El operativo con fuerzas federales realizado en la Jefatura Departamental Federación de la Policía, el lunes 20, sigue dando que hablar. El procedimiento se dio en el marco de una causa por apremios ilegales y vejaciones, en la que fueron detenidos tres policías, e imputado el jefe de la departamental, Fabio Noya.

Tras el incidente, hubo fuertes cuestionamientos del jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, al actuar de la fiscal Josefina Penon Busaniche; y más tarde la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos salió en respaldo a la fiscal.

Con el fin de limar asperezas tras el cruce entre la Policía y la Justicia, la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, solicitó un encuentro a Gabriela López Arango, titular de la Asociación que nuclea a jueces y fiscales.

La reunión se concretó este lunes, y fue dada a conocer este martes en la página Web de la organización que preside la jueza. «La presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Gabriela López Arango, se reunió este lunes con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, para conversar sobre lo sucedido en la Jefatura Departamental de Policía de Federación en el marco de una investigación legítima por apremios ilegales y vejaciones a un detenido, además de otros temas vinculados al quehacer judicial», se remarcó desde el sitio de la magistratura.

En ese sentido, se agregó que «la conversación entre las autoridades se centró en lo sucedido en la Jefatura Departamental de Policía de Federación y en el trabajo que se viene realizando en el ámbito tribunalicio en tiempos de la pandemia Covid 19».

«Tras el encuentro, la magistrada destacó que continuará el diálogo con las autoridades provinciales, puesto que el objetivo es mejorar el servicio de justicia en Entre Ríos», concluyó el breve texto que no informa sobre si se alcanzó algún entendimiento por lo sucedido en la Comisaría de Federación.

El comisario, imputado y sorprendido por el operativo

El jefe departamental de Policía de Federación, Fabio Ariel Noya, fue imputado por el supuesto delito de «severidades y vejaciones en comisión por omisión». Así lo resolvió la fiscal Josefina Penón Busaniche en una extensa resolución en la que definió, además, la situación procesal de tres funcionarios policiales a los que involucró en el delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un hombre, Emilio Ricardo Monzón, detenido por una contravención -ebriedad- y sometido, según el informe forense, a una golpiza en dependencias policiales. 

Noya, visiblemente molesto con el accionar de la fiscal, realizó declaraciones radiales donde dijo que «jamás había visto» un operativo de esa magnitud en una dependencia policial.

“Como jefe policial de esta Jefatura estoy sorprendido. En mi carrera policial jamás he visto algo así. Llegaron con un operativo policial excesivo, con tres móviles de Prefectura, con armas largas. Ingresaron a la Jefatura, cargaron y apuntaron las armas a personal que nada tenía que ver y estaba prestando servicios acá. El personal que terminaron deteniendo es de Comisaría Tercera y ellos lo sabían muy bien. Esposaron a un policía porque tenía el mismo apellido del que buscaban, por lo que ni siquiera tomaron la precaución de saber quién era para después esposarlo, sino que primero lo esposaron, lo apuntaron con las armas y después le preguntaron quién era”, dijo en radio Chajarí.

Enseguida, agregó que «hicieron salir a todo el personal de la Jefatura, ya que según el oficio firmado por el Juez de Garantías, los únicos que podíamos estar presentes era el Subjefe Departamental y yo. Me hice presente en forma inmediata y todos los policías que estaban trabajando en las oficinas tuvieron que salir. Además, la Guardia quedó sin gente, así que no había quien atendiera el teléfono, y la sala de comunicaciones que tenemos con un radio operador, las cámaras de vigilancia que atienden las comunicaciones de todo el departamento, que controla el sistema de 11 botones antipánico que se han otorgado a personas que son víctimas de violencia familiar o violencia de género, también el teléfono de llamadas de emergencia por si algún vecino necesita, el 101… Todo quedó sin atención”.

Antecedente

No es el primer caso en el que existe un roce entre la Policía y la Fiscalía que investiga vejaciones. El antecedente más cercano es el ocurrido en Santa Elena, en el departamento La Paz, en julio de 2019. 

Allí, el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, ordenó un allanamiento y detención de 8 policías implicados en una causa por supuestas vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de un joven de 16 años que denunció haber sido golpeado en un «cuarto oscuro» de la dependencia policial.

Con el aval del Juzgado de Garantías, la fiscalía realizó un allanamiento en la Comisaría y detuvo a los uniformados. El operativo se realizó con Prefectura Naval Argentina. Tras ello, el Jefe de Policía de la Comisaría Nº 15 de Santa Elena, Diego Godoy, expresó su malestar.

“Sorprende, duele y afecta, porque más allá de que nosotros seamos una fuerza policial, estamos sujetos a este tipo de medidas. Con la mano en el corazón sorprendió, y cayó mal en la institución. Mal en el sentido de que pareció un poco apresurada”, dijo entonces.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora