Un grupo de padres de alumnos que asisten a distintos comedores escolares de la provincia con el patrocinio de los abogados Alda Sassia y Rubén Pagliotto, junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce Cultura Ambiental presentaron un amparo colectivo a través del cual buscan frenar la puesta en marcha del nuevo sistema de comedores que diseñó el Gobierno con compra centralizada, a cargo de la empresa Tecknofood SA.
El nuevo sistema proveerá de insumos para desayunos y meriendas a través de una empresa privada que los distribuirá en cada uno de los comedores, y de ese modo se suple la tarea que hasta aquí realizan los directores de escuela, a quienes el Estado les entregaba una tarjeta de crédito Sidecreer para la compra de insumos. Esa labor ya no sería necesaria en el nuevo esquema ya que una firma privada se adjudicó la compra centralizada y su distribución en la provincia.
Pero un amparo que ingresó ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Juan Francisco Malvasio, pretende hacer caer esa decisión del Gobierno. “Que venimos, en legal tiempo y forma, a promover acción de amparo colectivo y medida cautelar contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, dice el escrito, “a fin de obtener la tutela inmediata y efectiva del derecho de los niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y son destinatarios del programa alimentario escolar, a recibir una alimentación adecuada, saludable, sostenible, suficiente, segura, variada y culturalmente aceptable”, según se lee en la presentación a la que accedió Entre Ríos Ahora.
Los accionantes pidieron a la Justicia que “se ordene de manera inmediata a la Provincia, a través de sus áreas de injerencia, a abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir, en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación, de cualquier nivel educativo, todo alimento que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley 27.642, debiendo llevar adelante todas las acciones que garanticen simultáneamente y sin interrupción, la provisión de los alimentos que componen los desayunos, almuerzos y meriendas y que se suministran a los niños, niñas y adolescentes que concurren a los mencionados establecimientos educativos, y que no se encuentren alcanzados por dicha prohibición”.
“La presente acción se promueve frente a la inminente implementación en toda la provincia de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas escolares, que prevé la provisión para ello de productos industrializados predeterminados, que sustituye o desplaza alimentos frescos, de elaboraciones locales y modalidades de prestación desarrolladas hasta el presente, sin que se hayan puesto a disposición de los integrantes de las comunidades educativas, entendiéndose por tales los progenitores o representantes legales de los menores e incapaces, docentes, trabajadores de los comedores escolares y demás involucrados en la efectiva provisión de estos alimentos a los menores destinatarios, ni los estudios técnicos, ni informes de la misma índole, ni dictámenes profesionales, ni evaluaciones nutricionales, ni sanitarias, sociales y culturales que permitan verificar la adecuación integral de la nueva política alimentaria a los parámetros y requerimientos alimentarios que aseguren las premisas que alientan las disposiciones vigentes, como lo son la salubridad, la sostenibilidad, la suficiencia, la seguridad alimentaria, la variedad y que sean culturalmente aceptables”, sostiene la presentación.
Ante la inminencia del cambio -el Gobierno previó aplicar la nueva modalidad en comedores desde agosto- los accionantes solicitan: “Como medida cautelar solicitamos se ordene al gobierno de la Provincia a abstenerse de distribuir en los establecimientos educativos productos respecto de los cuales no se encuentre debidamente acreditado mediante antecedentes técnicos y comprobaciones suficientes, el cumplimiento de la ley 27.642 , de la circular N° 2/2023 de la Dirección de Comedores escolares de la provincia de Entre Ríos, de las pautas nutricionales aplicables y del derecho de niños, niñas y adolescentes a una alimentación adecuada, saludable, segura y sostenible, ello así hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta que la demandada acompañe los antecedentes técnicos suficientes que permitan verificar dicha adecuación”.
También peticionan que “se ordene al Gobierno de la Provincia a continuar transfiriendo a cada establecimiento educativo los fondos públicos necesarios para la adquisición descentralizada de leche, frutas, panificados, yogures, quesos, cereales y demás alimentos frescos o mínimamente procesados destinados a desayunos y meriendas escolares, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado, para asegurar la continuidad del servicio alimentario mientras dure la sustanciación del presente proceso y hasta que la Provincia implemente una modalidad de provisión plenamente compatible con la Ley N.º 27.642 y los restantes estándares constitucionales, convencionales, legales y nutricionales aplicables. Debe quedar sumamente claro que esta medida no procura suspender, bajo ninguna circunstancia, el servicio alimentario escolar ni dejar a los niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad por estar sin alimentación”.
Al final, piden que “atento a la naturaleza de los derechos comprometidos y a que la presente acción se promueve en defensa de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, solicitamos que se reconozca la gratuidad del trámite, con exención del pago de tasa de justicia y de todo gasto que pudiera constituir un obstáculo para el acceso efectivo a la jurisdicción”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora