Paraná estará sin servicio de colectivos hasta por lo menos el miércoles.

La protesta la iniciaron el viernes 6 los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) frente a la falta de pago del compromiso asumido por la concesionaria Buses Paraná, ante la Secretaría de Trabajo, de devolver en cuatro cuotas los montos descontados por los paros de julio y agosto. Los empresarios arguyeron que su incumplimiento se basa en la no transferencia de los $5 millones que la Municipalidad recibió de la Nación en concepto de Aporte del Tesoro Nacional (ATN). 

Ese ATN, según se había anunciado, iba a estar destinado a ordenar los desequilibrios financieros de las empresas de colectivos, de modo que éstas pudiesen cumplir con sus obligaciones salariales con los choferes. Las negociaciones que hubo durante toda la última semana entre Ersa Urbano y Mariano Moreno, las dos prestadoras del servicio, y el gobierno de la ciudad estaban encaminadas a concluir el proceso de transferencia de aquellos $5 millones a las cuentas de las empresas.

Pero el viernes, a las 11, la Municipalidad de Paraná cayó en la cuenta de que para transferir ese ATN a las empresas de colectivos debía contar con una autorización expresa del Concejo Deliberante.

Oficialmente, la Municipalidad informó que  que tanto el decreto del Gobierno nacional como la norma respectiva del Poder Ejecutivo entrerriano que transfirieron el ATN a la Municipalidad «no establecen el destino que debe dársele a los 5 millones de pesos que transfiere el ATN enviado desde el Tesoro Nacional, por lo cual es imprescindible darle un marco legal a esa transferencia de recursos, en este caso mediante normativa que debe emitir el Concejo Deliberante para readecuar ese fondo y hacer efectiva la transferencia».  Y por eso el intendente Sergio Varisco convocó a sesión extraordinaria del Concejo.

Pero, ¿cuándo podría sesionar el Concejo? No antes del miércoles, por los plazos legales que se requieren para la convocatoria a sesión de los ediles.

Este domingo, Buses Paraná emitió un comunicado en el que afirma contar con los fondos para pagar la deuda salarial con los choferes, pero a cambio reclama el compromiso de la Municipalidad de Paraná de que en un plazo de «72 horas hábiles» reembolsará el monto, a través de la transferencia de ese ATN.

Buses Paraná by Entre Ríos Ahora on Scribd

«Una vez más,  al solo efecto superar esta nueva edición del conflicto con sus trabajadores, no provocado por las empresas, producto de la falta de acción de la concedente en la inmediata transferencia de los recursos enviados por nación y comprometidos públicamente para el Transporte de Urbano de Pasajeros; asumimos el compromiso de afectar recursos que tenían un destino operativo del sistema, para destinarlo a los trabajadores, siempre y cuando se levante la medida de fuerza que lleva adelante la entidad gremial para el primer servicio diagramado para el día lunes 9», plantearon los empresarios.

Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, dijo este domingo ante la consulta de Entre Ríos Ahora, que este lunes el Ejecutivo de la ciudad enviará al Concejo el decreto de convocatoria a sesión extraordinaria, pero luego será resorte de la viceintendenta, Josefina Etienot, tramitar el pedido. Pero no tenemos la obligación de poner la plata. ¿Cómo nos van a obligar a poner la plata? Nosotros hicimos todas las gestiones», señaló.

Imprevisión

El concejal Enrique Ríos (Frente para la Victoria) cuestionó el modo cómo la administración Varisco manejó el tema. Anunciar la convocatoria a sesiones del Concejo el viernes «es una barbaridad. No se pudo haber convocado a sesiones porque el tiempo para que ingrese el pedido terminó a mediodía del viernes. El lunes recién puede ingresar el pedido al Concejo Deliberante. Después, la presidencia tiene 48 horas para comunicar la convocatoria a los concejales, así que el miércoles podríamos estar sesionando».

«Es lamentable lo que está sucediendo -aseguró-. Entiendo que este conflicto tiene que ver con algunas situaciones irregulares en la Municipalidad de Paraná. Me resulta llamativo que habiendo anunciado el secretario Legal y Técnico (Walter Rolandelli) el 22 de agosto la remisión por parte de la Nación de los $5 millones de ATN, recién el viernes, a las 11, se haya advertido que para poder afectarlo se requería de una ordenanza. Esto es preocupante porque abre de nuevo un conflicto que los trabajadores habían logrado superar, aceptando que los empresarios les devuelvan los montos descontados por paro en cuotas. Acá hubo desidia y falta de responsabilidad».

Ríos dijo que el conflicto pudo haberse evitado de haber una situación de normalización institucional en la Municipalidad de Paraná. «Pero lo que se ha generado es un clima de incertidumbre y desconfianza hacia la gestión. La plata está, y con eso hubiese bastado para pedir a los trabajadores que aguardaran un tiempo antes de tomar la medida de fuerza. Pero los trabajadores tienen cierta desconfianza hacia la gestión. Claramente, acá no se arbitraron los mecanismos institucionales y administrativos para derivar ese dinero a las empresas. Y primó la desconfianza», apuntó el edil.

El concejal descartó la vía de un decreto ad referendum del Concejo por cuanto las exigencias del Tribunal de Cuentas y del Ministerio del Interior de la Nación es que debe existir una ordenanza de autorización. Y ello no podría ocurrir antes del miércoles.

De igual modo, Ríos entiende que de superarse el actual conflicto, los problemas seguirán latentes, porque el problema de fondo es de financiamiento del sistema tras la eliminación de los subsidios por parte de la Nación en 2018. Ello derivó en constantes planteos empresarios  y falta de control por parte del Estado municipal, lo que derivó en un desmejoramiento del servicio.

El actual esquema no se superaría, asevera, con una caducidad de la concesión, tal como anunció la administración Varisco. «Decretar la caducidad  generaría un problema mayor. En caso de caducidad, no hay un Plan B. Las empresas se retiran, ¿quién viene después?», se pregunta. El marco regulatorio del servicio, apunta, sólo contempla la obligatoriedad para las concesionarias de mantenerse un año más en caso de que decidan abandonar el sistema. «Pero nada dice en caso de caducidad dispuesta por el Ejecutivo. Y en caso de caducidad, la Municipalidad no tiene un Plan B para mantener el servicio», sostiene.

 

 

 

Foto: Charo Rodríguez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.