Luego de seis sucesivas audiencias en la Secretaría de Trabajo, el sindicato de los choferes de colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros San José SA, empezaron a transitar un camino de entendimiento para resolver el entredicho que se creó luego de que en noviembre de 2025 un juez laboral de Capital Federal hiciera lugar a una medida cautelar y obligara a la permisionaria a absorber «237» trabajadores que se habían desempeñado en la expermisionaria Buses Paraná, que integraron Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL.
Claro que recién se está en los inicios de la «depuración» de ese listado que en principio era de «237» personas pero que ahora estiman que bajará a menos de «Después de la audiencia de la semana pasada, se comenzo a confeccionar el listado que hay que trabajar en depurarlo en forma conjunta», dicen desde la concesionaria. «Una vez que se tenga bien definido, se verá cómo se puede llegar a implementar. Hay muchos puntos para trabajar si se quiere llegar a una solución. Pero habrá que ceder posiciones, de otro modo es imposible acodar», agregan.
La audiencia que se celebró este martes pasó a cuarto intermedio hasta el martes 26. «Hay mucho por depurar en el listado», aseveran.
El entuerto ha tenido varias instancias.
El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautela presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 237 trabajadores de Buses Paraná.
San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar. En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito. En diciembre, la titular del Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José.
Pero a finales de febrero, la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró la competencia del Juzgado Laboral N° 4. De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir.
El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. «Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo – Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25».
El juez Loguarro reclamó para sí el tratamiento del caso y así se creó una cuestión de comptencia que está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque ya con un dictamen de la Procuración que aconseja dejar la competencia en la Justicia entrerriana.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora