado Vitor:  http://www.hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=21295

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.