• Por Adrián Esteban Barsanti (*)

El debate público que se ha planteado semanas atrás acerca del concurso para cubrir algunos de los principales cargos en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos nos permite abrir la discusión sobre cómo es el diseño institucional del control en nuestra provincia y, en particular, del TDC como órgano de control más relevante.

Comencemos por el principio. Existen en el sector público dos tipos de control, uno interno y otro externo. En nuestra provincia, el primero se encuentra a cargo de la Contaduría General, y el segundo, a cargo del Tribunal de Cuentas; ambos organismos, luego de la Reforma de la Constitución Provincial del 2008, han adquirido rango constitucional.

La Contaduría General interviene preventivamente en todos los actos que generen libramientos de pago con cargo a fondos previstos en el presupuesto general  o en otras leyes que lo autoricen, sin que ello implique sustituir criterios de oportunidad, mérito o conveniencia.

Ahora bien, conforme Resolución Nº32CG del 14 de junio de 2017, la Contaduría sólo efectúa el  control previo relativo a los gastos que giran bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados y/o entes autárquicos, estando excluidos de dicho control los restantes poderes como así también los organismos que se encuentran bajo su órbita.

En tanto, entre las funciones del Tribunal de Cuentas se encuentran: a) resolver sobre la percepción e inversión de caudales públicos a cargo de los funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que manejen fondos públicos y de los municipios; b) ejercer la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, eroge e invierta recursos públicos; c) formular instrucciones y recomendaciones tendientes a prevenir o corregir cualquier irregularidad vinculada con los fondos públicos.

Ante ello nos referimos al Tribunal de Cuentas como el órgano de control más relevante, habida cuenta de que no solo integra su universo de control la Administración Central, es decir los tres poderes del Estado, sino que también sus entes autárquicos y organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado como así también sobre las personas físicas y jurídicas que reciben subsidios.

Tras la sanción de la Reforma de la Constitución Provincial acaecida en 2008, el Tribunal de Cuentas debería estar integrado por cinco miembros, un presidente y dos vocales, elegidos mediante concurso público, y los otros dos vocales designados en representación parlamentaria de la mayoría y la primera minoría de la Cámara de Diputados.  El Tribunal de Cuentas ejerce funciones de fiscalización, pero no ejerce funciones judiciales y carece de legitimación procesal.

En las democracias modernas, el control y la transparencia son valores fundamentales, por eso es necesario un TDC fuerte, con alta calificación técnica y alejado de los problemas coyunturales de la política

En este contexto, cabe preguntarse si el modelo actual del TDC cumple con dichas premisas y para responder este interrogante, es necesario reparar en dos aspectos sustanciales del armado institucional del TDC. Por un lado, su integración y por el otro, las normas que le reconocen su funcionamiento y autonomía.

En lo concerniente a su integración y más allá del proceso llevado adelante para cubrir vacantes en el mismo, la integración parlamentaria no se ha llevado a cabo.

Respecto de las normas, las mismas le acuerdan de modo claro y expreso su autonomía, pero, este atributo queda vacío cuando analizamos que, transcurrida más de una década de puesta en vigencia la Carta Magna Entrerriana, se ha omitido reglamentar instituciones y procedimientos consagrados en el nuevo texto constitucional

En conclusión, el control es para que los gobiernos tengan información necesaria para corregir errores y tomar decisiones correctas, siendo útiles tanto para el Estado como para la ciudadanía. En este contexto, es necesario dotar al organismo de todas y cada una de las facultades e instituciones previstas por el constituyente, ajustando el funcionamiento del organismo de control a los tiempos que corren.

(*) Adrián Esteban Barsanti es abogado.