El consejo directivo provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó “de manera categórica” la denuncia presentada por el Gobierno contra integrantes de esa entidad sindical de la movilización realizada este martes en la Dirección General de Recursos Humanos, la repartición ubicada en Corrientes y Colón, en Paraná.
“La jornada fue una manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo. Se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, planteó ATE.
El Gobierno, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, radicó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, por los hechos de violencia e intimidación ocurridos este martes en la sede del organismo, ubicada en calle Corrientes Nº 399 de Paraná.
Según consta en la denuncia presentada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp -una funcionaria cercana a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), según dijeron desde el Ejecutivo- alrededor de las 10,30 de este martes un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del consejo directivo nacional— se presentó en el edificio, forzando el ingreso y generando un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.
El grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.
ATE reivindicó “firmemente los derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical. Cuando un Gobierno no brinda respuestas para los trabajadores en tiempo y forma, y éstos reclaman fervientemente por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo y la solución de los conflictos por la criminalización de quienes demandan soluciones concretadas de las autoridades”.
El gremio recordó que “viene denunciando públicamente la clara animosidad y desidia que el Gobierno provincial ha demostrado hacia nuestra organización sindical, así como una definición política de total supresión de nuestro gremio, que en los hechos implica privilegiar y alimentar exclusivamente el vínculo y las decisiones a adoptarse junto a otra organización sindical (en referencia a UPCN, NdelR). Esta actitud no es inocua: busca deliberadamente debilitar la representación que ejerce ATE de sus trabajadores, generando desigualdades sindicales y perjudicar al colectivo de trabajadores que son quienes necesitan una verdadera defensa de sus derechos laborales”.
“No podemos dejar de señalar, además, el contexto en el que se producen estos hechos. La política que sostienen Milei y Frigerio violenta día a día al pueblo trabajador, deteriorando salarios, condiciones laborales, empleo público y pulverizando derechos conquistados. Frente a esas políticas de desguace y debilitamiento, la organización y la protesta pacífica de los trabajadores no son violencia: son una respuesta legítima y necesaria. En este sentido, dejamos en claro que la manifestación llevada a cabo no solo cumplió con todos los requisitos legales, sino que fue llevada adelante de manera firme, contundente y enérgica, pero pacífica, no cometiendo en ningún momento acciones que puedan ser catalogadas como intimidantes, amenazantes y dañosas hacia personas y bienes del lugar como se quiere falsamente instalar. Finalmente resulta oportuno señalar que los responsables de las áreas donde se desarrolló la manifestación no se encontraban en sus lugares de trabajo, incluida la funcionaria que radicó la denuncia, quien no estuvo presente durante los hechos”.
El gremio manifestó que “se pone a disposición de la Justicia para aportar todos los elementos y aclaraciones que sea menester a fin de que se permita esclarecer lo ocurrido y determinar la verdad de los hechos”.
“Al mismo tiempo -añadió-, sostenemos firmemente el reclamo y vamos a seguir defendiendo el derecho legítimo de los trabajadores a reclamar, organizarse, peticionar ante las autoridades y ejercer la protesta sindical cuando no haya respuesta de parte de quienes tienen la obligación de darlas. No vamos a aceptar que se criminalice nunca la protesta para sustituir y ocultar la falta de respuestas de parte del gobierno de turno. Tampoco que se utilicen las instituciones del Estado para perseguir y castigar a quienes ejercen legítima y razonablemente sus derechos”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora