Los docentes se reincorporan a las escuelas este miércoles 14 -el viernes 9 lo hizo el personal directivo- tal cual lo establece el calendario escolar 2024, que prevé la vuelta de los alumnos el lunes 26. La vuelta se dará en un estado de situación cargado de indefiniciones: el principal tema a resolver es el salario de maestros y profesores. El lunes 5 el Gobierno se reunió en paritaria con los gremios y pasó a un cuarto intermedio para esta semana. De momento, no hay certezas.
Una vez que se conozca el índice de inflación de enero, los gremios contarán con un elemento de discusión para plantear la actualización de salarios para el primer mes del año y definir cómo se seguirá el resto del año. Desde el sector docente esperan que la reunión por salarios se concrete este viernes o el próximo lunes y no vislumbran en lo inmediato clima de conflicto. Aunque desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) están atentos a lo que pueda resolver la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que le reclama al Gobierno nacional la apertura de paritarias y que no se corten fondos educativos a las provincias. En ese caso, el conflicto sería nacional y aquí Agmer adheriría a lo que disponga Ctera.
En medio, el Gobierno decidió impulsar la emergencia educativa para poner a punto todos los edificios escolares. Ya consiguió la media sanción del Senado -que lo aprobó sobre tablas, con apoyo del PJ- y se aguarda un trámite más sencillo en Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría.
La emergencia, aún cuando sea apenas un trámite en la Legislatura, llega un poco tarde: el estado de situación de los edificios escolares es un dato que se maneja desde hace meses e incluso el Consejo General de Educación (CGE) mantiene abierta una paritaria de infraestructura con los gremios docentes. Es altamente improbable que las contrataciones y la puesta a punto de los edificios se dé antes del lunes 26. Además, el 19 se inician los recuperatorios, y habrá estudiantes en las escuelas.
Con la «emergencia educativa» el Gobierno pretende contar con un trámite más rápido para contratar la reparación de los edificios escolares más comprometidos en su infraestructura y ponerlos a punto para el lunes 26. Un primer diagnóstico, parcial, da cuenta que sobre 1.436 edificios, se relevaron 771, y de estos 181 están «con riesgo de inicio del ciclo escolar, lo cual representa un 23,5% del total informado».
«Es de esperar claramente que el número de los establecimientos puede verse incrementado, incluso duplicado si se confirma el dato porcentual mencionado, lo que implicaría un alto índice de matrícula de alumnos afectados por esta problemática, en un número aproximado de 31.500 estudiantes», dice los fundamentos del proyecto de ley que está en trámite en la Legislatura.
Y agrega que si bien existen 49 obras escolares que están en desarrollo en toda la provincia, «la situación actual muestra una diversidad en el avance de estas obras: 9 intervenciones están en la etapa final con un 90% de avance físico, otras 20 están en una fase intermedia, con un progreso entre el 50 y el 90%. Sin embargo, 20 obras aún se encuentran por debajo del 50% de avance físico. Por lo tanto, resulta fundamental acelerar las construcciones finales, mantener el ritmo en las intermedias y abordar los desafíos en aquellas que están por debajo del 50%».
«Las consecuencias lógicas del paso del tiempo y las inclemencias climáticas soportadas por algunas zonas del territorio provincial, se une la ausencia de trabajos de mantenimiento para acondicionar lo deteriorado por el normal uso o acciones externas y prevenir mayores consecuencias que impidan el uso adecuado de las instalaciones y establecimientos en su conjunto», agrega.
Por qué el Gobierno quiere declarar la «emergencia educativa»
En paralelo, surgen dudas sobre la continuidad de los fondos nacionales para educación en medio de la pelea de la administración del presidente Javier Milei con los gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso. El viernes sesionó el Consejo Federal de Cultura y Educación, que reúne a los responsables de las carteras educativas de las provincias y se redactó un pedido al secretario de Educación, Carlos Torrendell, para que brinde precisiones sobre la continuidad de los fondos que son competencia del Gobierno nacional, y que están destinados al pago de salarios de los docentes y a otros programas educativos. Entre Ríos no firmó esa declaración.