El juez de juicio Juan Francisco Malvasio hizo lugar a la medida cautelar presentada en el amparo colectivo impulsado por un grupo de padres de niños que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce y ordenó al Gobierno que, “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se disponga el cese o modificación de la presente medida, se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del art. 12 de la Ley 27.642, debiendo garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado, mientras dure la sustanciación del presente proceso”.

El magistrado aclaró que «la solución que aquí se adopta no importa adelantar opinión sobre el fondo de la controversia, la cual como se mencionó supra, sino —conforme el objeto de la acción de amparo colectivo— a determinar si los productos alimenticios efectivamente suministrados en los establecimientos públicos provinciales son aptos para causar perjuicio a la salud de sus destinatarios, cuestión que será objeto de valoración definitiva con amplitud de debate y prueba». Y que «la ponderación conjunta del principio precautorio, el interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y la protección reforzada del derecho a la salud permiten concluir que la demora propia del proceso podría frustrar la eficacia de la decisión final si no se dispone una medida preventiva que preserve, mientras tanto, los derechos cuya protección se reclama»

 

El litigio

El Gobierno había entregado este martes a la Justicia las 1.200 fojas digitalizadas del expediente N° 3277091, que contiene el proceso de llamado a licitación y adjudicación del servicio de provisión de insumos para preparar desayunos y meriendas en los comedores escolares de la provincia. La tarea quedó a cargo de la Fiscalía de Estado.Mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, el Poder Ejecutivo adjudicó la provisión de insumos para comedores a la firma Teknofood SA, mediante la compra centralizada y ya no con el giro de fondos a los directores de escuela, un mecanismo que se pensó permitirá “ajustar la provisión a la matrícula y asistencia escolar concreta de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones, dotando de flexibilidad y eficiencia al gasto público, garantizando la continuidad del servicio alimentario y asegurando que el Estado sólo erogue por las prestaciones realmente requeridas”. 

 

 

En la Justicia se tramita un recurso de amparo y una cautelar presentada por un grupo de padres junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce, herramienta a través de la cual piden la paralización de la centralización en la provisión de alimentos para los comedores. Lo hicieron a través de un amparo y una medida cautelar que persiguen el mismo fin.

El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó el importe total general de la oferta adjudicada, calculado de acuerdo con las cantidades máximas estimadas para los ciclos lectivos 2026 y 2027: $101.726.784.000. Aunque el decreto de llamado N° 852/2026 estimó una inversión de $42.669.617.445. Y el precio unitario adjudicado es de $1.600 por ración de alimento De acuerdo con el importe total general ($101.726.784.000) y el precio unitario por ración ($1.600), las cantidades máximas estimadas para ambos ciclos lectivos (2026 y 2027) ascienden a aproximadamente 63.579.240 raciones.El juez de jucio Juan Francisco Malvasio otorgó plazo hasta este martes, a las 15, para que el Gobierno complete la documentación requerida contenida en el expediente  N° 3277091 el cual se encuentra conformado por 1.220. El magistrado debe resolver la cautelar pedido, que solicita expresamente la paralización del cambio en el sistema de provisión de los comedores escolares y, luego, el amparo.La presentación judicial pretende hacer caer esa decisión del Gobierno. “Que venimos, en legal tiempo y forma, a promover acción de amparo colectivo y medida cautelar contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos”, dice el escrito, “a fin de obtener la tutela inmediata y efectiva del derecho de los niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y son destinatarios del programa alimentario escolar, a recibir una alimentación adecuada, saludable, sostenible, suficiente, segura, variada y culturalmente aceptable”.
Los accionantes pidieron a la Justicia que “se ordene de manera inmediata a la Provincia, a través de sus áreas de injerencia, a abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir, en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación, de cualquier nivel educativo, todo alimento que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley 27.642, debiendo llevar adelante todas las acciones que garanticen simultáneamente y sin interrupción, la provisión de los alimentos que componen los desayunos, almuerzos y meriendas y que se suministran a los niños, niñas y adolescentes que concurren a los mencionados establecimientos educativos, y que no se encuentren alcanzados por dicha prohibición”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora