Este miércoles se realizó una audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, en el marco de la causa de contratos truchos de la Legislatura, en la cual se prorrogaron las medidas de coerción contra los 18 imputados que serán llevados a juicio oral y público por un desfalco estimado por la fiscalía en 53 millones de dólares.
La fiscal Patricia Yedro solicitó la imposición de estas medidas coercitivas con el objetivo de «asegurar los fines del proceso», «evitar la obstaculización de la causa» y garantizar «la comparecencia de los imputados» durante el debate. Se trata de restricciones vigentes que no fueron calificadas como de «mínima injerencia» en su vida, dictadas para quienes en su gran mayoría siguen el proceso en libertad con condiciones como no contactar a testigos de la causa, avisar en caso de cambiar de domicilio o solicitar autorización para salir del país.
En la audiencia intervinieron los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry; y Gustavo Acosta, por la Fiscalía de Estado. Por la defensa, participaron los abogados Emilio Fouces (por Schneider, Cardoso y Lázzaro), Iván Vernengo (por Bilbao), Miguel Ángel Cullen (por Marta Pérez, Degani, Díaz, De Breuil, Almada y Aguilera), Victoria Halle (por Speroni y Pagnoni), Tomás Vírgala (por Faure), Leopoldo Lambruschini (por Orabona), Pablo Hawlena Gianotti (por De Breuil), Agustín Fontana y José Velázquez (por Beckman y Mena). Mientras la mayoría asistió presencialmente, los imputados Orabona y De Breuil comparecieron de manera virtual.
La nómina completa de imputados que serán llavados a juicio alcanzados abarca a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Lázzaro y José Javier Schneider. Cabe recordar que la causa tenía 32 imputados, pero muchos accedieron a salidas alternativas, como probation o juicios abreviados.
La fiscalía aclaró que las medidas también aplican a dos imputados que se encuentran en prisión: el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, alojado en la cárcel de Gualeguaychú tras quedar firme su condena a seis años en la causa del Megajuicio; y Alejandro Almada (a la vez cuñado de Aguilera), con arresto preventivo en la Unidad Penal de Paraná desde el sábado pasado. Para ambos rige específicamente la prohibición de mantener contacto con testigos o realizar actos molestos que obstruyan el desarrollo del proceso.
Tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas, la jueza Barbagelata dispuso la prórroga de las restricciones hasta la finalización del debate oral y público o hasta que la sentencia quede firme. Entre las obligaciones impuestas figura mantener el domicilio fijado e informar cualquier modificación previa al tribunal y a la fiscalía. En caso de viajes al exterior, se exigirá acuerdo previo de la fiscalía o autorización judicial, detallando tiempo de permanencia, itinerario, alojamiento y números de contacto.
Finalmente, para los imputados con pedido de prisión efectiva (Pérez, Orabona, Lázzaro, Cardoso, Almada, Bilbao, Mena, Beckman, Opromolla y De Breuil), se acordó que sus defensas envíen del 1 al 10 de cada mes una declaración jurada por correo electrónico dirigido a la Fiscalía confirmando la permanencia en sus domicilios denunciados.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora