Todo empezó en diciembre. Una psicóloga, Anabella Maggioni, que recorre las juntas de Gobierno del departamento Gualeguay -desde hace 5 años asiste a niños en situación de vulnerabilidad en los distritos 5°, 6°, 7° y 8°-  encontró el primer caso: la hermana de una nena víctima de abuso le reveló lo que ocurría.

La psicóloga se aceró a los padres y corroboró el relato: un caso de abuso. Aconsejó a la familia los pasos a dar, y viajó con la mamá hasta Gualeguay -a 43 kilómetros de donde viven, el Séptimo Distrito o Médanos- y se presentó en los Tribunales. Al volver a Médanos, se encontró con una segunda mamá que le contó un caso parecido. Le costó convencerlas de que eso que les había ocurrido a esas nenas, de 11 y 15 años, era un delito: un abuso.

Los abusos en familias que viven, y mucho, del asistencialismo del Estado, se naturalizan. Ninguna persona en el Séptimo Distrito tiene trabajo formal: viven de lo que cazan, de asignaciones,de alguna changa que puedan conseguir por los campos. En la Justicia cuentan una situación que reveló una de las mamás de las nenas que denunció al presidente de la Junta de Gobierno de Médanos por abuso: le propuso que le entregaría ayuda social a su familia a cambio de algunos «favores».

La psicóloga visita familias donde se presume que hay vulneración de derechos y trata de acompañarlas: trabaja sola, es monotributista y los viajes que hace a un lado u otro se los paga de su bolsillo. Habló con las mamás, habló con una de las nenas abusadas, y lo hizo sin un equipo interdisciplinario porque no hay equipo interdisciplinario. La causa empezó a tramitarse, un fiscal quedó al frente de la causa, Jorge Gutiérrez, y se activó el mecanismo judicial.

Las dos nenas dieron su testimonio en Cámara Gesell y corroboraron las hipótesis del horror. El presidente de la Junta de Gobierno de Médanos (el Séptimo Distrito), Germán Caballero, un dirigente del peronismo, quedó imputado por el delito de abuso. Ya designó abogado, Rubén Gallardo, y el 22 debe asistir a Tribunales a declarar en calidad de imputado.

Paola Ruiz Lisman, de la Multisectorial de Mujeres, dijo que el primer contacto que tuvieron con el caso, antes de hacerlo público, fue a través de la psicóloga, y pudieron conocer que el caso de abuso. «Era una historia largamente callada por las familias porque el abusador es la máxima autoridad política. Sabemos que cuando una rompe el silencio, otras pueden hablar», confía.

La Multisectorial de Mujeres pidió el apartamiento del cago del presidente de la Junta de Gobierno de Médanos. «Nosotros estimamos que hay más casos. Esto es vox populi. Esta gente actúan con verdaderos señores feudales, que ejercen el derecho de pernada. Los abusos son silenciados, no denunciados. Por eso valoramos tanto lo que hizo esta profesional», sostiene.

El fiscal Jorge Gutiérrez indicó que «ya se recibieron los dos testimonios en Cámara Gesell», y se le impusieron al funcionario denunciado medidas restrictivas de no acercamiento a las personas que denunciaron los abusos, por un plazo que sería de 90 días, el plazo que en principio podría durar la investigación penal preparatoria. El 22 de marzo está citado en calidad de imputado por los dos delitos de abuso sexual. «Existió el rumor de que iban a aparecer otras personas a denunciar, pero hasta el día de hoy no han aparecido», señaló Gutiérrez.

¿Qué rol cumplió en todo esto el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)?

La psicóloga tendría ya la advertencia de que su contrato laboral no seguiría.

Pero desde el Copnaf niegan que algo así ocurra. «No es empleada nuestra», aseguran.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.