El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa impuso este viernes a Ezequiel Alejandro García la pena de 12 años de prisión más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravada, por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad, en calidad de autor; del mismo modo, impuso a Samuel Enrique Morel la pena de 10 años de prisión, más accesorias legales e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad, en calidad de partícipe necesario.

El magistrado resolvió mantener la prisión preventiva de los condenados, bajo la modalidad de arresto domiciliario  hasta que la sentencia quede firme.

También se dispuso incorporar el perfil genético de Ezequiel Alejandro García y de Samuel Enrique Morel al Registro Provincial de Datos Genéticos y al Registro Nacional de Datos Genéticos una vez que la sentencia adquiera firmeza.

El 14 de febrero último un jurado popular había declarado a Morel culpable como partícipe del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales y a García como autor del delito.

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 20 de febrero último, las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, solicitaron una pena de 15 años de prisión para García., y de 12 años de prisión para Morel., pedidos a los que adhirieron los abogados querellantes Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld.

Por su parte, los abogados Damián Pettenati e Iván Vernengo ejercieron la defensa de Morel, en tanto que el letrado Claudio Berón asistió a García. Además, del debate también participó Julián Gracia en representación del Gobierno de Entre Ríos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en julio de 2016 por el Ministerio Público de la Defensa a raíz del abuso sexual del que fueron víctimas adolescentes que entonces permanecían bajo la guarda del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial de la Policía, en el predio de la exEstación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.

En un primer momento, la causa tuvo siete policías imputados. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigacióni, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.

Se trató de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes acordaron penas de ejecución condicional. En esos procesos se dejó constancia de que no participaron directamente de los presuntos abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.

En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra el cabo Morel como autor de uno de los abusos. La decisión se basó en que la adolescente de 15 años nunca realizó una denuncia contra el efectivo y, en reiteradas oportunidades, afirmó que no había sido abusada.

De este modo, Morel continúa vinculado a la causa, pero ya no como autor directo, sino como partícipe necesario o primario del hecho que se atribuye a otro imputado. El magistrado tuvo especialmente en cuenta que la supuesta víctima ratificó ante la Justicia que no deseaba formular denuncia alguna.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora