En una decisión insólita, la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial -organismo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justiia (STJ)- autorizó la incorporación del abogado Juan Pedro González Elías como representante legal de María Alejandra Camisassa, esposa del imputado Jorge de Breuil. El letrado es hijo del exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Hugo González Elías, ya jubilado.

El martes 5 la subdirectora de OGA Gabriela Liliana «Téngase presente la designación por parte de María Alejandra Camisassa del Dr. Juan Pedro González Elías (…) como su abogado defensor -junto a (Miguel) Cullen y (Pablo) Hawlena- , con domicilio legal y electrónico denunciado. Notifiquese»

Ante esa decisión el fiscal Ignacio Aramberry presentó un recurso de reposición con revisión en subsidio y argumentó que «como garante de la legalidad del procedimiento, la decisión atacada genera agravio, en tanto se da de bruces con la sistemática del Código de Procedimientos de la Provincia de Entre Ríos».

Y destacó el integrante del Ministerio Público Fiscal que «la investigación en las presentes se
encuentra agotada para ese Ministerio Pco Fiscal, tal como lo dejara  expresado en el requerimiento de remisión del caso a juicio de fecha 31/05/2021, quedando absolutamente en claro que la señora Camisassa no será objeto de ninguna investigación por cuanto entiende que al momento de admitir la intervención del doctor González Elias como codefensor, se ha omitido verificar si la misma reviste la condición de investigada y/o imputada,limitándo la decisión a tener por designado al profesional, sin dar razón alguna,por lo que considera que la misma resulta arbitraria, planteando asi la vía interpuesta con su debida revisión en subsidio».

La funcionaria judicial que habilitó la incorporación del abogado González Elías admitió que «debo adveritir que esta Subdirección, al momento de tener por presentado al codefensor Dr
González Elias, no tuvo en cuenta la instancia del proceso, puesto que el mismo se encuentra en etapa intermedia»,  instancia en «donde toda persona que se sepa o se crea investigada puede designar a un abogado por ante el Ministerio Público Fiscal y no ante esta Oficina de Gestión de Audiencias, ello hasta el auto de elevación a juicio, todo lo cual no aconteció en el presente caso».

Y en ese orden de ideas dejó sin efecto la designación de González Elías como defensor de Camisassa.

 


El caso

 

El último día de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal había pedido la remisión de la causa a juicio -cuatro años atrás-, en un escrito de 540 páginas en el que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal y peticionaron la remisión a juicio de la causa con un total, entonces, de 32 imputados: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez;  Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí  Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; y Viviana Giselle Mena Gioveni.

La lista de los que quedarán afuera del elenco de los 32 imputados originales serán 13 personas, aunque la cifra llega efectivamente a 14 con el sobreseimiento que se dictó a Gustavo Falco. Así, de 32 imputados originales el número quedó en 18. Pero con el abreviado a Scialocomo la cifra baja a 17 el número de imputados que irán a juicio oral de los 32 orignales.

La lista de los que ya zafaron de la megacusa y están próximo a hacerlo es la siguiente:

Los beneficiados

1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.

2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.

3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.

4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.

5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.

6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.

7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.

8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.

9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.

10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.

11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.

12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.

5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.

6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.

7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.

8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.

9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.

10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.

11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.

12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.

13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).

Penas

Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.

Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

Para Hugo Mena, 10 años.

Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

Para Esteban Scialocomo, 7 años.

Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni,  Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra  y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

Para Pedro Eduardo Opromolla,  6años de prisión.

Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

Nicolás Beber, 3 años.

Hernán Javier Díaz, 3 años.

Maximiliano Degani, 3 años.

Marta Aurora Pérez, 3 años.

Mariano Speroni, 2 años.

Diego Pagnoni, 2 años.

Jorge Enrique De Breuil, 6 años.

Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

La imputación fiscal dice respecto de Gustavo Hérnan Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Estaban Cardoso, Alejandro Luis José Almada y Juan Pablo Aguilera que entre 2008 y 2018,  Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (ya fallecido), Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmin Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Después, agrega: “Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho, el 20 de septiembre de 2018, con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con más de 700 contratistas -los que se encuentran individualizados-. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”, añade la imputación fiscal.

Después, agrega: “Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho, el 20 de septiembre de 2018, con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con más de 700 contratistas -los que se encuentran individualizados-. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”, añade la imputación fiscal.

 

13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).