El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, fustigó la “delegación de facultades” contenida en el proyecto de reforma previsional que el Poder Ejecutivo envió al Senado, y que tomará estado parlamentario esta semana.
El también exlegislador provincial del PJ consideró inconstitucional el apartado contenido en el artículo 3° de la iniciativa que autoriza al Ejecutivo “a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional”, y lo faculta entre otras medidas, a establecer “aportes y contribuciones, con carácter solidario o excepcional, por plazo determinado, a cargo de los afiliados activos o pasivos, sus empleadores, y beneficiarios de jubilaciones, pensiones o beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones y/o el Poder Ejecutivo; así como límites máximos al monto de los beneficios que superen 15 haberes mínimos”.
Castrillón criticó la postura de “mi amigo” José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) respecto de la iniciativa del Gobierno, y entendió que habilitar al Ejecutivo a establecer “aportes y contribuciones” solidarios es “inconstitucional”.
“No se puede votar esa barbaridad de descontarnos a los judiciales los aportes extraordinarios y querer robarnos un 7% más y desengancharme” los acuerdos salariales con las disposiciones en materia de ingreso que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Es totalmente ilegal -observó-. Yo me jubilé aportando el porcentaje de mi sueldo, como todos. ¿Por qué me van a castigar? ¿Quieren confrontar con la justicia, que ha sido complaciente, para provocar acciones en contra de los políticos?”.
Castrillón expresó su malestar con la reforma. “No le robé a nadie. Durante 20 años aporté como legislador y 16 años como vocal del Superior Tribunal. No pueden establecerse un régimen de castigo. Es manifiestamente un robo y confiscación, generando un régimen especial so pretexto de emergencia”, subrayó.
“Creo que hay que recordar a los legisladores que las leyes previsionales – como toda ley referida a derechos humanos- debe respetar los principios de progresividad y no regresividad, siguiendo innumerables fallos de la Corte Suprema. Si esto no ocurre, su vigencia puede ser corta”, evaluó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora