La continuidad o no de las prisiones preventivas dispuestas este miércoles 20 y por un plazo de 60 días para los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, y de Roberto Ariel Faure, sindicato como uno de los recaudadores que organizaba la megaestructura de los contratos truchos en la Legislatura, será definida este viernes, a las 8,30, por la jueza María Carolina Castagno, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones.

El miércoles 20, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata acogió favorablemente una petición formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y dispuso prorrogar por 60 días la prisión preventiva de Pérez y Faure, quienes ya cumplieron 90 días en la Unidad Penal N° 1, donde ahora continúan. Concluida la audiencia, los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que representan a Pérez, y Leopoldo Cappa, defensor de Faure, interpusieron la apelación a la medida, petición que fue recepcionada favorablemente por la magistrada.

Barbagelata pidió que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) impusiera celeridad al trámite de fijación de la audiencia de apelación, la que se concreta dos días después.

Pérez y Faure fueron a dar a la Unidad Penal N° 1 el 22 de noviembre último cuando el juez de Garantías José Eduardo Ruhl aceptara la petición de los fiscales de modo de frustrar cualquier intento de entorpecer la investigación penal preparatoria, medida de coerción ratificada el 7 de diciembre de 2018 por la jueza de juicios María Carolina Castagno. En los sesenta días que se amplió la preventiva de los dos contadores la Fiscalía adelantó hoy que podría estar remitiendo la causa a juicio oral, con lo cual los plazos ahora se ampliaron. Antes se había establecido como fecha probable el mes de marzo.

En la audiencia de este miércoles 20, Aramberry entendió que la prórroga de la preventiva se funda en el hecho, dijo, que “subsisten las razones que en aquel momento condujeron a la medida cautelar”, y fundó el pedido en “la gravedad de las conductas desarrolladas por los imputados y en la mecánica del ilícito cometido. Y también por la posición que costentan dentro de la organización y los vínculos que han creado en ese derrotero delictivo”.

“La tesis de Fiscalía -arguyó- es que no han variado las condiciones, los niveles de alarma no han mermado ni siquiera con el transcurso del plazo de la investigación. Entendemos que los 60 días de prórroga de la prisión preventiva no es un tiempo irrazonable”.

Su colega Patricia Yedro se detuvo en el “papel preponderante” que cumplían Pérez y Faure. Y dijo: “Pérez es uno de los principales actores de la organización. Fue el organizador de la principal maniobra de sustracción de dinero público. Estuvo en la organización y también ha sido uno de los principales actores determinantes a la hora de ocultar evidencia, y dar órdenes de como ocultar la evidencia”.

Los defensores, claro, rechazaron de plano esos planteos.

Leopoldo Cappa, defensor de Roberto Ariel Faure, citó el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin a las preventivas que pesaban sobre otros cuatro imputados de la causa de los contratos, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. Y mencionó que está en trámite un recurso de queja ante ese máximo tribunal para obtener una medida similar para Faure y también para Pérez.

“Carece de razonabilidad pedir extensión de la preventiva”, aseguró. “Y además, las razones que da la Fiscalía son extrañas e irrelevantes a los fines del entorpecimiento de la investigación, según ha dicho el Superior Tribunal. Nosotros ya habíamos dicho que el plazo inicial de preventiva por 90 días era exagerado. Acá los fiscales no han traído nuevas evidencias que justifiquen la extensión de la preventiva”, apuntó.

Sostuvo que el único elemento para justificar la prisión de Faure fue una filmación en el edificio de Avenida Alameda donde estaba su estudio contable. Pero dijo que en esa filmación no se lo ve a Faure haciendo la mudanza, que es lo que la Fiscalía entiende como entorpecimiento. “Hacer lugar a una prórroga de 60 días de la preventiva es desmedido”, aseveró.

Miguel Cullen, que asiste junto a Guillermo Vartorelli a Gustavo Pérez, descartó que haya riesgo procesal que ampare la prórroga de la preventiva. “Gustavo Pérez no entorpeció la investigación. Es más, renunció a su función, no tiene ninguna intención de entorpecer. No lo echaron. Cuando se suceden estos hechos, renunció. Lo hace porque es inocente. Y porque está convencido de que cumplió su función con honestidad y probidad”, planteó.

Cullen aseguró que “no se llegó a probar cómo Pérez pudo haber entorpecido la investigación. Además, no se han dado fundamentos novedosos que justifiquen la extensión de la preventiva”.

Ahora será la jueza Firpo la que deberá resolver si confirma las preventivas o revoca lo dispuesto por la jueza Barbagelata.

 

 

 

Foto: Análisis.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.